El debate del empleo y las plataformas digitales se ha convertido en una constante de la llamada economía de plataformas o, simplemente, nueva economía. Uber, Cabify, Glovo, Deliveroo y una larga lista de compañías que crecen bajo los nuevos sistemas de relaciones laborales han abierto una fisura en los gestores del empleo a nivel público. En España, de hecho, este debate alcanzó un nuevo puesto en la escala con la aprobación de la Ley Rider el pasado verano. Ahora, la Unión Europea debate sobre la creación de una versión propia que unifique la situación laboral de los trabajadores de plataformas en el perímetro comunitario.

Con 28 millones de residentes en la Unión Europea trabajando para plataformas digitales, a ojos de la institución comunitaria casi 5,5 millones estarían catalogados erróneamente como autónomos. Con un conjunto de países miembros con una población envejecida y una crisis de empleo de dimensiones internacionales, la gestión del futuro del trabajo en los países miembros se ha convertido en una prioridad. Especialmente con las nuevas formas de trabajo con las que unas estructuras laborales obsoletas han tenido que lidiar en los últimos años.

A través de un comunicado, la Comisión Europea ha anunciado la propuesta de un conjunto de medidas que, según explican, "mejorarán las condiciones laborales en los trabajos de plataforma". Así como la garantía de un crecimiento sostenible de estos modelos de negocio en el conjunto de los países miembro.

La Ley Rider europea, un espejo de la española

La Comisión apunta a una mayor trasparencia y a una unificación de criterios para las empresas de plataformas

Sin entrar en muchos detalles de cómo se desarrollarán estas medidas, si es que llegan a buen puerto, el comunicado apunta que se buscará que los empleados de plataformas gocen de los mismos beneficios sociales que el resto de trabajadores "de la vieja escuela". La Ley Rider europea buscaría, en cualquier caso, encontrar un modelo a caballo entre el concepto de autónomo –independientemente de las diferencias entre países– y el modelo de contratación tradicional.

Sobre este punto, la Comisión Europea incluiría en su texto de Ley Rider una suerte de decálogo que apuntase cuándo una plataforma funciona como empleador y las relaciones laborales que estos establecen con sus asociados. Estos, a su vez, también serían identificados como empleados garantizándose así los sueldos mínimos, horarios de trabajo, vacaciones pagadas, seguros y las prestaciones sociales vigentes en cada país miembro.

La Ley Rider europea también afronta la cuestión del algoritmo de las plataformas; el secreto mejor guardado de las mismas y también el que ha traído más polémicas al segmento del empleo. Un debate que ya pudimos ver en España hace unos meses cuando, según el texto aprobado, las tecnológicas debían comunicar el funcionamiento de su algoritmo a las plataformas sindicales a fin de evitar que este repercutiese de forma negativa en el trabajo de los riders. En el caso de la Comisión Europea, y a tenor de los pocos datos publicados, "los trabajadores recibirán una protección especial en lo que respecta a la gestión algorítmica".

Asimismo, también hay una mención especial a la cuestión de los impuestos y declaración de rendimientos. A lo que la Comisión apunta a una mayor trasparencia y a una unificación de criterios con el objetivo de que empresas de plataformas puedan sacar partido del mercado único en igualdad de condiciones.

"La propuesta de la Comisión aportará más transparencia en torno a las plataformas al aclarar las obligaciones existentes de declarar el trabajo a las autoridades nacionales y pedir a las plataformas que pongan a disposición de las autoridades nacionales información clave sobre sus actividades y las personas que trabajan a través de ellas".  

Comunicado de la Comisión Europea

Unos antecedentes complicados

Los antecedentes de la Ley Rider europea, que no estará lista antes de 2024, tienen sus más y sus menos. También sus consecuencias directas.

En Reino Unido los conductores de Uber ya fueron considerados empleados con derecho a sueldo mínimo y vacaciones. En Estados Unidos, con varios intentos de convertir a los conductores en empleados en California, la situación se ha decantado del lado de las tecnológicas. En España, por su parte, la gestión bajo el sistema VTC ha alejado al gremio de gran parte del debate comunitario. A pesar de varios acuerdos sindicales que buscan modificar los modelos de trabajo de terceros para plataformas.

En el lado del delivery, y en este caso sí mirando a España, el estreno de la Ley Rider local ha tenido diferentes lecturas. Por un lado, una subida notoria de los precios para los usuarios con motivo del incremento de los costes de explotación. Por otro, la salida de Deliveroo del mercado en España –aplastado por una competencia más fuerte y sin margen de adaptación a un aumento de los costes–. Y, por último, las diferentes lecturas de la nueva ley. Con un Uber Eats tanteando empresas de repartidores y con un Glovo que mantiene el modelo de autónomo con variaciones, la normativa sigue sin estar unificada y con las cuestiones claras para todos.