Uber –además de una larga lista de compañías de transporte de pasajeros y paquetería– ha ganado en California. El gigante tecnológico ha conseguido, a falta de un milagro de última hora, poner la Propuesta 22 encima de la mesa. La misma que exime a la compañía de la obligación de tener que contratar a todos sus conductores en el Estado norteamericano.
Un breve resumen de la famosa propuesta para aquellos que no estén al día. En 2019, el Gobierno de California aprobaba la Propuesta de Ley 5; un proyecto que buscaba la seguridad laboral y económica de los trabajadores de plataformas. Con la aprobación de este texto, las grandes plataformas (Uber, Lyft o Doordash) tenían que garantizar un contrato con seguros, sueldo mínimo, vacaciones o bajas por enfermedad.
La respuesta de las plataformas fue inmediata: tomarían medidas para rechazar lo que consideraban una afrenta contra su actividad. Habían perdido la batalla con su modelo de negocio origen en Europa, pero no lo harían en Estados Unidos. Incumpliendo de forma reiterada la normativa durante más de un año –y con una pandemia de por medio–, el caso subió de tono hasta llegar a los Tribunales. Con una mayoría legislativa y judicial del lado de los trabajadores, fue solo hace unas semanas cuando se fallaba en contra de las plataformas. No estaba todo perdido.
Las miradas estaban puestas en la cita del 3 de noviembre. Un grupo de cinco plataformas digitales, con Uber y Lyft a la cabeza, habían estado trabajando en lo que se ha conocido como Propuesta 22. La alternativa al Proyecto de Ley 5, que durante meses ha estado rondando para convencer al electorado.
De esta manera, y mientras Trump y Biden se disputan su puesto en la Casa Blanca, también se votaba la permanencia de Uber y Lyft en California como hasta ahora se les conoce. Según informa The New York Times, y con casi el 70% de los votos escrutados, el 58% de los votantes ha dicho sí a la Propuesta 22. Uber y Lyft, sin lugar a dudas, ya se dan por ganadores.
La medida electoral más cara de la historia
Mientras en España nos debatimos por una futura Ley Rider que no termina de cuajar para ninguna de las partes, en Estados Unidos las grandes tecnológicas tomaron las riendas de la situación.
La Propuesta 22 ha sido, y tiene la perspectiva de seguir siéndolo, el proyecto de Ley que más fondos ha contado para su triunfo. 206 millones de dólares –acuñados por la 5 plataformas afectadas– directos a una de las mayores campañas de marketing del país.
Precisamente, la financiación de la Propuesta ha sido uno de los puntos más criticados. Sobre todo si tenemos en cuenta el despido de cientos de empleados a causa de la pandemia y la caída del trabajo a nivel mundial.
Mientras, Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, apuntaba que la Propuesta de Ley pondría en jaque más de un millón de empleos en el Estado de California. Pasando de 1,4 millones de conductores a 280.000 aproximadamente, la financiación de la campaña subía de nivel. El propio CEO apuntó sobre la posibilidad de la salida de Uber y Lyft de California o incluso una subida de tarifas que repercutiría directamente sobre los usuarios.
Igualmente, y sin tener en cuenta los esfuerzos, con lo invertido en su aprobación, los expertos estiman que se podrían haber resuelto casi dos años de coberturas sociales para el total de la plantilla de la compañía.
Jugando con el marketing de los grandes
La técnica de las plataformas para lograr su victoria en las urnas ha seguido la lógica del martillo pilón.
Desde principios de año, y usando las bases de datos de sus propios empleados, Uber y compañía han estado haciendo campaña activa por la aprobación de la Propuesta 22.
Según el San Francisco Chronicle, se habría pagado 4 dólares por firma a favor de la Propuesta. Con más de 1 millón de firmas en pocas semanas, lograron poner en cartel la propuesta que se vería las caras con el electorado en noviembre. Asímismo, las compañías enviaron, de forma continuada, mensajes de apoyo a los conductores. Una táctica que algunos trabajadores consideraron cercana al acoso y coacción elevando el asunto a los Tribunales.
Pero todo esto no se habría conseguido sin una estrategia mucho mayor detrás de la maniobra. Según informa CNET, y como bien se refleja en los registros públicos, un grupo de grandes empresas de relaciones públicas han estado gestando el éxito de la Propuesta 22. Winner y Mandabach, Bicker Castillo & Fairbanks y MB Public Affairs u Open Secrets trabajaron codo con codo con las plataformas para lograr su cometido.
Conocidas popularmente por defender causas conservadoras, la propia MB Public Affairs se define a sí misma como experta en investigaciones de vulnerabilidad políticas. El grupo de compañías también puso a Schwarzenegger en su cargo político, lograron frenar una normativa contra el plástico contaminante o han trabajado en el sector del petróleo o las tabacaleras –uno de los más controvertidos en lo que a publicidad y relaciones públicas se refiere–, defendiendo las bondades del sector al más puro estilo de Gracias por fumar, el famoso film de 2005.
Estrategias altamente agresivas en redes sociales, así como comunicados de prensa y relaciones públicas, se han reproducido estos últimos meses bajo el lema "Sí a la Proposición 22"; una campaña por la que cada una de las agencias se ha embolsado una media de 500.000 dólares. Una de las acciones más polémicas venía bajo el formato de nota de prensa. En ella se exponía que los partidarios de la Propuesta de Ley 5 ponía tenían un claro objetivo: limitar la cantidad de trabajadores y aumentar el desempleo.
La oposición responde a la Proposición 22
Junto a la agresiva estrategia de las agencias de relaciones públicas, un grupo de defensores de la Propuesta de Ley 5 contraatacó la férrea campaña de las grandes tecnológicas.
En la lista, Veena Dubal, profesora asociada de la Facultad de Derecho de UC Hastings; la misma que ha mantenido un duro discurso contra la actividad de la gig economy y el efecto que ha mantenido sobre las relaciones y derechos laborales dentro del colectivo de los transportistas; desde su punto de vista, las nuevas plataformas han diezmado los derechos de los empleados y solo ahora, con una suerte de manifestaciones y huelgas por el empleo, "se puede frenar el asalto tecnocapitalista". Criticada duramente por defender la Propuesta contra las plataformas y de denominarla "marioneta" indirecta (pese a no haber estado en su creación, aunque se le crea mano controladora), los defensores de la Propuesta 22 iniciaron una campaña en redes en contra de la catedrática; la cual incluso tuvo que denunciar acoso en su propio domicilio.
Pero no ha estado sola en su lucha. La UC Berkeley se ponía manos a la obra con el análisis de la Propuesta 22, la que sería garante de los derechos de los trabajadores en contraposición de la Propuesta de Ley 5.
El texto afirmaba que los conductores o repartidores tendría un salario garantizado del 120%, así como un seguro médico y reembolso de gastos asociados a su trabajo. La realidad es que esa cobertura sería solo por el tiempo en el que permaneciesen los trabajadores ocupados, dejando más lagunas que claros en la propuesta. Es decir, repartiendo un pedido o llevando un pasajero; el tiempo de vacío no estaría cubierto.
Según el estudio, liderado por Ken Jacobs y Michael Reich, este sistema solo cubriría el 33% del tiempo de trabajo de un conductor y garantizaría 5,64 dólares por hora trabajada. Un salario mínimo equivalente al sueldo base de hace 70 años.
