Las cosas no marchan bien para Uber y Lyft al otro lado del Atlántico. El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de California acaba de fallar en contra de la petición que ambas compañías habían interpuesto contra el conocido Proyecto de Ley 5. Esto quiere decir que para el Tribunal, los conductores asociados a ambas plataformas son empleados que deberían contar con beneficios laborales –seguros de vida o días libres–, así como salarios regulados.
Justo ayer, jueves, el Tribunal anunciaba su posicionamiento respecto a la Ley que viene debatiéndose desde mediados 2019. Iniciada por el Gobierno de California, y ante el incumplimiento tácito por parte de las plataformas afectadas, fue en primavera de 2020 cuando la situación se elevó a los Tribunales. El asunto quedaba en manos de un juez del estado que, sin embargo, puso sobre aviso a las tecnológicas: con una resolución esperada para finales de octubre, se instaba a las compañías que buscasen alternativas a su modelo de negocio actual.
Era, en ese momento, una respuesta a la estrategia de Uber y Lyft que amenazaban con abandonar el Estado de California al no poder asumir los gatos del modelo de contratación impuesto en el proyecto de Ley. El argumento de las tecnológicas apuntaba directamente a la imposibilidad de llevar a cabo las peticiones del Estado. De la noche a la mañana debían convertir a casi 50.000 conductores en empleados, con lo que eso implica para las cuentas de la empresa –o al menos ese es su discurso–.
Uber en Estados Unidos y Glovo en España, muchas similitudes
Una situación que encuentra similitudes con Glovo, Deliveroo o Uber Eats en España, que viven pendientes de la aprobación de una Ley Rider que modifique la laboralidad de sus repartidores aumentando los gastos para la compañía. Para el Tribunal de California, esta explicación no es aceptable.
“Cuando la violación de las protecciones estatutarias en el lugar de trabajo ocurre en una escala masiva, como se alega en este caso, causa daño público más allá del interés privado de cualquier individuo”, alegaba el Tribunal en el documento.
Igualmente, era una forma de ganar tiempo, ya que mientras se fallaba a favor de unos a otros se permitía operar sin ninguna restricción. Ahora, y con el fallo sobre la mesa, ya cuentan con una alternativa.
Muy similar a la que Uber maneja en España: sistema de franquicias a través de empresas propietarias de vehículos asociados a un empleado –parecida al modelo VTC–. Quedaría la vía de la apelación al Supremo, pero un fallo de 2018 en contra delo que precisamente quieren presentar en esa ocasión apunta a que es una mala decisión para Uber y Lyft.
No todo está perdido
¿Quedan más opciones? Sin duda alguna, una para la que se han estado preparando desde hace meses. La aplicación del fallo del juez tiene 30 días por delante. ¿Qué significa esto? Sin duda algunas las próximas elecciones en las que ambas plataformas tienen grandes esperanzas y una gran inversión.
Bajo la Propuesta 22, financiada por Uber y Lyft, se busca mantener en el Estado de California el modelo de trabajo actual añadiendo algunos beneficios laborales limitados a su flota de conductores. Su base es que la Ley 5 mantiene que ellos son empresas de transporte, mientras que ellos se consideran tecnológicas.
Con unos Tribunales y unos legisladores en contra de las plataformas, la última palabra queda ahora en el propio electorado que tendrá que decidir qué modelo defienden. Y los resultados no están demasiado claros. Mientras que los sindicatos apuntan a un apoyo masivo del Proyecto de Ley 5, la contraparte no opina lo mismo. Una encuesta, financiada por Uber, apuntaba a que más del 75% de los conductores quería mantener su modelo de trabajo.
Precisamente, un grupo de conductores de Uber ha demandado a la compañía por publicidad coercitiva. A través de la propia aplicación, tanto Uber como Lyft, han estado haciendo una intensa campaña de apoyo masivo a la Propuesta 22 que ya asciende a unos gastos de más de 180 millones de dólares (en contraposición a los 12 millones que ha invertido la campaña contra el no a la propuesta). Según el grupo de trabajadores, temen medidas sancionadoras contra ellos si no secundan la medida que mantenga la situación actual de los conductores.