Uber, y su competidor directo Lyft, están contra las cuerdas en California. Desde 2019, el Gobierno del estado norteamericano ha sostenido la idea de regular el modelo de negocio de estas tecnológicas: los conductores asociados a la plataforma tendría que dejar de ser autónomos y convertirse en empleados. Un cambio en esta relación laboral implicaría, para las compañías, tener que hacerse cargo de horas extras, seguros de desempleo o costes y mantenimiento de los vehículos.

La Ley, vigente desde el pasado año, se mantenía congelada en los tribunales a la espera de que el juez diese su visto bueno a la reforma. Hace unos días, se conocía la resolución que avalaba la posición del Gobierno de California. El juez, por tanto, daba a Uber y Lyft un plazo de 10 días para poner en orden su modelo de negocio. El tiempo se acaba y la tensión crece.

La respuesta de la plataformas no se hizo esperar, ambas anunciaron su intención de marcharse del estado dejando todas sus operaciones, al menos de forma temporal, ante un sistema que consideran insostenible para sus cuentas: de forma paralela instaron a los usuarios a que se pusiesen de su lado, así como a los políticos afines a su causa.

Según su posición, no son una plataforma de transporte, sino una empresa tecnológica. Y este modelo se ha mantenido a lo largo y ancho del país, pese a que no sea la primera vez que reciben órdenes de las Administraciones. Ya Nueva York exigió a Uber la fijación de un sueldo mínimo para los conductores.

No tan deprisa

Dejar California, uno de los estados bandera de Uber o Lyft, tiene mucho más trasfondo de lo que parece. Después de todo, la región tecnológica por excelencia del país, Silicon Valley, se encuentra en San Francisco –al norte del estado. Así como Los Angeles con toda su actividad económica. La salida de la zona, para las ya mermadas cuentas de la división de trasporte de Uber –como consecuencia de la crisis sanitaria por el coronavirus–, no es de momento la mejor idea. De hecho, ya se apunta a que este cambio costaría una media de 500 millones de dólares al año a Uber y 200 millones de Lyft; ambas en pérdidas y con la mayor parte de los usuarios habituales desconectados.

Por este motivo, aunque la amenaza está sobre la mesa, las tecnológicas ya andan buscando alternativas a la situación que se les plantea. Curiosamente han tenido que mirar a alguno de los países en los que más conflicto han encontrado para abrir una puerta a su permanencia en California. De hecho, la raíz del problema que ahora mismo se debate en California –la de considerar a Uber o Lyft como plataformas o empresas de transporte– ya tuvo su debate en Europa cuando los tribunales europeos, en 2018, consideraron a este tipo de compañías como empresas del sector al tener su negocio principal en la actividad de los conductores.

Con la idea de centrarse en las principales urbes de California –un sistema que se mantiene en Europa–, Uber y Lyft estarían estudiando gestionar su actividad con un sistema de flotas. En Alemania y principalmente en España, donde la propiedad de los permisos de circulación para estos vehículos (licencias VTC) corre a cargo de un pequeño número de empresas, ya se viene gestionando este modelo desde hace años. El sistema, al menos en España , no permite la prestación de servicios de transporte sin licencia –lo que dejó fuera de juego al modelo de negocio de particulares defendido por Uber en primera instancia y aún vigente en Estados Unidos–.

Entendido como un sistema de franquicias, esto permitiría a las plataformas mantener su relación de independencia de los conductores. Esto haría que, al igual que ocurre en España, la contratación de los empleados correría a cargo de un intermediario que prestaría servicio a Uber o Lyft. Las plataformas se convertirían en, precisamente, plataformas. Pero con nuevos problemas añadidos, que incluyen la relación con las compañías propietarias de las flotas y un posible aumento de costes –y según Uber, una reducción de las ganancias de los conductores– por un más que probable incremente de las tarifas.

Otras medidas que las compañías tienen sobre la mesa, según adelanta New York Times, apuntan a un cambio en el poder que los conductores tienen sobre las tarifas –hasta ahora determinadas por las tecnológicas–

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