De momento, Uber y Lyft permanecerán en California operando como hasta la fecha. La orden judicial, con tenía fecha límite para su cumplimiento este mismo viernes, que obligaba a reclasificar a los conductores de las plataformas a empleados se aplaza. Esta norma
Programados para octubre, las apelaciones orales de ambas plataformas buscan –no solo tiempo para redefinir su estrategia– un discurso que sea capaz de eliminar la exigencia del Gobierno de California.
Vigente desde 2019, no ha sido hasta ahora cuando un juez del estado obligaba al cumplimiento de dicha medida.
De forma automática, Uber y Lyft abrían varios frentes posibles: abandonar su actividad en el Estado de forma automática –ahora aseguran que seguirán operando con normalidad hasta saber la resolución en los próximos meses, por su parte Lyft anunciaba su retirada definitiva–, o buscar una alternativa para sortear la exigencia de contratar a los conductores.
"No se contrata a 50.000 conductores de la noche a la mañana", explicó Dara Khosrowshahi a Vox Media. Un proceso que, además, le costaría unos 500 millones de dólares anuales que se cargarían a unas cuentas diezmadas por la caída del negocio desde el inicio de la compañía.
Sobre este punto, el CEO de Uber también ha hablado de los perjuicios que supondría, principalmente para conductores y usuarios, el cambio del modelo. "Supondría que Uber tendría que centrarse en la productividad del conductor; habría menos profesionales, lo que afectaría al 70-80% de la demanda de los usuarios". En definitiva, para Khosrowshahi este sistema no serviría para que los conductores ganasen, pese a su augurado aumento de precios, al menos un 20% en el área de San Francisco según sus estimaciones; más en pequeñas ciudades.
Mientras esperan a las vistas orales, que terminarían por decidir si estas compañías son plataformas tecnológicas o empresas de transporte –esto último les obligaría a cumplir la normativa de contratación–, tienen que rediseñar una alternativa a lo largo de septiembre. Esta pasaría por modificar su modelo de negocio y virar a un sistema similar al de España o Alemania. Es decir, el uso de franquicias o intermediarios que se encarguen de las contrataciones directas.
Y mientras todo esto se sucede en las calles y tribunales, Uber y Lyft tienen la mirada puesta en noviembre de este año. Momento en el que se vota la Proposición 22. Una medida electoral a nivel estatal, financiada precisamente por estas plataformas, para mantener su sistema de contratistas independientes.
