La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España dio de alta a 11.013 falsos autónomos de Glovo, por lo que exige 16,2 millones de euros a la empresa de entrega de comida a domicilio, según informa la agencia Europa Press y Cinco Días. El reporte informa, además, que la operación del organismo público contra las irregularidades de Glovo inició en 2019 y se extendió hasta el año en curso.
Se realizaron un total de 30 actuaciones en 16 provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz. Los 16,2 millones que exige Inspección resultan de sumar las cotizaciones impagas a los 11.013 trabajadores que eran considerados falsos autónomos.
Si bien Inspección de Trabajo ya tenía en la mira las operaciones de Glovo y por ello ejecutaron 8 órdenes de servicio para regularizar a 1.762 repartidores, igualmente influyeron las denuncias de los sindicatos UGT, CNT, CC OO, CUT, Corriente Sindical d'Izquierda de Uvieu y SAT. Dichas acusaciones generaron las 22 órdenes de servicio restantes para dar de alta a 9.251 trabajadores que ahora son asalariados.
Glovo podría marcar un precedente
La operación es una de las más grandes que ha realizado Inspección de Trabajo contra este mercado de plataformas, aseguraron a Europa Press fuentes cercanas a la situación. De hecho, no se descarta que este tipo de medidas se extiendan contra otros sectores que involucran a los falsos autónomos. Y es que el gobierno de España, empresarios y sindicatos establecieron una mesa de dialogo para analizar la posible aplicación de la 'Ley Rider' en otros grupos de trabajadores de servicios digitales.
"La mesa no se va a ceñir a los 'riders', sino que se aspira a establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales", declaró la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) durante el miércoles. Será hasta la siguiente semana cuando los participantes del dialogo se reunirán nuevamente para presentar "propuestas concretas".
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ha expresado con anterioridad que las plataformas digitales deberían seguir las mismas reglas de los negocios tradicionales. Así pues, probablemente en el futuro veamos casos similares a los de Glovo aplicados a otros servicios cuya operación depende de internet.