Se esperaba para verano de este año, pero hemos tenido que esperar a otoño para ver un primer avance de lo que será el futuro de las plataformas vinculadas al sector de los riders y a la llamada "Ley rider". Al menos durante unos minutos, porque todo apunta a que no será el texto definitivo ni de lejos.
Un primer borrador, al que ha tenido acceso La Información, ya dibuja las primeras líneas de lo que ahora debe enfrentarse al diálogo social.
El "Anteproyecto de Ley contra la huída del derecho del trabajo a través de las nuevas tecnologías", que deja clara sus intenciones solo con el nombre –causando un claro rechazo en el sector–, venía con algunas propuestas acuñadas directamente por UGT. Fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a que, aunque en un primer momento Trabajo quiso hacer suyo el texto, el rechazo generalizado a las medidas han hecho que la propuesta no dure sobre la mesa más de 15 minutos. Ha sido considerado, por muchos, como un texto muy pobre que no iba a llegar muy lejos.
Con la firme intención de terminar con lo que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, considera un fraude por parte de Glovo, Deliveroo o Uber Eats. Las llamadas plataformas digitales que, sin embargo, no incluyen en el texto a las compañías VTC; un sector que parecía también iba a entrar en juego. De momento, esta reforma solo afectaría al "reparto o distribución de productos de consumo".
Por parte de UGT y CCOO apuntan, sin embargo, que esta reforma debería ampliarse a todos los tipos de plataforma. Una petición que, con la intención de sacar la Ley Rider antes de fin de año, aún tiene por delante un largo y duro debate. Uno que, sin duda, se enfrentará a la negativa de las plataformas –que consideran que esto tendrá un impacto muy negativo para todos– e incluso al rechazo de los grandes sindicatos a la creación de regulaciones especiales para un sector en concreto. Según un comunicado conjunto, estas plataformas deberían cumplir la regulación vigente como un acto de lealtad a otras compañías del sector que sí están cumpliéndola.
Asímismo, el objetivo de la Ley es laboralizar a los repartidores de estas plataformas. El mayor cambio en la relación entre las partes vendría por la obligación de pagar un plus salarial a todos aquellos riders que pusiesen sus medios para trabajar (bicis o teléfonos), así como hacerse cargo de su mantenimiento.
Por supuesto, los horarios también se verían altamente afectados; las franjas disponibles tendrán que saberse con 48 horas de antelación a fin de garantizar la flexibilidad de los trabajadores. A ojos del Ministerio, el margen de dos días para conocer los horarios de colaboración por parte de los riders garantizaría su libertad a la hora de elegir y trabajar.
El punto que ha enfadado a todos de la Ley Rider: vuelven los registros digitales
La cuestión de la modificación en la relación laboral de las plataformas y los riders, así como el tema de los horarios, era desde el principio la base para la creación de la nueva Ley. Sin los detalles sobre la mesa, su aparición en el texto era ya sabida. No pasa lo mismo con otro de los apartados que contempla en Anteproyecto y que afecta a uno de los puntos más sensibles de las compañías: sus algoritmos.
Desde que se apruebe la Ley Rider, el Ministerio daría dos meses de plazo para la creación de un "Registro de Plataformas Digitales". En dicha plataforma, todas las compañías relacionadas con el sector tendrán la obligación de inscribirse. Y hasta aquí nada complejo. Sin embargo, se obliga a las empresas a añadir en su registro el algoritmo utilizado para la gestión de sus repartos, o al menos un diagrama o psudocódigo, a fin de evitar el abuso sobre la fuerza laboral que –según el Ministerio y los sindicatos– se está manteniendo sobre los repartidores.
Si el tema de la laboralidad y los horarios ya ha sido un tema sensible para la patronal y las compañías, todo lo que hable directamente sobre su algoritmo de trabajo es directamente impensable. La publicación de su "receta mágica" tendría grandes implicaciones para cualquier de las empresas invitadas al registro y, según explican fuentes cercanas, una afrenta directa contra los principios básicos de la Ley de Protección Industrial.
No es la primera vez que un registro sale a la palestra
La idea de crear un registro de operaciones no es ni nueva, ni única. Ya en 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy, en su intento de regular las licencias VTC en España, introducía la intención de crear una web de control para los viajes realizados por Uber y Cabify. Este sistema, que nunca llegó a ver la luz, buscaba el control de los tiempos de contratación de los servicios de estas empresas, así como controlar los itinerarios, precios y datos personales.
En marzo de 2020, el Tribunal Supremo terminó por tumbar los puntos de la Ley que apuntaban a la creación de una web de control al considerar que excedía las obligaciones burocráticas de las compañías VTC.
