México es un lugar difícil para ejercer el derecho a la libertad de expresión, sobre todo para los periodistas, para los defensores de los derecho humanos y para las mujeres. En 2017, **14 informadores fueron asesinados y 671 mujeres fueron víctima de los feminicidios en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras ponen de relieve unos niveles de violencia que solamente se comparan con países que se encuentran en una guerra declarada, como el caso de Siria.

Además de la violencia física ejercida, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de personas que han sufrido violencia verbal y amenazas a través de internet. En redes sociales, foros o blogs, muchos mexicanos han tenido que hacer frente a este tipo de comportamientos sin el respaldo legal necesario. Por otro lado, el Gobierno mexicano ha utilizado herramientas digitales para amenazar, censurar o disminuir el derecho a la libertad de expresión.

Todas estas prácticas que menguan la libertad de los ciudadanos han sido estudiadas en el informe Democracia Simulada, nada que aplaudir realizado por la organización Artículo 19 y al que ha tenido acceso Hipertextual. Democratización de medios, protección e acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas son los ejes centrales de documento que alerta sobre los peligros de los derechos digitales en un país en el que el 49.1% de los hogares no cuenta con acceso a internet, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El derecho al olvido

¿Qué pasa si un medio de comunicación online publica una investigación sobre una figura pública que muestra sus prácticas corruptas? El Gobierno puede ordenar que se elimine la información apelando al "derecho al olvido".

Este concepto surgió en 2014 con la resolución de la Corte Europa de Justicia en el caso Google vs. Spain. La decisión ordenó al gigante tecnológico que eliminara la información del español Mario Costeja, quien afirmó que el buscador brindaba información antigua y falsa sobre él. Costeja ganó el juicio contra Google y, de esta manera, se impuso el derecho a que se elimine de internet información personal antigua que perjudique a una persona.

Esta resolución ha sido utilizada para respaldar los intereses del Gobierno, sobre todo en casos en los que se ha publicado información contra políticos o contra personas vinculadas al mismo. "En México, el concepto del 'derecho al olvido' se ha convertido en un mecanismo de censura contra medios digitales y periodistas que publican casos de corrupción, conflicto de interés y violaciones de derechos humanos", afirmó Article 19 en su informe lanzado este martes 20 de marzo.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual está a punto de finalizar, la mayoría de las solicitudes a Google para eliminar información provinieron del Poder Ejecutivo, en lugar del Judicial, la instancia que supuestamente debería gestionar este tipo de denuncias.

Desde el 31 de diciembre del 2012 hasta el 30 de junio de 2017, el Ejecutivo presentó 76 peticiones de eliminación de contenidos, frente a las once del Poder Judicial. Las denuncias fueron presentadas por motivos como casos de difamación, críticas al Gobierno y razones provocadas y seguridad. De 2009 a 2017, Google ha recibido 96 solicitudes y se han eliminado 185 elementos.

El "derecho al olvido" ha sido utilizado por las autoridades mexicanas para esconder información perjudicial y para evitar que los ciudadanos obtengan datos de problemas como las desapariciones forzadas, la tortura o la impunidad.

Para evitar que estos casos sigan teniendo lugar en México, Article 19 y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) aconseja que cualquier petición para eliminar información debe ir "acompañada de una resolución judicial emitida por un órgano imparcial e independiente que haya determinado que el material en cuestión es ilegal. De lo contrario, constituyen restricciones inadmisibles a la libertad de expresión e información", alertó el documento.

Gobierno espía

México está a las puertas de votar por el próximo presidente de la República. Enrique Peña Nieto dejará su puesto después de seis años de mandato, en los que uno de los escándalos más recordados será el malware Pegasus para espiar a periodistas, políticos y activistas.

Una investigación de The New York Times fue el inicio de un caso que salpicó a periodistas como Carmen Aristegui, políticos del Partido de Acción Nacional (PAN) e investigadores del caso Ayotzinapa, entre otros. Pero ¿en qué momento se puso en marcha el término conocido como Gobierno espía?

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones fue una de las promesas electorales de Peña Nieto y uno de sus presuntos logros. Sin embargo, esta medida, que pretende ampliar los derechos a la libertad de expresión e información, también provocó que se aprobaran algunos derechos que acabaron teniendo un efecto completamente contrario.

Específicamente, los artículos 189 y 190 contemplan disposiciones ambiguas sobre el control difusión y conservación de datos y su entrega a las llamadas "instancias de seguridad". El documento informa:

Las empresas concesionarias están obligadas a conservar toda la información relacionada con el uso de los servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 24 meses y mantenerlos disponibles ante posibles solicitudes de colaboración en materia de seguridad y justicia.

Los detalles de estas informaciones van desde las actividades diarias de las víctimas del malware como los lugares que visitan o las personas con las que conviven. Hasta la fecha, el presidente mexicano ha rechazado que el Gobierno tenga algo que ver con Pegasus y la investigación no ha llegado a un resultado transparente y objetivo.

Violencia en la red

Si la violencia se ha convertido en un problema para los mexicanos en las calles, esta también puede trasladarse por igual en internet. En 2015, se empezaron a registrar ataques en la red y, dos años, después, más de la mitad de los medios digitales en México han sido víctima de ataques de denegación de servicio (DoS) y el 40% afirmó haber recibido amenazas por sus prácticas periodísticas.

Además de ataques de denegación de servicio, los medios también han sido víctimas de otro tipo de violencia en internet como campañas de desprestigio en redes sociales, intervención de las comunicaciones, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, suplantación de identidad o intervención en las redes sociales.

Otro grupo que ha sufrido mucho este tipo de prácticas en la redes son las mujeres. Según un informe del colectivo Luchadoras, más de 9 millones han sido acusadas digitalmente en México. Facebook y Twitter son las redes sociales más utilizadas para amenazar o acosar a las mujeres, siendo esta última la más común para difundir imágenes violentas de personas con armas, nombres escritos con balas o frases relacionadas con el narcotráfico.

El informe de Artículo 19 expone el caso de la periodista freelance Gloria Ruiz García, quien publicó una investigación sobre un dirigente de una organización política y, con respuesta, empezó a recibir amenazas. El político sobre el que habló en el reportaje y al que vinculó con un caso de fraude la llamó "corrupta" y "puta".

La periodista alertó de que las mujeres periodistas se enfrentan "a cualquier tipo de amenaza y acoso por cualquier número de personas con o sin identidad falsa; no existe un mecanismo o autoridad que investigue eficazmente estas amenazas, la policía cibernética no toma con la seriedad que se requiere este fenómeno; esto nos obliga en algún momento a declinar de realizar ciertas investigaciones periodísticas o a limitarnos porque nos sentimos en un estado de indefensión".

Estos retos investigados en el informe muestran una situación de gravedad respecto a los derechos digitales en México. La preocupante violencia en el país ha llegado hasta el ámbito digital, el cual ha pasado a convertirse en un espacio para que el Gobierno limite la libertad de expresión y donde muchos mexicanos han sido víctima de varios tipos de violencia.

Estos comportamientos deben ser regulados por las autoridades para evitar su propagación aunque, al mismo tiempo, se debería controlar la operación del Gobierno en ciertas actividades que pueden mermar los derechos y libertades de los mexicanos.

Internet se ha convertido en un método de exclusión tanto para las personas que lo utilizan diariamente como para las que carecen de conexión. Además de las amenazas y violencia digital, México afronta el reto de la brecha digital, la cual ha pasado a ser un factor de exclusión social económica y cultural.