Grabar o enviar imágenes sexuales íntimas es algo que suele hacerse, en la mayoría de los casos, en entornos de confianza como un juego erótico, divertido y clandestino. Sin embargo, lo que un día fue una inocente foto o un inofensivo vídeo puede convertirse, para muchas mujeres, en motivo de ansiedad, tormento o desesperación. Hasta el punto de acabar con la propia vida para poner fin a la agonía. Perversamente conocido como “porno de venganza”, la práctica de compartir contenido íntimo con terceros sin consentimiento no es solo cruel y deleznable, también es un delito penal.
En el 2012, la concejala Olvido Hormigos fue víctima de la filtración por parte de su expareja de un vídeo suyo de contenido sexual, lo que la obligó a alejarse de la política y la empujó a una dura lucha en los tribunales por alcanzar una justicia que nunca llegó.
La propia Hormigos ha narrado en numerosas ocasiones la humillación y el menoscabo que le supuso la difusión de esas imágenes. Aún así, la justicia no le dio la razón. Sin embargo, el caso fue lo suficientemente mediático como para que, en 2015, se crease un tipo específico para castigar este tipo de delitos.
La peor cara de la filtración de contenido sexual: el caso Iveco
En mayo del 2019, Verónica, trabajadora del grupo industrial italiano Iveco y madre de dos niños de cuatro años y nueve meses, se vio envuelta en una situación similar, aunque su desenlace fue diferente. Tras más de diez días de señalamientos, burlas y vejaciones, Verónica no pudo soportar la presión y se quitó la vida para acabar con el sufrimiento y la vergüenza que le impuso la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas entre sus compañeros de trabajo.
Más de 2.500 personas trabajaban en su planta. Ella misma, unos días antes de suicidarse, había compartido su situación con la dirección de Recursos Humanos, dando el nombre del culpable. Nadie hizo nada por ayudarla. Tampoco por comprenderla. La empresa no activó el protocolo de prevención del acoso sexual —pese a que estaba obligada a hacerlo— y sus compañeros siguieron compartiendo las imágenes y haciendo mofa de ellas. Hasta que Verónica no pudo más.
Tras un año de pesquisas, y el suicidio de la única posible denunciante, la investigación quedó archivada por, según fuentes judiciales, “falta de autor conocido” y “ausencia de denuncia”. Ni el perpetrador del delito, ni quienes compartieron las imágenes —y se burlaron de ella—, ni la empresa, que permitió que todo sucediese ante sus ojos, han sufrido consecuencia alguna por el daño perpetrado. Pese a ser todos ellos partícipes del desprecio, la degradación y el posterior suicidio de Verónica.
El verdadero nombre del porno de venganza
Para comprender un poco mejor los mecanismos sociales que subyacen a esta flagrante violación de la intimidad, en Hipertextual hemos hablado con Leire Lasuen, responsable de formación en PantallasAmigas. La experta señala que el nombre “porno de venganza” es inadecuado y tendencioso. “Presume una afrenta previa de la víctima, haciendo ver que es una forma de ‘ajuste de cuentas’”. Aunque, en realidad, apunta, “es una forma de ciberviolencia sexual de género”.
Lausen explica que se trata de una forma de hacer daño a las mujeres “muy sencilla al alcance de cualquiera”. Y que se da en el marco de una sociedad machista que “tiende a limitar y juzgar el ejercicio de la libertad sexual de las mujeres”. La misma sociedad que, posteriormente, “en lugar de proteger a la víctima y su intimidad, la revictimiza”.
Estos actos de ciberviolencia machista no son otra cosa que una nueva forma de ejercer la vieja dominación de los hombres sobre las mujeres. A través de la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, los perpetradores del delito buscan humillar y castigar a sus víctimas para que aprendan cuál es su lugar.
Para Leire Lasuen, además de ser una violación de la intimidad y del derecho a la propia imagen, este mal llamado “porno de venganza” deja a las mujeres en una posición de completo desamparo. “Existen nulas posibilidades de conseguir que las imágenes dejen de estar a disposición de terceras personas, conocidas o no”. Lo que provoca desde cuadros de ansiedad o depresión prolongados —que se agravan en caso de que exista acoso—, hasta problemas en el entorno personal o laboral.
Pero, ¿qué dice la ley sobre el mal llamado porno de venganza?
En torno a un 20 % de las mujeres entre 18 y 24 años han sufrido la difusión o la amenaza de difusión de imágenes suyas sin su consentimiento. No obstante, muchas de ellas no tienen claro cómo actuar en esta situación o si pueden denunciarlo.
Helena Gil, coordinadora y asesora legal de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en Euskadi, ha contado a Hipertextual los detalles legales del injustamente llamado “porno de venganza”. Esta experta, nos cuenta que lo que se vulnera en estos casos es el derecho a la intimidad, recogido en el artículo 197.
En torno al 20 % de las mujeres entre 18 y 24 años han sufrido la difusión o la amenaza de difusión de imágenes suyas sin consentimiento
Concretamente, “el artículo 197. 7 establece que será castigado con una pena de prisión o multa a quien difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones de este tipo”. Una pena que se agrava “cuando los hechos los hubiera realizado el cónyuge o pareja de la víctima”. Esta última medida tiene en cuenta el marco de violencia machista en el que se desarrolla esta práctica. Aunque se queda corta al obviar que los mecanismos de violencia de género siguen presentes en la difusión sin consentimiento más allá de la pareja.
Pese a su dificultad, Gil declara que también es posible procesar a las personas que comparten y viralizan estos contenidos, siempre que se pruebe su participación. Aunque destaca la importancia de la “formación en prevención de violencia machista” para que no se “vuelvan a repetir estas conductas”. “No se nos puede olvidar que no siempre son mayores de edad quienes comenten estos delitos”, recuerda. Por eso, añade, “debemos apostar por la educación afectivo-sexual”.
La filtración de contenido íntimo, heredera de una sociedad pornificada
Helena Gil, experta en violencia contra las mujeres, no duda en identificar la pornografía como uno de los marcos en los que se desarrolla la filtración de contenido sexual sin consentimiento. “En mi opinión, el gran problema está en la educación afectivo-sexual de los adolescentes”, declara. “Estamos viendo cómo se educan con la pornografía, sin tener referentes sanos de relaciones”.
Una situación que provoca que los adolescentes normalicen grados cada vez más altos de violencia en las relaciones sexoafectivas. También que deshumanicen a sus compañeras desde edades cada vez más tempranas. “La difusión de las imágenes íntimas, y que muchas veces acaben en páginas pornográficas, no es más que una prueba de todo esto que venimos denunciando”, concluye Gil.
Para las víctimas de este mal llamado “porno de venganza”, la realidad se hace cada vez más insoportable. Algo que se agrava con el proceso de denuncia. Por eso, Gil recomienda pedir toda la ayuda que sea necesaria. “A las asociaciones que trabajamos en la prevención de violencia machista, al área de igualdad del ayuntamiento más cercano y también buscar el apoyo de la familia y/o amigos”. “Es importante”, destaca, “que la mujer se sienta protegida y respaldada”.
Revivir los hechos durante la denuncia puede ser muy duro, especialmente en los casos —por desgracia, muy frecuentes— de revictimización de la denunciante. A lo largo del proceso, advierte Gil, “la parte contraria intentará sacar aspectos de la vida privada para convencer de que esa difusión de las imágenes fue consentida”. Por lo que el apoyo y la empatía resultan fundamentales.
Una práctica que viene de lejos
La difusión de imágenes sexualmente explícitas de mujeres sin su consentimiento con el fin de humillarlas y recordarles el poder que se tiene sobre ellas no es, tristemente, algo novedoso. Ya en el año 2012, Charlotte Laws, madre de una víctima, logró que el FBI cerrase una conocida web de filtraciones de imágenes privadas que había arruinado la vida de miles de chicas. El caso se hizo mucho más conocido varios años más tarde por un documental de Netflix.
En 2017, The Guardian alertó públicamente de 51.300 potenciales casos de “porno de venganza” en Facebook. Con menores involucrados en algunos de ellos. Meta —el nuevo nombre de la compañía filial de la red social— siempre ha reconocido que la prevención de este tipo de contenidos es una cuestión prioritaria para la empresa. Pero, por ahora, solo han lanzado promesas. La última, que usarán Inteligencia Artificial para eliminar este tipo de imágenes.
Los casos de difusión de contenido privado no solo afectan a las víctimas, sino a todas las mujeres. Para Leire Lasuen, estas “pueden ver condicionada su libertad cuando, por miedo a este tipo de consecuencias, eviten prácticas como el sexting”. Para frenar estas situaciones, propone educar en igualdad. También, “concienciar a la sociedad en su conjunto para que sean capaces de respetar y no convertirse en cómplices”.
Algo que comparte la experta Helena Gil. Para quien el foco debe ponerse en “prevenir este tipo de conductas”. Algo que “pasa por la educación afectivo-sexual, crear relaciones sanas y concienciar sobre el daño que causa este tipo de violencia machista”.
No debemos perder de vista que esta práctica forma parte de un marco de violencia contra las mujeres que debe corregirse con educación y esfuerzo. Pero también se trata de un delito que debe ser debidamente castigado. Incluyendo a todos los eslabones de la cadena que contribuyen a la degradación, la humillación y la crueldad contra las mujeres.
