Francisco llevaba cuatro años trabajando como investigador en la Universidad de Salamanca. Allí realizaba su tesis doctoral en Historia, hasta que terminó su contrato. Ahora, como miles de jóvenes en España, está en paro. Pero la universidad se niega a pagarle la indemnización que le debe. "No la incluyeron en el finiquito, pero tengo derecho a ella", afirma en conversación telefónica con Hipertextual. Francisco explica que decenas de científicos están en su misma situación, y que el problema podría agravarse dentro de unos meses, afectando a miles de investigadores más. "Hemos tenido contratos chapuza", sostiene el joven.
El historiador se refiere así a los polémicos contratos predoctorales. Esta modalidad contractual, creada por la Ley de la Ciencia de 2011, fue objeto de polémica hace unos meses, cuando el Gobierno cambió de forma retroactiva y sin aviso los códigos de los contratos de más de 10.000 investigadores. De la noche a la mañana, los científicos vieron cómo sus contratos pasaban de tener el código 401, asociado a los contratos de obra y servicio, al código 420, relacionado con los contratos en prácticas.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) admitió haber solicitado la modificación, aunque posteriormente, ante el escándalo generado, pidió la suspensión de la medida. Fue entonces cuando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social rectificó y dio marcha atrás en los cambios de códigos. Incluso el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, llegó a admitir que el Gobierno se había equivocado. Pero el problema, lejos de estar solucionado, seguía sin resolverse. "Pensaron que modificando los códigos otra vez se calmaría la situación, pero estaba claro que iba a saltar otra vez", critica Francisco.
"Nos deben más de 1.000 euros a cada investigador"
El historiador defiende que en su universidad hay unos cincuenta afectados, que incluyen a los investigadores que recibieron un contrato a través de la convocatoria de Formación de Profesorado Universitario (FPU), del Ministerio de Educación, o de la convocatoria PIRTU, de la Junta de Castilla y León, para que realizasen la tesis doctoral. Estos fueron los primeros contratos que se establecieron según el artículo 21 de la Ley de la Ciencia, la normativa que desarrolló por primera vez los contratos predoctorales. Hasta su entrada en vigor, los científicos que querían realizar su tesis doctoral disfrutaban de una beca durante dos años y de un contrato en prácticas en los dos últimos años.
Los contratos predoctorales a los que ha tenido acceso Hipertextual incluyen una cláusula en la que se especifica claramente que tendrán derecho a una indemnización cuando finalicen el contrato. Ante el impago de la indemnización, los jóvenes se han movilizado a través de Dignidad Investigadora, una plataforma que surgió tras el cambio de código de los contratos predoctorales. Según explica Francisco a este medio, los doctorandos han mantenido varias reuniones con el equipo rector de la institución, que ha ignorado por el momento sus peticiones. Hipertextual se ha puesto en contacto con la Universidad de Salamanca para conocer su versión, sin haber recibido respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
David es otro científico que se encontraba en la misma situación que Francisco hasta hace unos días. El joven, que realiza su tesis doctoral en la Universidad de León, terminó su contrato predoctoral hace unas semanas, sin recibir la indemnización que le correspondía. Inicialmente la institución rechazó que los investigadores tuvieran derecho a ella, a pesar de lo que figuraba expresamente en su contrato. "Estamos con la tesis hasta arriba, pero por las buenas o las malas espero que lo consigamos", explicó a Hipertextual por teléfono. Días después, la universidad rectificó su posición y admitió que le abonarían la indemnización por importe de 1.952 euros, tal y como constaba en la cláusula octava del contrato.
La situación en el resto de organismos públicos que han firmado contratos predoctorales es diversa. Por ejemplo, cuando estalló la polémica sobre los cambios de códigos de los contratos predoctorales, el rector de la Universidad de la Rioja se comprometió públicamente a dar soporte a la indemnización por fin de contrato de los investigadores. Según ha podido saber este medio, ningún científico perteneciente a esta entidad ha terminado por el momento su relación laboral, pero la universidad mantiene su compromiso de pagar la indemnización a los afectados. Por el contrario, otras instituciones, como la Universidad de Salamanca, han rechazado que los investigadores tengan derecho a ella, a pesar de lo que se reconoce específicamente en sus contratos. El último ejemplo es el de la universidad leonesa, que ha modificado su postura sobre los contratos predoctorales, una modalidad contractual supuestamente homogénea en toda España, aunque en la práctica la realidad sea otra.
"Tienen derecho a indemnización", según los juristas
En opinión del abogado laboralista Pere Vidal, "en los contratos predoctorales se reconoce expresamente el derecho a una indemnización por finalización de contrato", y además se hace referencia al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. "Por lo tanto, se reconoce expresamente que estamos ante un contrato de duración determinada – con derecho a la indemnización que marca el artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores - y no ante un contrato formativo del artículo 11 del Estatuto", aclara el también profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.
El letrado destaca la inclusión de la cláusula indemnizatoria, aunque "cifra erróneamente la indemnización en nueve días por año de servicio", que era la indemnización prevista para la finalización de contratos temporales en el año 2012. A su juicio, los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2013 contarían con diez días de salario por cada año de servicio, mientras que los firmados en 2014 sería de once días y de doce para los suscritos en 2015 en adelante. "Los afectados deben presentar la correspondiente reclamación de la indemnización ante la Jurisdicción Social", explica a Hipertextual.
Fabián Valero, letrado especializado en Derecho del Trabajo de Zeres Abogados, también cree que "tendrían derecho a indemnización dado que se trata de contratos de carácter temporal y este tratamiento les da el SEPE". El abogado laboralista comenta a este medio que "si los consideramos contratos de carácter temporal que han alcanzado la fecha prevista de fin, conforme al artículo 49 del Estatuto, la indemnización que le correspondería sería de entre 8 y 12 días por año trabajado atendiendo a la antigüedad del contrato". Otra opción, más dudosa a su juicio, es que se les pudiera aplicar la sentencia de Diego Porras para que la indemnización fuera de veinte días. " Si hay universidades que han pagado es que al menos existe la duda de la necesidad de indemnizar", puntualiza por correo.
No todos los expertos mantienen esta postura. Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Jaén, defiende que los contratos predoctorales "no tienen derecho a indemnización" de manera general, ya que a su juicio así lo establece la Ley de la Ciencia. Sin embargo, tal y como reveló Hipertextual, los organismos públicos de investigación y las universidades han suscrito durante los últimos años diversos tipos de contratos predoctorales que en unos casos incluyen cláusulas de indemnización y en otros no. "Las prácticas son perversas y eso alimenta la confusión. Jurídicamente toda esta situación es un sinsentido", lamenta.
En el caso de investigadores como Francisco, Molina cree que sí tendría derecho a indemnización porque su contrato incluye una "condición más beneficiosa", es decir, la universidad "reconoce una indemnización de fin de contrato como mejora particular". Estas cláusulas son problemáticas en la Administración; según el profesor de la Universidad de Jaén, "un empleador público no puede-debe mejorar las condiciones de unos y no de otros". "La Administración no puede reconocer, para casos análogos, derechos distintos. Esto es una arbitrariedad, una barbaridad jurídica. Si yo fuera cualquiera de los investigadores, reclamaría. Y pediría no la indemnización solo de nueve días, sino la de veinte días, por aplicación de la sentencia de Diego Porras. No pierden nada", opina.
Pese a la marcha atrás del Gobierno sobre los cambios de códigos, el problema de los contratos predoctorales continúa. El motivo es que la Ley de la Ciencia de 2011 obligaba a desarrollar un Estatuto de Personal Investigador en Formación en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la norma, con el fin de regular esta modalidad contractual. A día de hoy, sin embargo, el Estatuto no ha sido formalizado, aunque el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a hacerlo el pasado marzo. Fuentes sindicales explican a Hipertextual que en los últimos meses no ha habido avances significativos en esta materia. La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación no ha ofrecido respuesta por el momento a este medio sobre la situación del mencionado estatuto. "Estamos en un limbo legal", denuncia Francisco. "Pero son mis derechos y voy a llegar hasta el final", asegura.
