La polémica sobre el cambio de los contratos predoctorales ha llegado hoy al Congreso de los Diputados. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, ha reconocido que "a veces uno se equivoca" ante la interpelación realizada por el Grupo Socialista en sede parlamentaria. "Cuando los representantes de las universidades nos dicen que la decisión que solicitaron no ha dado los resultados esperados, pues rectificamos y no pasa nada", ha señalado el político popular en la Cámara Baja, en declaraciones recogidas por la agencia Servimedia.
La pregunta fue realizada por el diputado Ignacio Urquizu, que registró la cuestión un día después de que Hipertextual destapara que el Gobierno había cambiado el código de los contratos predoctorales sin aviso y de forma retroactiva. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social defendió desde un primer momento que la modificación de la nomenclatura era un "tema interno" que solo tenía efectos administrativos.
Abogados laboralistas consultados por este medio explicaron que el cambio de los contratos predoctorales podría suponer una novación contractual, ya que la modificación hacía que más de 10.000 investigadores pasaran tener el código 401, relacionado con los contratos de obra y servicios, al código 420, asociado con los contratos en prácticas. Los efectos de la modificación de la nomenclatura contractual había provocado problemas en el acceso a la tarjeta sanitaria europea por parte de muchos afectados. Ante las dudas y controversias generadas, las universidades españolas, que habían pedido inicialmente el cambio, solicitaron su rectificación al Gobierno.
La opinión entre los juristas, sin embargo, no es unánime. Expertos en Derecho del Trabajo explicaron a Hipertextual que el contrato predoctoral tiene "carácter formativo" y que el problema no es el cambio de código sino la práctica contractual realizada por organismos como las universidades y entidades como el CSIC o el Instituto de Salud Carlos III. La actuación, según estos especialistas, es una "chapuza", ya que como desveló un reportaje publicado por Hipertextual, se han firmado contratos diferentes para situaciones análogas de investigación. El Gobierno sí ha rectificado el cambio de código, como admite Méndez de Vigo, pero aún no ha desarrollado plenamente los contratos predoctorales como exigía la Ley de la Ciencia de 2011, un problema que todavía no ha sido solventado.