La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) solicita la "supresión temporal" de los cambios en los contratos predoctorales. La entidad realiza esta petición ante "las controversias y dudas creadas" por la modificación de la nomenclatura y la "falta del adecuado desarrollo normativo" del contrato que disfrutan más de 10.000 investigadores, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los sindicatos.
Según el comunicado, la CRUE propone "la convocatoria urgente de una Comisión Mixta integrada por representantes de las universidades, de los organismos públicos de investigación, de los jóvenes investigadores, de los agentes sociales y de los Ministerios implicados, con el objetivo de diseñar las mejores condiciones para el desarrollo de la carrera investigadora".
La petición de las universidades españolas llega después de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social culpara ayer de nuevo a la CRUE de los cambios en los contratos predoctorales. El Gobierno emitió un comunicado en el que solicitaba a las universidades españolas que acordasen con los sindicatos y especificaran a la mayor brevedad "qué código consideraban que se adecúa con mayor precisión a la naturaleza de estos contratos".
"Falta del adecuado desarrollo normativo"
La modalidad contractual de los investigadores predoctorales fue creada en la Ley de la Ciencia de 2011, que establecía que esta figura debería ser desarrollada por un Estatuto que todavía no existe. Inicialmente, los contratos predoctorales se asociaron con el código 401 en la Seguridad Social, equiparándolos a los contratos de obra y servicio pese a ser una modalidad contractual nueva. Sin embargo, el Gobierno modificó de forma retroactiva y sin aviso los códigos de los contratos predoctorales, que pasaron a estar relacionados con el código 420 de los contratos en prácticas.
Abogados laboralistas consultados por Hipertextual sostienen que la medida del Ministerio de Empleo podría ser considerada como una novación contractual, aunque el Gobierno defiende que se trata de un "tema interno" que solo tiene efectos administrativos.
Según estos letrados, el mayor impacto de la medida podría estar en el derecho a la indemnización que podrían percibir los investigadores cuando finalizasen su contrato. Por el momento, el efecto más claro fuera del cambio de codificación se ha centrado en la imposibilidad de pedir la tarjeta sanitaria europea. Los investigadores tenían que solicitar, en su defecto, el certificado provisional sustitutorio, que se emite únicamente durante noventa días.
No obstante, la opinión entre los juristas no es unánime. Profesores de Derecho del Trabajo consultados por este medio restan importancia a la modificación de la nomenclatura de los contratos predoctorales, al considerar que no debería tener impacto, pero sí ponen el foco en las "chapuzas" realizadas. Como desveló Hipertextual, los organismos públicos de investigación y las universidades han firmado contratos diferentes para situaciones análogas de investigación, e incluso algunos incluyen cláusulas donde se reconoce el derecho a la indemnización de los afectados. En caso de que los investigadores llevasen a juicio la situación y se demostrara este extremo, los contratos podrían ser declarados nulos y los trabajadores serían reconocidos como indefinidos, por lo que la supuesta indemnización por despido sería mayor.
El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que los investigadores con contratos predoctorales "mantienen todos sus derechos" y garantiza que "contarán con la tarjeta sanitaria europea". Con ese objetivo, el Ministerio de Empleo ha pedido a las universidades españolas "que acrediten que estos contratos tienen una duración habitual superior a los dos años", tal y como reza el comunicado oficial. Sin embargo, la duración de los contratos predoctorales de cuatro años viene fijada por la Ley de la Ciencia y las universidades no son las únicas entidades que contratan a estos investigadores, sino que también están involucrados en la problemática organismos públicos de investigación como el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III o el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, entre otros.