La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha respondido a las dudas existentes sobre su implicación en el cambio de los contratos predoctorales que, según estimaciones de Comisiones Obreras, ha afectado a más de 10.000 investigadores. En un extenso comunicado, la entidad admite que en mayo de 2014 realizó una consulta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social "con el fin de plantear una solución a las disfunciones que se estaban produciendo en los contratos predoctorales" al adaptarlos a la Ley de la Ciencia. Algunas universidades habían preguntado de forma individual esta cuestión, obteniendo "respuestas contradictorias".
En declaraciones a Hipertextual, el Gobierno aseguró que la modificación en la nomenclatura se efectuó en septiembre de 2015 pues así se facilitaba el acceso a bonificaciones e incentivos por parte de las instituciones académicas. Sin embargo, la CRUE agrupa solo a una parte de los contratantes, las universidades españolas, pero no a los organismos públicos de investigación (OPIs), entre los que se encuentra el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) o el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA). Los jóvenes con contratos predoctorales de estos OPIs también se han visto afectados por la medida.
En su comunicado, la CRUE quita hierro al impacto del cambio de código en los contratos predoctorales, en línea con los argumentos oficiales. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en declaraciones a Hipertextual, señaló que la modificación en la nomenclatura de los contratos predoctorales respondía únicamente a un "tema interno" y que la medida tenía "carácter administrativo". El Gobierno negó así las opiniones de diversos abogados laboralistas consultados por este medio, que afirmaron que el cambio realizado sin aviso y de forma retroactiva era abusivo y arbitrario, además de una actuación "ilegal" a tenor de la normativa vigente.
La CRUE señala que ha transmitido "en todo momento nuestra preocupación por una posible pérdida de prestaciones de este colectivo [refiriéndose a los investigadores predoctorales] y nuestra disposición a la búsqueda inmediata de soluciones, si fuera el caso". Tras realizar diversas consultas a los servicios jurídicos de las universidades españolas, la entidad sostiene que la modificación ha sido realizada siguiendo las directrices de la Seguridad Social. La CRUE, sin embargo, niega que la medida tenga impacto sobre las condiciones laborales de los afectados, con la salvedad del acceso a la tarjeta sanitaria europea:
No supone pérdida de derechos o prestaciones a los contratados en la prestación de desempleo, duración máxima del contrato y posibilidad de disfrutar de un contrato en prácticas con posterioridad, dado el carácter especial de estos contratos predoctorales a partir de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La única cuestión que queda por resolver, a día de hoy, es la de la tarjeta de asistencia sanitaria europea, imprescindible para la movilidad internacional de nuestro personal investigador en formación. Según se nos informa desde diferentes fuentes del Gobierno de España, ésta puede sufrir cambios en el procedimiento de solicitud, pero no en la prestación en sí misma.
Mientras se aclara el impacto de la medida, colectivos como la Federación de Jóvenes Investigadores o la plataforma Ciencia con Futuro han rechazado el cambio de código de los contratos predoctorales al considerar que se trata de una precarización de las condiciones laborales de miles de investigadores en toda España. Por su parte, el PSOE ha pedido explicaciones al Gobierno sobre la situación, por la que el sindicato Comisiones Obreras ha comenzado a poner denuncias ante la Inspección de Trabajo.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas concluye su comunicado destacando "la necesidad de establecer una regulación laboral específica y desarrollos normativos acordes para las diferentes figuras de personal investigador temporal, ya que cualquier encaje en el actual ordenamiento laboral y clasificación produce disfunciones importantes". Las universidades españolas abogan por crear una "nueva figura" que dé cumplimiento a la Ley de la Ciencia.
