El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha decidido volver a encuadrar los contratos predoctorales en el epígrafe 401 a efectos del código identificativo del tipo de contrato en la Seguridad Social. La medida llega después de la petición realizada por las universidades españolas, que a última hora de ayer solicitaron la "suspensión temporal" de la modificación de la nomenclatura.
Según ha explicado el Gobierno en un comunicado, la asignación del código de los contratos predoctorales "no afecta a su naturaleza, ni a los derechos y obligaciones del contrato". Esa es la versión mantenida por Empleo desde un primer momento, cuando afirmó que la modificación de la nomenclatura era un "tema interno" que solo tenía "efectos administrativos". Sin embargo, los más de 10.000 investigadores afectados por la medida, según los sindicatos, tuvieron problemas fuera de la Seguridad Social, como por ejemplo a la hora de solicitar la tarjeta sanitaria europea.
Algunos abogados laboralistas consultados por Hipertextual señalaron que la actuación podría suponer una novación contractual, cuyo efecto más importante sería la pérdida de un supuesto derecho a la indemnización. Otros juristas, sin embargo, opinan que el cambio de código de los contratos predoctorales es un tema meramente administrativo y destacan que el verdadero problema, que aún no ha sido solucionado, se centra en los contratos firmados en la práctica.
Tal y como publicó en exclusiva Hipertextual, las universidades y los organismos públicos de investigación han firmado contratos diferentes para situaciones análogas de investigación. Algunos contratos incluyen el epígrafe "obra y servicio", remiten al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores e incluso contemplan una cláusula con el derecho a la indemnización, por lo que podrían ser declarados en fraude de ley, según los expertos. En ese caso, siempre que así lo dictaminara un juez, los trabajadores deberían ser reconocidos como indefinidos y su indemnización por despido sería mayor.
Este problema, lejos de ser solucionado, continúa. Los especialistas en Derecho del Trabajo consultados por este medio coinciden en que se debería desarrollar un Estatuto que regule los contratos predoctorales, tal y como prevé la Ley de la Ciencia de 2011, y abogan por crear un código propio en la Seguridad Social asociado a esta modalidad contractual. El anuncio del Gobierno no contempla todavía estas posibilidades, con la salvedad de la rectificación al código 401 original, relacionado con los contratos de obra y servicio. El Ministerio de Empleo también ha pedido a las universidades y los organismos públicos de investigación que comuniquen el cambio a sus trabajadores.
