El Ministerio de Empleo y Seguridad Social se reunió el pasado miércoles con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para abordar el cambio de código de los contratos predoctorales. Tras el encuentro, el Gobierno publicó un comunicado en el que asegura que los investigadores "mantienen sus derechos" y "contarán con la tarjeta sanitaria europea". ¿Fin del problema o maniobra de despiste por la polémica desatada?
La modificación de los contratos predoctorales, que fue realizada sin aviso y de forma retroactiva, afecta a más de 10.000 científicos, según estimaciones realizadas por los propios sindicatos. El Gobierno ha reiterado desde un primer momento que el cambio es un "tema interno" que solo tiene efectos administrativos. Sin embargo, el comunicado del Ministerio de Empleo ha sorprendido a los expertos consultados por Hipertextual, que no entienden cómo una decisión de carácter administrativo se deja en manos de las universidades españolas que, en último caso, representan solo a una parte de los organismos contratantes. La medida también ha sido criticada por los sindicatos.
Lío con los contratos y... ¿balones fuera?
"Parece que ni siquiera ellos saben que código es el que se ajusta. Crean contratos y luego no saben dónde encajarlos", afirma el abogado laboralista Fabián Valero. "La chapuza sigue y me temo que no tiene fin", lamenta por su parte el Dr. Cristóbal Molina, catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Jaén. "El código administrativo es una cuestión organizativa y, por tanto, cuestión ministerial y, en consecuencia, no se decide como no se elige el color de los ojos", sostiene el profesor. Molina es muy crítico con lo que, a su juicio, supone una "negligencia" y una "política de echar balones fuera".
El Gobierno afirma que ha solicitado a la CRUE "que acuerde con representantes de los trabajadores y especifique a la mayor brevedad al Ministerio qué código consideran que se adecúa con mayor precisión a la naturaleza de estos contratos". Los expertos consultados por Hipertextual rechazan que sea posible que una decisión así se deje en manos de las universidades españolas, máxime cuando estas instituciones académicas representan solo a una parte de los organismos contratantes, entre los que también se incluye, por ejemplo, el CSIC o el Instituto de Salud Carlos III. En las últimas horas, el CRUE ha solicitado la "suspensión temporal" de la medida y la convocatoria de una Comisión Mixta que discuta el desarrollo normativo de los contratos predoctorales ya que, según su posición, "no es el adecuado". El Ministerio de Empleo no ha respondido aún a las preguntas realizadas por Hipertextual ante el comunicado de las universidades españolas.
"El código debería vincularse a la naturaleza del contrato, para dar claridad, y, por lo tanto, no se elige ni puede ser a la carta", asegura el profesor Molina, que califica el comunicado del Ministerio de Empleo como algo "inaudito". "Si se puede poner el que quieran, entonces reconocen que es arbitrariedad, y eso está prohibido constitucionalmente", comenta en declaraciones a Hipertextual. A juicio del catedrático de la Universidad de Jaén, "sin un código propio no hay salida". Una opinión que comparte el Dr. Josep Moreno i Gené, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universitat de Lleida, que opina que los contratos predoctorales "tendrían que tener un código específico y diferenciado puesto que realmente no se corresponden estrictamente ni con un contrato para obra o servicio determinado ni con un contrato en prácticas, aunque puedan tener carácter formativo".
Abogados laboralistas como Valero o Pere Vidal y el profesor de Derecho del Trabajo Adrián Todolí consideran que la modificación de nomenclatura de los contratos predoctorales podría considerarse como una novación contractual. El efecto más importante de la medida, según estos juristas, sería la pérdida del derecho a indemnización de los afectados, que podría oscilar entre los 2.050 euros e incluso superar los 5.000 euros si se probase que los contratos están en fraude de ley. Son precisamente estas controversias y dudas las que han llevado a la CRUE a pedir la suspensión temporal de la medida del Gobierno, aunque no todos los expertos en Derecho del Trabajo coinciden con esta opinión.
"Creo que la codificación no afecta al régimen jurídico-laboral del contrato, que se sigue rigiendo por la Ley de la Ciencia. En todo caso, si hay efectos colaterales en otros ámbitos, como es el caso de la tarjeta sanitaria, se tienen que ir solucionando", señala Moreno i Gené en declaraciones a Hipertextual. Molina comparte esta valoración y critica que el Ministerio de Empleo pida a la CRUE que le especifique la duración de los contratos predoctorales para dar luz verde a la tarjeta sanitaria europea. "Todos sabemos que es de cuatro años, porque así lo dice la ley. Por lo tanto, mareo tras mareo", lamenta el catedrático de la Universidad de Jaén.
Sindicatos como la Unión General de Trabajadores (UGT) o Comisiones Obreras han exigido al Gobierno "que revierta la modificación del contrato predoctoral". "Es evidente que el Ministerio no quiere tener un nuevo tema de enfrentamiento con los sindicatos, y menos aún cuando es una cuestión que no le reporta ningún interés. Así que han aceptado que se puede cambiar la clave y le pasan la responsabilidad a la CRUE, volviendo a indicar que se modificó tras su petición y señalando que debe proponer una clave tras negociar con los sindicatos", explican desde CCOO a Hipertextual. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide que se establezca un nuevo código en la Seguridad Social para los contratos predoctorales.
Mientras tanto, Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, pidió ayer que se sentaran todas las partes y ver "cómo solucionar y definir un nuevo tipo de contrato con el que nos sintamos más cómodos", en declaraciones recogidas por Europa Press. Los contratos predoctorales fueron creados por la Ley de la Ciencia de 2011 a través del artículo 21. Según una disposición de la misma norma, se tendría que haber promulgado un Estatuto que desarrollase esta modalidad contractual en los dos años siguientes después de la entrada en vigor de la ley. Seis años después, sin embargo, no existe dicho Estatuto, lo que ha desencadenado un intenso debate jurídico ante la polémica de los contratos predoctorales.
El profesor Molina reprocha que "nadie se preocupe sobre la práctica contractual" que, a su juicio, "es confusa". Como reveló una investigación publicada por Hipertextual, las entidades como el CSIC han realizado contratos diferentes para situaciones análogas de investigación. En algunos contratos predoctorales figura el encabezamiento de "contrato de obra y servicio", la alusión al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores e incluso una cláusula que reconoce el derecho a la indemnización, por lo que Molina apunta que podrían ser declarados en fraude de ley si los afectados finalmente demandasen a la Administración y así se probara en un juicio. En el caso de que los tribunales compartiesen el criterio de Molina, los contratos podrían ser declarados nulos, se debería reconocer como indefinidos a los trabajadores y, por tanto, su despido sería mayor. "Esto deben arreglarlo los organismos públicos contratantes. Nadie habla de eso y, por tanto, el verdadero problema, el real, seguirá y seguirá", critica. La polémica por los contratos predoctorales continúa, mientras los afectados se felicitan por la "pequeña victoria" que supone la marcha atrás efectuada por las universidades en las últimas horas.
