El futuro de muchas plataformas digitales se está decidiendo al amparo del Tribunal Europeo de Justicia por el caso entre Uber y Elite Taxi. Hasta el 6 de abril no podremos saber el resultado de la comisión encargada de determinar si Uber es sólo una plataforma o también una empresa de transportes. Y la cuestión es que esto será determinante para el futuro de muchas otras empresas: BlaBlaCar, Airbnb o Cabify entre otras.
Y mientras Uber, que ya ha recibido su primer revés cuando supo que el Tribunal ya adelantaba que no eran sólo una app de servicios, Airbnb tiene su propia lucha personal. En Barcelona no pasan por su mejor momento y es más que probable que tengan que pasar por caja más pronto que tarde con unos 600.000 euros por delante en concepto de falta grave. Madrid y Valencia, por su parte, intentan capear el temporal acordando un punto medio que ponga de acuerdo a todos.
Fuera de España la situación no es mucho más diferente. En Nueva York no gusta, en absoluto, la actividad de la plataforma. Y en Alemania pues parece ser que tampoco, pues están acotando la actividad con varias leyes para la movilidad y la oferta de Airbnb, principalmente en Berlín.
Los que parece ser que sí están un poco aperturistas con el tema son los miembros del ayuntamiento de Amsterdam, los cuales acaban de llegar a un acuerdo con Airbnb. Los temas sobre la mesa son los de siempre: alquileres ilegales por los cuales el fisco deja de ingresar y las molestias a los vecinos en zonas no turísticas. Por lo tanto, estas medidas han ido directamente a intentar paliar estas cuestiones. En primer lugar, quieren limitar el alquiler de los pisos a 60 días por año, de esta forma se acaba, en cierta medida, con el ánimo de lucro que se le pudiera reprochar a los usuarios de Airbnb. Una vez cubiertos esos días, esa vivienda desaparecerá hasta dentro de 365 días. Una medida que, por cierto, también ha sido puesta en práctica por Londres con un máximo de 90 noches por casa.
Los vecinos también podrán recurrir a la aplicación en caso de que sean molestados o los inquilinos se vuelvan ruidosos, los cuales sólo podrán alcanzar el número máximo de cuatro por casa.
Las medidas, recibidas con optimismo por unos y con rechazo por otros no dejan demasiado claro cómo se podrá solucionar la cuestión de los pisos ilegales que carecen de los permisos pertinentes. En cualquier caso, las medidas entre el Ayuntamiento y Airbnb se revisarán cada tres meses para comprobar la evolución del sistema y añadir modificaciones si fuese necesario.
Este punto medio entre los intereses de uno y la actividad de otros sería el objetivo idóneo para muchas otras geografías. Después de que Europa dijese que sí a los modelos como el de Uber o Airbnb, cuestión que no tiene nada que ver con el proceso legal por el que pasa la primera, lo más seguro es que estas hayan llegado para quedarse y se tenga que ceder en algo.