Hace unos días se aprobaba en el Congreso de los Diputados una más que necesaria reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, popularmente conocida como ley del aborto. Una serie de medidas orientadas a mejorar el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en España. Y toda una lección para países como Estados Unidos o empresas como Google Maps, que cuestionan el derecho al aborto de las mujeres.
Desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibiera el acceso al aborto a nivel federal (Roe v Wade), miles de mujeres y adolescentes norteamericanas se han enfrentado a denuncias, acoso y persecuciones por ejercer un derecho fundamental. Algo que ha supuesto un enorme retroceso en los avances alcanzados por el movimiento feminista en el país. Y que, además, sienta un peligroso precedente que otros gobiernos conservadores, como el de Polonia, no han tardado en seguir.
Frente a esta oleada de ataques a los derechos de las mujeres, países como Argentina y Colombia reconocen y amplían el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Un ejemplo del que deberían aprender las instituciones públicas. Pero también importantes empresas que tanto podrían hacer, y no hacen, por los derechos de las mujeres.
Grandes tecnológicas contra el aborto
En oposición a los avances de estos países latinoamericanos, algunas empresas tecnológicas ya se han posicionado a favor de la prohibición del derecho al aborto en Estados Unidos. Este es el caso de Facebook. La red social, famosa por la escasez de transparencia acerca de su privacidad, afronta un nuevo escándalo tras la cesión de información confidencial.
El caso más conocido es el del pasado agosto, en que la plataforma compartió con la policía una serie de mensajes privados que incriminaban a una menor en un caso de aborto. Una férrea vigilancia que se ha repetido en otras redes sociales y que no solo ejercen las autoridades competentes. Numerosos grupos antiabortistas se dedican activamente a perseguir a las adolescentes que acuden a los centros de planificación familiar a través de sus perfiles de Instagram o TikTok.
Pero Meta no es la única de las grandes tecnológicas que está lejos de ser un ejemplo de responsabilidad social corporativa. Después de recibir un aluvión de críticas en Estados Unidos, Google se comprometió a mejorar la información para ejercer el derecho al aborto tras la derogación de Roe v Wade. No obstante, según pruebas hechas por VICE, la aplicación de mapas de la compañía continúa enviando a las mujeres a centros antiabortistas cuando buscan un lugar en el que interrumpir su embarazo.
Algo que sucede tanto en España como en otros países europeos, donde Google Maps no distingue entre unos centros y otros. Una realidad que supone una vulneración del derecho de las mujeres a una información clara y veraz en la prestación de un servicio médico fundamental como es el aborto.
Más intenciones que alegrías para la interrupción voluntaria del embarazo
Sobre esto hemos hablado con Francisca García, presidenta de la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI). “Uno de los problemas es la desinformación sobre dónde acudir si tienes un embarazo imprevisto”, sostiene. “El tema es que manden a centros que son anti-elección, que lo que hacen es juzgar a la mujer, estigmatizar la prestación y dar una información que nada tiene que ver con la realidad”.
Aunque en España, afirma la experta, “la mayoría de las prestaciones se hacen de forma concertada”. Lo que implica que las mujeres acuden a su centro de salud y allí las derivan a los centros habilitados para la interrupción del embarazo. No obstante, García reivindica que hace falta “una información de la prestación del aborto como la de otras prestaciones sanitarias”. Pues aún es una práctica altamente estigmatizada.
El camino que empieza con la reforma de la ley del aborto
La reciente reforma de la ley aprobada en España viene a solventar algunos de los problemas más acuciantes del acceso a la prestación del aborto. Para la presidenta de la ACAI, esta reforma busca corregir las medidas rectificadas por el Partido Popular. Y tiene como objetivo “que se haga una mejor aplicación de lo que era la ley del 2010”.
Algunas de sus medidas se encaminan a que sea la red pública, y no la privada, como ahora sucede, la que asuma la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo. Una disposición orientada a evitar largos desplazamientos y facilitar el acceso a la prestación en las comunidades autónomas más reticentes.
También recoge la regulación de la objeción de conciencia, la eliminación del período de tres días de reflexión, la ampliación del derecho a las mujeres de 16 y 17 años o con discapacidad y la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud.
Y en el que queda aún mucho por hacer
Estas medidas están orientadas a asegurar el adecuado desarrollo de una prestación médica imprescindible y a garantizar un derecho humano fundamental. Aunque aún queda mucho por hacer para que las mujeres tengan la atención sanitaria apropiada.
En el caso concreto de la interrupción voluntaria del embarazo, es preciso desestigmatizar la práctica, tanto entre los y las profesionales médicos como en el conjunto de la sociedad. Lo que no puede hacerse sin la adecuada formación del personal sanitario involucrado y del público general.
Además de asegurar que todos los abortos se llevan a cabo con las garantías y el acompañamiento adecuados. Algo que incluye tomar medidas frente al acoso que reciben las mujeres que acuden a las clínicas por parte de grupos ultraconservadores. Un objetivo que no puede llevarse a cabo sin los recursos y protocolos necesarios.