En España se suceden las normativas que tienen como objetivo frenar la actividad de los nuevos modelos de transporte por ciudades, Uber o Cabify. Por un lado, la reafirmación a través de la sentencia del Tribunal Supremo y el Decreto Ley del Gobierno de Mariano Rajoy y, por otro, las nuevas licencias urbanas impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona y, posiblemente, por el Ayuntamiento de Madrid. A la espera de la decisión que tome Fomento respecto al tema de las competencias de unos y otros, la batalla de Uber fuera de España también se está jugando en los tribunales.

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En septiembre del año pasado, Londres, una de las regiones estratégicas para Uber en Europa, anunciaba algo sin precedentes. Transports for London (Tfl), departamento encargado de otorgar las licencias necesarias para operar en la capital británica, retiraba todos los permisos a la tecnológica británica. De forma automática, más de 45.000 vehículos asociados a Uber se quedaban sin opciones para operar bajo el nombre de la compañía.

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Bajo el posicionamiento de Tfl, la situación estaba clara: Uber no cumplía con los mínimos necesarios. La relación con el gobernador, la seguridad de la compañía en lo que a pasajeros y conductores se refiere y, muy especialmente, el uso de Greyball -el sistema de localización de empleados de la administración pública con el objetivo de evitar los controles- fueron determinantes para la institución británica.

A solo dos semanas de estrenar el cargo, el nuevo CEO DE Uber, Dara Khosrowshahi, se enfrentaba a su primer problema. ¿Su primer movimiento? Pedir disculpas por todo lo sucedido en el país y prometer una nueva era de cambios, además de recurrir la decisión ante los tribunales. De esta manera, además de luchar por su supervivencia en la región se aseguraban las operaciones durante algunos meses más.

Unos meses después, la decisión ha recaído en la jueza Emma Arbuthnot. Con una posición salomónica, la cuestión sobre el futuro de Uber en Londres se encuentra a mitad de camino entre los intereses de unos y otros. Los permisos concedidos por la institución de transporte cuentan con una duración de 5 años; y bajo ningún concepto, Helen Chapman (directora de Transport for London) renovaría las licencias de la tecnológica por ese mismo periodo de tiempo. El acuerdo entre ambas partes se ha quedado, de momento en una renovación periódica cada 15 meses. Además de auditorías regulares que tengan como objetivo revisar el punto flaco de la compañía: la seguridad. Ya en febrero de este mismo año, Tfl empezaba a abrir la puerta ante un posible acuerdo con Uber. En la mesa, la mencionada renovación de licencias durante menos tiempo que las oficiales, añadiendo la posibilidad de crear vehículos solo para mujeres o revisar los derechos de los empleados.

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