Si con la cuestión del juicio del Tribunal Supremo que habría de enfrentar a Fomento y a la CNMC no era suficiente, para añadirle más leña al fuego sale a la luz la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe, con carácter de urgencia, un Decreto Ley para blindar al sector del taxi. La posibilidad, más que factible de que el Supremo falle a favor de la CNMC y, por tanto, liberalice el sector, quedaría anulada a nivel ejecutivo. Los pronósticos se han cumplido y, bajo la sesión del 20 de abril, se ha concretado dicho texto en Consejo de Ministros.

Bloqueada la normativa 1/30, independientemente de que esta no se cumpla en ninguna de las geografías, especialmente ahora que hay prácticamente 30.000 licencias VTC que podrían entrar en juego llevándose por delante gran parte del negocio del taxi, y la limitación del ejercicio fuera de la zona de expedición al 20%, la realidad es que el Tribunal Supremo no tiene mucho más que hacer en este caso. También añadirían la posibilidad de que fuesen los propios Ayuntamientos y Comunidades Autónomas las que gestionasen la actividad de las licencias VTC regulando su número y expedición. En este sentido, la normativa de Ada Colau para Barcelona empezaría a tener sentido y cabida legal en todo el proceso de permisos VTC.

Con la lógica negativa de Uber y Cabify ante esta medida, la realidad es que el sector del taxi tampoco se muestra especialmente unido ante esta cuestión. Por su parte, la compañía norteamericana apunta a que "este decreto supone una oportunidad perdida para la creación de miles de puesto de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades. Esperamos ponernos a trabajar con el Gobierno, las plataformas y el sector del taxi en una nueva regulación que haga posible nuestro objetivo común: que cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa”.

Por otro lado, bajo el paraguas de Fedetaxi, liderada por Miguel Ángel Leal, se maneja la idea de que este movimiento supone una medida encubierta de promoción a las compañías controladoras de VTC en el país. VTC que, por cierto, con una liberalización del mercado, tampoco saldrían ganando porque supondría una bajada automática de su precio. Por su parte, Elite Taxi, una de las gremiales más activas en la defensa de los derechos del sector del taxi, apunta a un clima de tranquilidad ante una ley que ellos ya habían solicitado hace meses. Otras fuentes del sector defienden lo precipitado de la cuestión, apuntando al riego de tramitar este Decreto Ley por la vía urgente. Para el Gobierno supone una forma de evitar el conflicto entre ambas partes y mantener un statu quo en el sector del transporte para evitar lo que algunos sectores ya denominaron como algo cercano a la guerra.

En el aire quedarían los mecanismos de control prometidos por las instancias políticas. El propio sector del taxi, o 'la policía del taxi', apunta precisamente a que la famosa web de control aún brilla por su ausencia. Hasta la fecha no existe ningún sistema que permita controlar la actividad de las propias VTC.

Fuentes jurídicas apuntan a que, muy posiblemente, esta aprobación por la vía de urgencia tenga que elevarse al Constitucional tarde o temprano. En cualquier caso, esto aportaría un tiempo extra al sector del taxi.