Es solo un borrador, pero se espera que la unanimidad de los asistentes en próximo 27 de febrero de luz verde al texto pese a que, en términos legales, las competencias del Ayuntamiento excedan a los objetivos. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha abierto una nueva guerra. Si hace unos meses su esfuerzos iban destinados a terminar con la cuestión de los pisos turísticos ilegales alentados por multinacionales como Airbnb, ahora todo su esfuerzo se ha reconvertido a la cuestión de las licencias VTC. O lo que es lo mismo, a evitar el crecimiento de Cabify en Barcelona y disipar las intenciones de Uber de entrar a operar en la zona. De hecho, desde el unicornio español han decidido no hacer comentarios al respecto, cediendo a UNAUTO el protagonismo. Así como Uber, que pese a no contar con operación en su división de coches en Barcelona esta circunstancia afectaría a largo plazo a su decisiones. De aprobarse este texto, Uber no entraría a operar en la Ciudad Condal. Por su parte, UNAUTO, entiende este anuncio como una medida oportunista por la inminente apertura del MWC en Barcelona y como un a manera de lograr más votos de parte de Elite Taxi (los que UNAUTO consideran mejores asesores del Gobierno de Colau), aún teniendo la posición en contra de la ACCO y Economía del Ayuntamiento.

El texto, al que ha podido acceder Teknautas se posiciona como uno de los más restrictivos en lo que a normativa se refiere. Supera, incluso, las limitaciones añadidas en la reforma del ROTT de 2015 y aprobada, de nuevo, en 2017; la cual se ha calificado de tibia por algunas gremiales del taxi, que consideran que el Gobierno no ha tomado parte en los desencuentros de Uber o Cabify contra las gremiales.

En dicho texto, se aplica la normativa de 1/30 con exactitud. Es decir, que a partir de ahora se habrá de cumplir la proporción que limita a una licencia VTC por cada 30 de taxis convencionales. Una de los puntos más polémicos del original ROTT y una de las mayores peticiones del conjunto de los taxistas. Desde el punto de vista de las tecnológicas, esta medida siempre se ha interpretado como una sugerencia y no una obligación a cumplir por parte de los diferentes agentes reguladores. Para el taxi ha sido su mayor caballo de batalla.

En el caso de Ada Colau, esta normativa ha decidido aceptarse al pie de la letra. Lo cual abre otro frente que no está claro cómo se solucionará a partir de la aprobación del nuevo texto. En concreto, según las cifras del Ministerio de Fomento, el 2 de enero de 2018, Barcelona contaba con 10.428 licencias de taxi operando. De cumplirse la norma 1/30, únicamente podrían existir 347 licencias VTC. Sin embargo, operaban 799. Tanto lo mismo para el mes de febrero: con 10.460 licencias de taxi, existen 897 VTC, cuando el límite estaría en 348. ¿Cómo solucionarán esta cuestión? No está clara la solución a este conflicto que, de hecho, implicaría retirar licencias de operaciones otorgadas de manera legal durante los últimos años.

Por otro lado, estaría la obligación de solicitar una nueva licencia de operaciones asociada a un conductor y un coche, además de otra serie de datos necesarios que se consideren desde la institución pública. Cualquier sanción sobre esa nueva licencia solo operativa en Barcelona podría dejar fuera de juego al conductor. Desde el Ayuntamiento quieren imponer esta norma para evitar los problemas de seguridad que han afectado en varias ocasiones a pasajeros de ese tipo de plataformas. Sin embargo, UNAUTO entiende esta medida como el mayor absurdo del consistorio. Una de las ventajas competitivas de las licencias VTC es que, por su concepción, tienen vigencia operativa en todo el territorio nacional siempre y cuando no se supere el porcentaje establecido por el ROTT. Es decir, una VTC de Madrid podría operar en Barcelona durante la semana del MWC aprovechando los picos estacionales de trabajo. La imposición de una nueva licencia, comentan desde UNAUTO, supondría un precedente para el resto de localidades, además un control artificial de las licencias. Si cada una de las localidades pidiese su permiso, cada conductor de Uber y Cabify tendría que llevar más de 8.000 permisos para poder operar en toda España.

Asimismo, las partes contrarias entienden que el posicionamiento de el Ayuntamiento a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente carece de sentido en el documento de 14 páginas ya que normativas como el 1/30 o permisos de operación nada tienen que ver con la contaminación.

El Ayuntamiento espera su aprobación el 27 de febrero, justo en mitad de la celebración del Mobile World Congress. UNAUTO, el mayor enemigo de los taxistas, espera que por exceder las competencias del consistorio, esta quede atrás.