No está claro cuándo entrará en vigor la nueva normativa que hace referencia a la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en España, pero la realidad es que la aprobación del texto para el Real Decreto ya era efectiva el viernes 29 de diciembre. In extremis, justo antes de fin de año, como suele ser habitual en el Consejo de Ministros en todo lo que tiene que ver con las regulaciones del transporte.

En dicho texto se habla de forma explícita de "un conjunto de medidas para mejorar la regulación en el sector del alquiler de vehículos con conductor y asegurar, así, su convivencia ordenada con el del taxi". Con el objetivo de terminar con las prácticas especulativas, según el documento, la realidad es que la nueva normativa ha ido más del lado del sector del taxi más tradicional que por el de los nuevos modelos de negocio, como podría ser el caso de Uber y Cabify. Desde principios del pasado año, el brazo duro del taxi ha estado bregando para lograr dicha reforma. Siete manifestaciones después lo han conseguido, más o menos. La opinión de Elite Taxi, amén de la nueva reforma del ROTT 1057/2015, ha sido la de crítica a la posición del Gobierno por su tibia posición ante "la difícil situación del taxi", según ha explicado en varias ocasiones a Hipertextual Concha Guardado, portavoz de la plataforma. El Gobierno "ha optado por ponerse de perfil y traspasar la culpa a los jueces implicados en la sentencia", añadía la portavoz durante la última manifestación en noviembre.

Sea como fuere, desde el Consejo se ha aprobado la creación del registro único de VTC y su actividad. Lo que implica la disposición, por parte de Hacienda, de todos los servicios realizados por cada una de las plataformas en activo y, por lo tanto, de los datos de los clientes. Además de controlar la transmisión de efectivos a otras comunidades. Por otro lado, se ha establecido el límite de dos años para su transferencia.

¿Qué dice el taxi al respecto?

Unos días después, y habiendo pasado la resaca de las fiestas, el sector del taxi (concretamente Elite Taxi) ha hecho balance sobre lo expuesto por el Consejo de Ministros. Como era de esperar, su posición no es del todo favorable.

En primer lugar, explican, el texto está redactado para evitar la especulación de las personas jurídicas, no tanto así de las personas físicas. Lo que, según ellos, implica que los particulares puedan seguir "vendiendo participaciones de la empresa a terceros sin ningún pudor ni control" aumentando la especulación. Batacazo, por tanto, al primer artículo del texto que, explican, no garantiza ninguna mejora.

Pasando al segundo punto, el que se refiere a la creación de la base de datos de la actividad de las VTC, Elite Taxi también encuentra ciertos escollos en el proceso. Por un lado, como ya se ha comentado en varias ocasiones, no se hace referencia a los tiempos de implantación ni a las garantías que han de regular el correcto funcionamiento de la plataforma. Su postura, por tanto, se establece en que "puede ser un mero 'brindis al sol' para intentar frenar las protestas sectoriales".

La respuesta de Uber y Cabify

Aún queda tiempo para saber cómo se van a implantar las medidas de control aprobadas por el Consejo de Ministros, unas de las mayores preocupaciones de las plataformas, por lo que "ante los datos de los usuarios que se deban comunicar a Hacienda aún es pronto para valorarlo", comentan a Hipertextual desde Cabify.

De nuevo, y en esto sí que se ponen de acuerdo con el sector del taxi, tampoco están conformes con el nuevo texto. Por un lado, la compañía de origen español, pero con sede en Delaware, explica que "resulta lamentable que en lugar de mirar hacia el futuro y el progreso de las ciudades -en las que claramente se necesitan alternativas al coche particular para potenciar una movilidad eficiente que reduzca la contaminación y mejore la calidad del aire— se pretenda seguir regulando aún más al sector de la VTC para continuar favoreciendo y sosteniendo privilegios de otro sector, coartando la libertad de elegir de los ciudadanos". En alusión al posicionamiento de la CNMC, partidaria desde el primer momento de los nuevos modelos de negocio, reiteran su intención de crear los espacios de diálogo para definir un nuevo plan de movilidad en España que ponga al usuario como centro del interés.

Al otro lado de la historia tenemos a Uber, siempre más comedido en sus posicionamientos, pero igualmente contrario a la decisión de la esfera política del país. Desde la compañía explican que "mientras países como Portugal debaten una regulación moderna que favorezca la creación de empleo, la bajada de precios en el transporte urbano y una movilidad más sostenible, España quiere regular este nuevo fenómeno en favor del sector del taxi y en contra del interés general. Una vez más, ofrecemos nuestra colaboración al Gobierno y el sector del taxi para trabajar en un modelo de transición que asegure que nadie queda atrás”.

Al final, la realidad es que ninguna de las partes está conforme con la situación.

A propósito de Airbnb

El texto del Real Decreto no sólo hablaba de Uber, Cabify y la regulación del transporte. En otro apartado, haciendo mención a la cuestión de los alojamientos turísticos, también lanzaban un dardo envenenado a las compañías que operan en el sector de los alquileres. Más concretamente a Airbnb; lo cual supone todo un espaldarazo a las medidas de los Gobiernos de las diferentes regiones de España que han perseguido su actividad durante meses. En dicho texto se explica la obligación, por parte de este tipo de compañías de compartir los datos de los usuarios con Hacienda.

De esta manera, la cuestión de las evasiones de impuestos por actividades turísticas sería más fácilmente controlable por Hacienda. Esto es un problema especialmente grande para las entidades que, en varias ocasiones, han establecido una dura protección de los datos de los usuarios ante los ojos del Estado. En este sentido, desde Airbnb (y a la espera de cómo se implantará la medida) explican que “los datos personales están sujetos a leyes de protección de datos y privacidad muy estrictas, por lo que consideramos que el decreto debería respetar dichas normativas. Desde Airbnb siempre estamos dispuestos a dialogar sobre cómo podemos trabajar juntos para facilitar el pago de impuestos para todo el mundo”. Aunque no tanto así como la evidencia de que sí darán los datos a Hacienda.