Hacía tiempo que Airbnb no salía a relucir. Quedando en segundo plano detrás de las polémicas de las diferentes plataformas de transporte, pongamos el caso de Uber o Cabify, la realidad es que siguen estando ahí.
Después de la caza de brujas que comenzó la legislatura de Ada Colau en Barcelona para limitar al máximo el número de viviendas turísticas, parece ser que se ha llegado a buen término por ambas partes. Por un lado, Colau es consciente del gigante imparable que supone Airbnb y plataformas similares, y por otro, dichas tecnológicas saben que sin el apoyo de los gobiernos locales su actividad puede hacerse cada día más complicada. De esta manera se llegó a un acuerdo en el que se retirarían los pisos ilegales si Barcelona ponía en práctica una regulación de pisos mucho más clara.
Airbnb coopera en Cataluña pero pide algo a cambio
Ahora la batalla se ha trasladado a Baleares, región que ya prometía ser la heredera de la polémica con los pisos turísticos después de Barcelona. En agosto de este mismo año, el Gobierno de Baleares anunció multas de entre 20.000 y 40.000 euros para los propietarios que careciesen de los permisos pertinentes y 400.000 euros de sanción para las diferentes plataformas. Al igual que Barcelona en su momento, los Ayuntamientos pusieron a disposición de los vecinos plataformas para denunciar los casos de pisos ilegales en sus comunidades.
Dicho y hecho. Han faltado cuatro meses para el el Govern balear empezase con los expedientes sancionadores; en este caso contra Airbnb y TripAdvisor. El concepto de estos expedientes se fundamenta en la nueva ley de pisos turísticos aprobada en la región. Esta indica claramente que se prohibe el alquiler de los pisos anunciados que pertenezcan a bloques plurifamiliares y sólo se permite el alquiler en viviendas con licencia. En todo este contexto, ninguna de las dos plataformas ha procedido a la retirada de los anuncios que no cumplían con los requisitos. Y por una razón muy simple: aunque entra en los planes del Govern permitir en un futuro el alquiler de pisos en comunidades de vecinos, la realidad es que de momento es un hecho imposible para ellos. Como es de imaginar, son precisamente estas viviendas las que generan más negocio para Airbnb y otras compañías. Perder estas viviendas, a nivel de negocio, sería un duro golpe para la plataforma.
La ley, vigente desde este mismo agosto, ya se ha puesto en marcha en 84 casos contra particulares y siete contra las empresas anunciantes. Es en estos últimos donde ya se están planteando las sanciones que podrían alcanzar los 400.000 euros. ¿Y el resto de plataformas? La realidad es que ya son muchas las empresas que han encontrado su nicho de mercado en los anuncio de viviendas vacacionales a bajo coste. En otras palabras, ha dejado de ser un monopolio de Airbnb. Booking.com, Hundredrooms, Atreveo, Tripwell y Rentalia ya han hecho los deberes y han quitado de sus perfiles públicos todos los anuncios que no cumplían con la nueva ley.
