Barcelona ha sido la ciudad que empezó la guerra contra los pisos turísticos ilegales alquilados en plataformas como Airbnb, quien tuvo que ceder ante las presiones del Gobierno de la ciudad. Valencia siguió los pasos de la ciudad condal y lanzó una página web para denunciar los pisos vacacionales. Baleares ha sido el último en unirse y este martes 8 de agosto ha anunciado nuevas medidas contra el alquiler turístico.

La normativa exige que se frene el alquiler de pisos que estén en bloques plurifamiliares y solamente podrán comercializarse aquellas casas individuales que cuenten con una autorización expresa para ello.

Airbnb cede a la presión en Barcelona y eliminará los pisos ilegales

El Gobierno balear ha enviado una notificación a todas las plataformas de anuncios de pisos como Airbnb, Nima o HomeAway para avisarles de la nueva medida y de que tienen dos semanas para eliminar todos los anuncios de los inmuebles que no estén registrados. En el caso de que no se cumpla la nueva ley, las plataformas serían sancionadas con multas entre 40.000 y 400.000 euros. Los dueños de los pisos tendrían que afrontar sanciones entre los 20.000 y 40.000 euros.

Los inmuebles permitidos para alquilar a turistas deben contar con la licencia de la Conselleria de Turismo y tratarse de chalés, adosados o casas rústicas. A partir de este 8 de agosto, todos los propietarios deberán atenerse a la nueva medida y no podrán alquilar su piso a turistas sin un contrato de arrendamiento y el pago de al menos un mes de fianza.

El Gobierno balear ha puesto también a disposición de los ciudadanos una plataforma para que denuncien a los propietarios que no cumplan con la ley. Las denuncias no podrán ser anónimas y supondrán el inicio de la investigación por parte de los inspectores. Asimismo, se creará una aplicación móvil en la que se podrá saber si la casa o el piso que alguien pretende alquilar es ilegal o no.

Los consells insulars de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera tienen un año para decidir si permiten el alquiler de los pisos turísticos en las islas y bajo qué condiciones, como la duración o las zonas en las que estaría permitido.

Esta iniciativa se une a la impulsada por Barcelona, donde se estima que de sus 16.000 pisos turísticos un 40% no tiene permisos, al igual que en Valencia y en Madrid, donde el porcentaje asciende al 70%.

Los pisos sin ley de Airbnb

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