"Si el sistema de licencias urbanas de Barcelona sale adelante tendremos que irnos". Con estas palabras, el General Manager de Cabify, Mariano Silveyra, opinaba sobre el futuro de la compañía respecto a la nueva normativa que Ada Colau acaba de aprobar para el Área Metropolitana de Barcelona en referencia a la actividad de las licencias VTC. Barcelona en Comú, con el apoyo de PSC, PDeCAT, Esquerra y la Coup, más al abstención de Ciudadanos y el Partido Popular, ha dado luz verde a una normativa que traerá algo más que un dolor de cabeza a la alcaldesa de Barcelona.
Mucho antes de la sentencia del Tribunal Supremo y del Decreto Ley que el cesado presidente del Gobierno Mariano Rajoy se sacaba de la manga por la vía urgente, la alcaldesa de Barcelona tomaba la decisión de cortar por lo sano en lo que a guerra de taxis y VTCs se refiere. En el marco del Mobile World Congress de 2018, se aprobaba el texto preliminar que vendría a regular la gestión de licencias. Casi 3 meses después, y con las revisiones pertinentes, el Pleno daba su visto nuevo al sistema de "licencias urbanas". Un sistema que Silveyra ya ve replicado en diferentes ciudades de España y que, efectivamente, el sector del taxi junto a Podemos está intentando implementar en la capital del país.
Las mayores incógnitas de la reforma contra Uber y Cabify de Ada Colau
Un texto altamente restrictivo, el más limitante en lo que a licencias VTC se refiere superando incluso la última versión del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres de 2017. ¿Su objetivo? Asegurar que la normativa de la proporción 1/30, una licencia VTC por cada 30 de taxis, expuesta en el ordenamiento emitido por el Ministerio de Fomento se cumpla al pie de la letra. Una de las mayores consignas del taxi, junto al sistema de captación de clientes, que para compañías como Uber y Cabify supone solo una orientación más que una obligación en su cumplimiento. A fecha 1 de junio de 2018, Barcelona cuenta con 950 licencias VTC para 10.615 taxis, según las cifras del Ministerio de Fomento, lo que supone que las tasas se superen en algo menos de 600 licencias para Uber y Cabify.
La norma recién estrenada de Ada Colau busca limitar, de forma tajante, la cantidad de licencias que operan en el Área Metropolitana. Ahora bien, ¿cómo conseguir este objetivo? Las licencias VTC ya emitidas, la mayor parte de ellas por Tribunales, gozan de pleno derecho. Colau ha solucionado esta cuestión mediante la creación de un sorteo. Los vehículos con licencia VTC deberán solicitar una licencia urbana adicional en la que se referirá al titular y coche (matrícula y número de bastidor), sin posibilidad de transferirla a otros conductores. Los que no cuenten con la misma no tendrán opción de operar en Barcelona, independientemente de que la licencia VTC cuente con todos los derechos por parte del Ministerio de Fomento.
Fuera de las competencias de Colau
La aprobación de la licencia urbana no era una sorpresa para ninguna de las partes. El sector del taxi, como no podía ser de otra manera, ha celebrado la aprobación de la misma. Por su parte, Fomento no mira con buenos ojos el texto de la Alcaldesa de Barcelona.
Las opciones de que Fomento recurra el nuevo texto ante el juzgado de lo contencioso administrativo son muy numerosas. La limitación o regulación de la actividad de este tipo de licencias correspondería única y exclusivamente al Ministerio. De esta manera, este mismo se ha aprobado sin el visto bueno del mismo. Se abre ahora un proceso de análisis por parte de la institución del Estado para analizar las opciones que se abren en este momento.