Se abre una pequeña ventana en el futuro de Uber en Londres. Eso sí, pasaría por un endurecimiento de las normas que tendría que acatar la compañía en las calles de la capital británica.

Transport for London, entidad encargada de la gestión del sector en la capital, ha movido ficha en la batalla por los nuevos modelos de negocio en la ciudad después de negarse a la renovación de la licencia de Uber en Londres. Tras el posicionamiento de Theresa May, primera ministra británica, en contra de prohibir la actividad de la tecnológica en el país, pero sí de revisar la protección de los trabajadores en los nuevos sistemas de trabajo y el cambio de discurso de Uber han sido determinantes para la entidad. Dara Korosashahi, en un intento de conciliar las posiciones, asumió el papel erróneo que había llevado la compañía desde sus inicios haciendo especial hincapié en la seguridad y las cuestiones del espionaje a los funcionarios del gobierno británico.

En este contexto, TfL ha publicado un documento haciendo un análisis sobre las probables medidas que se tomarían si, llegado el caso, se devolviese la licencia a la tecnológica. Teniendo claro el marco en el que opera la entidad, donde los nuevos servicios han irrumpido de lleno en la industria de la mano de la tecnología para cambiar el paradigma del negocio de los transportes. Sistemas como el ride sharing, apuntan, "tienen potencial para influir en cómo se mueve la gente por las ciudades". Por ello, todo esto supone un reto en cuanto a legislaciones, licencias e impacto de los nuevos sistemas en el nuevo paradigma.

Al igual que ocurriese en el resto de geografías en las que Uber ha entrado de lleno, su irrupción ha supuesto toda una sorpresa para TfL. Pero, aclaran, que existe "la necesidad de imponer una claridad para garantizar que los estándares se mantengan y que los servicios contribuyan positivamente". Lo que implica, en cualquier caso, un cambio de la normativa actual.

Nueva normativa, reglas más duras

Pese a dejar la puerta abierta a la entrada, de nuevo, de Uber en la capital británica, TfL quiere poner unas normas muy estrictas a la compañía californiana y a los que puedan venir detrás. Su objetivo, apunta, es disuadir a terceros para que entren en la ciudad sin llegar a condiciones mínimas.

Entre sus objetivos estaría el incluir la obligación, para las compañías de coche compartido, de ofrecer servicios solo para mujeres con el objetivo de mejorar la seguridad. Otra de sus posibilidades sería la de obligar a estas compañías, principalmente a Uber, a compartir sus datos con el regulador. Un sistema similar al propuesto por la reforma del Rott de 2017 en España para proteger los intereses del taxi en el España y, según explican desde TfL, "comprender los patrones de uso de viajes y transporte en toda la capital". El texto también apunta a la posibilidad de ofrecer permisos limitados (ahora mismo son de 5 años) en cuanto al espacio temporal, un aspecto complementario al límite de 10 horas con descansos de 6 horas para los conductores de Uber en Londres.

Por supuesto abordan la propuesta de revisar la compleja cuestión de los derechos de los trabajadores que operan para estas compañías privadas y que tantos dolores de cabeza le ha dado a Uber en los últimos meses.