El Partido Popular no ha conseguido la mayoría de apoyo parlamentario necesario para investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. A pesar del acuerdo con Ciudadanos y el voto a favor de Coalición Canaria, que incluían medidas sobre ciencia, emprendimiento o propiedad intelectual, los 170 diputados han sido insuficientes para lograr la investidura. El PP experimenta así la misma fallida receta que probó Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, el pasado mes de marzo.
Los resultados de las elecciones del 26 de junio, como ya ocurriera en diciembre, dejaron un escenario de incertidumbre. Los posibles pactos de Gobierno apuntaban a un Gobierno en minoría de Mariano Rajoy si contaba con los escaños suficientes. La abstención de los socialistas o el apoyo de grupos nacionalistas eran puntos clave para lograr la investidura hoy. Ninguna de estas opciones se ha convertido en realidad, tal y como le pasó a Sánchez con el voto en contra del PP y Podemos. Mariano Rajoy ha recibido 180 votos en contra y 170 a favor.
Acuerdo en dos meses o terceras elecciones
Esta es la segunda vez en la historia reciente de la democracia que un candidato a la investidura no logra el apoyo suficiente. Antes de 2016, ningún político había perdido las dos votaciones que establece la Constitución en su artículo 99, mediante las cuales hay que obtener mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda votación, respectivamente, para resultar elegido. Ni Sánchez ni Rajoy lo han conseguido, si bien nos encontramos ante un contexto parlamentario inédito: nunca cuatro fuerzas políticas tuvieron su peso tan repartido como ahora.
El día de la primera votación de investidura, es decir, el pasado 31 de agosto, comenzó la cuenta atrás en forma de plazo de dos meses que marca la Carta Magna. Como explicaba a Hipertextual por aquel entonces Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional, "el artículo 99.4 establece que todo el proceso de investidura ha de empezar de nuevo". En otras palabras, el rey debe convocar a todos los grupos con representación en el Congreso y proponer, si pudiera, un candidato.
Si esto no sucede, como ocurrió en marzo ante la falta de confianza de la Cámara, se dejaría correr el tiempo hasta el próximo 31 de octubre. Agotado este período de tiempo, se disolverían las Cortes y se convocarían las terceras elecciones generales el próximo 25 de diciembre. En las últimas horas, sin embargo, el PP ha anunciado su apoyo a medidas para que los comicios no caigan en Navidad. Una opción plausible sería modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, una iniciativa inicialmente planteada por los socialistas que cuenta con el visto bueno de Unidos Podemos y Ciudadanos.
Vírgala, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), señalaba que "el rey está obligado, si no quiere provocar un conflicto constitucional, a proponer al líder político con mayores posibilidades de obtener la confianza parlamentaria". A partir de hoy, Rajoy podría volver a intentar su candidatura si consigue más apoyos en el Congreso, algo que podría suceder en función de los resultados de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre. Otra opción, aunque más compleja por el menor número de diputados, es que Sánchez trate de conseguir los votos necesarios para ser propuesto como candidato y ser investido.
"Si en el plazo de los dos meses siguientes a la primera votación de investidura uno de esos candidatos se asegurara ese apoyo, el Rey estaría obligado constitucionalmente a proponerlo. Es irrelevante si ya lo ha hecho antes o no", comentaba el jurista. La Constitución tampoco impide que haya un candidato independiente, incluso sin haber sido elegido representante en el Parlamento. Esta posibilidad, sin embargo, es todavía más remota, dado que los partidos deberían acordarlo y asegurar al rey su apoyo a esta persona. El Jefe de Estado, por las funciones que le otorga la Carta Magna, no puede participar en este proceso para consensuar un posible candidato independiente. Los resultados arrojados hoy tras la votación marcan, medio año después, un escenario de completa incertidumbre en el que los partidos políticos deberán trabajar y dialogar para no repetir de nuevo los comicios.