El acuerdo firmado hoy por Pedro Sánchez y Albert Rivera ha dado a conocer un documento de 66 páginas que incluye medidas en diversos campos como la educación, la sanidad, la fiscalidad, el empleo o la propiedad intelectual. El pacto entre PSOE y Ciudadanos es insuficiente por el momento para garantizar la investidura de Sánchez al sumar únicamente 130 escaños. Estas son las claves del acuerdo en materia de ciencia, tecnología y emprendimiento:
Ciencia
Promover un acuerdo social y político por la investigación, en consonancia con el Pacto por la Ciencia promovido por el colectivo Carta por la Ciencia y firmado por todos los grupos parlamentarios a finales de 2013, con la excepción del Partido Popular.
Aumentar la inversión en I+D: el pacto entre PSOE y Ciudadanos se marca como fin mantener el objetivo europeo del 3% del PIB en gasto en ciencia y en la inversión en educación universitaria. La propuesta también incluye una promesa electoral de los socialistas: defender la "regla de oro" ante las instituciones europeas, para que la inversión en investigación no compute dentro del déficit. En cuanto al gasto privado en I+D, el pacto plantea una reforma del sistema de deducciones fiscales para empresas con el fin de estimular la inversión de la industria.
Favorecer la transferencia de tecnología entre universidad y empresa. En ese sentido, el acuerdo contempla el establecimiento de una red de institutos tecnológicos donde se realice investigación aplicada, de forma similar a la red alemana Fraunhofer.
Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el presidente del Gobierno. Como adelantamos en Hipertextual, la propuesta -incluida también en el programa del PSOE- no aclara si conllevaría la eliminación o sustitución de las dos entidades encargadas actualmente de coordinar el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Estas son el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Establecer un plan de retorno de 10.000 investigadores, proyecto que supondría una inversión de 1.500 millones de euros, según afirmó María González Veracruz durante el debate COTEC. La propuesta socialista de retorno también es similar a la ideada por Podemos con la convocatoria Margarita Comas. Además el acuerdo incluye una promesa de Ciudadanos, al pedir la creación de "las condiciones para [...] la atracción de investigadores de primera línea mundial".
Reformar la Agencia Estatal de Investigación, una entidad que organizaciones como COSCE plantearon que fuera "independiente del gobierno de turno". El documento también incluye que el CDTI se transforme en la Agencia Estatal de Innovación y la dedicación del 3% de la inversión pública a compra pública innovadora, primando criterios de sostenibilidad ambiental.
Proponer el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) para regular la carrera científica, que también priorice los méritos de investigación y utilice los sexenios como criterio mínimo de calidad. El documento recoge además una idea de Ciudadanos y UPyD en relación a la endogamia, al abordar la incorporación de "periodos obligatorios en otras universidades" y el incentivo de la internacionalización de los científicos. Asimismo, se plantea el establecimiento de un "plan especial para reparar los efectos de las limitaciones en la tasa de reposición".
Emprendimiento
Impulsar un plan de racionalización administrativa que elimine las trabas a los emprendedores y a la creación de empresas. En cuestiones fiscales, además, se añade una reforma de coherencia tributaria respecto a los ingresos y una ampliación de la Ley de Segunda Oportunidad. También plantean como objetivo aumentar el tamaño de las empresas con la elevación de umbrales en el plano impositivo y contable.
Promover los fondos de inversión público-privados: Generar líneas de financiación a través de Fondos Invierte, ICO, ENISA, CDTI o COFIDES, los cuales serán revisados, en coalición con grandes corporaciones. Su enfoque estará destinado a sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales. Además de la implantación del plan Juncker para la inversión.
Regular la economía colaborativa. Se congregará a expertos, empresas e instituciones para identificar los problemas y posibles soluciones para su implantación en nuestro país.
Elaborar una estrategia estatal para emprendedores tecnológicos, con el fin de reformar la Ley de Emprendedores en aspectos como tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels o reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada. También se creará un Observatorio para la Productividad y la Competitividad.
Impulsar el crowdfunding modificando la Ley de Financiación Empresarial. El objetivo de PSOE y Ciudadanos es aumentar los límites de inversión, por un lado y, por otro, incorporar medidas de transparencia para que disminuya el riesgo de los inversores.
Crear una Agencia de apoyo a PYMES, que seguiría el modelo del Small Business Services de Reino Unido o el banco único para PYMES de Luxemburgo. El ICO se transformaría además en un "banco público de inversiones", según señalan en el documento.
Reformar la ley de mecenazgo para mejorar los incentivos fiscales tanto del mecenazgo, como de la filantropía o el micromecenazgo.
Energía, clima y tecnología
Inclusión de los derechos digitales como derechos constitucionales, junto con otros como la información pública o el medio ambiente. Se propone regular la formación digital, el derecho a la neutralidad de red, el derecho a la privacidad y protección de datos personales, así como las comunicaciones electrónicas.
Apostar por la transformación digital: implantación de la banda ancha de alta velocidad en todos los hogares españoles y en el grueso de PYMES y administraciones.
Combatir la obsolescencia programada mediante el fomento de la "reparabilidad de los productos".
Acordar un pacto de estado por la energía, en el que se incluya una Ley contra el Cambio Climático, una moratoria del fracking, la promoción de emisiones-cero y el cierre progresivo de centrales nucleares cuando cumplan 40 años de vida.
Reformar el Real Decreto 900/2015, incluyendo el conocido como impuesto al sol.
Eliminar el impuesto de matriculación y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno. Esta propuesta favorecerá a los coches eficientes y por ende a los eléctricos/híbridos.
Desarrollar el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (smart cities) y crear un consejo asesor de ciudades inteligentes.
Recuperar y desarrollar la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad. Considerar al agua como derecho y bien ambiental, mediante la "garantía efectiva" del agua como "mínimo vital", la priorización de los territorios afectados por la sequía y la aprobación de un plan de restauración de ríos y humedales y de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua.
Fomentar la economía circular, con el impulso del objetivo de "vertidos cero", la trazabilidad y la concienciación social respecto a los residuos.
Implantar un plan nacional de big data en salud y un plan estratégico de tecnologías sanitarias. Los objetivos, según el acuerdo hoy firmado, son aumentar la eficiencia del gasto en sanidad y la renovación tecnológica con criterios de evidencia científica, calidad y eficiencia, tres aspectos contemplados también en el programa de Ciudadanos.
Reformar la Constitución, en la que incluyen la revisión de las bases del sistema electoral con el objetivo, entre otros aspectos, de facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico.
El acuerdo firmado hoy ha sido criticado por el Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida, que han anunciado su rechazo al documento. En ese sentido, Íñigo Errejón ha comentado que el partido de Pablo Iglesias rompe las negociaciones con el PSOE. En el escenario en el que nos encontramos, el previsible fracaso en la investidura de Sánchez abocaría a una situación nunca vista marcada por la incertidumbre. Según la Constitución, la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral se produciría dos meses después del primer debate de investidura, por lo que podrían convocarse nuevos comicios para el próximo 26 de junio.
Las próximas horas serán claves para comprobar si el documento consensuado entre socialistas y Ciudadanos se queda en "papel mojado" o, por el contrario, sirve de base para la conformación de un gobierno. En ese caso Pedro Sánchez necesitará contar con la abstención o el voto a favor de Partido Popular para ser investido presidente. De no ser así, volveríamos a la casilla de salida.