El acuerdo firmado hoy entre Pedro Sánchez y Albert Rivera contempla 66 páginas de medidas en diferentes ámbitos. Entre otros aspectos, las dos formaciones plantean el impulso de un pacto en materia de educación y cultura, con la reducción del IVA cultural al tipo mínimo (10%) o la reforma de la ley de mecenazgo.

PSOE y Ciudadanos también incluyen la reforma de la ley de propiedad intelectual en su acuerdo, con el establecimiento de las siguientes medidas:

  • Apuesta por la vía administrativa para luchar contra la piratería.
  • Establecimiento de una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual.
  • Promover la digitalización de fondos y el acceso a contenidos legales.
  • Canon digital: modificación de los artículos 25 y 31.2 del TRLPI relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito, para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno.
  • Campañas educativas en colegios "para concienciar a los escolares de la necesidad de respetar la propiedad intelectual y explicarles el valor de las industrias culturales".

Las medidas han sido calificadas por el abogado **David Maeztu como "más Ley Sinde", en línea con las afirmaciones realizadas por Carlos Sánchez Almeida. "Pactan reforzar la ley Sinde y endurecer la lucha contra la piratería con fiscales especiales", sostiene.

Por su parte, Sergio Carrasco, abogado especializado en nuevas tecnologías y presidente de la Asociación Derecho en Red, comenta a Hipertextual que "el acuerdo vuelve a utilizar como base el falso mantra de que el autor se encuentra desprotegido. Con sus derechos garantizados en la Ley, lo que les permite acudir a Juzgados y Tribunales, y el más que dudoso procedimiento que se habilitó en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, decir que se encuentran desprotegidos es faltar a la verdad". Según Carrasco, "si algo ha demostrado lo que se ha hecho hasta ahora es que utilizar mecanismos de represión abusivos y poco pensados tiene poca efectividad, como ha quedado demostrado por el bajo número de resoluciones que ha tenido la Comisión".El abogado Sergio Carrasco sostiene que el acuerdo no se centra en el verdadero problema: "la necesidad de promocionar nuevas vías de negocio"

No es la única crítica que plantea el jurista. Sergio Carrasco también apunta que "reforzar la vía administrativa no es el camino a seguir", pues en sus propias palabras, "no hace más que crear una vía excesivamente privilegiada para la protección de derechos que deberían ser reclamados en vía judicial". Por el contrario, las campañas de concienciación "sí son necesarias", aunque la sensación general del abogado es que "se quiere continuar por un camino que no va a contentar a los autores, reforzando medidas que ya habían sido criticadas cuando se implantaron, y no centrándose en los verdaderos problemas: la necesidad de promocionar nuevas vías de negocio".

En opinión de Carrasco, "si solo se escucha a los autores, se acabará como con el Canon AEDE, con una figura que no ha servido para nada más que obligar a cerrar un servicio útil y que les servía de promoción, y sin que al final los autores obtengan ninguna compensación por ello". El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, de acuerdo a las valoraciones consultadas por este medio, vuelve a escuchar solo a una parte del sector creando a su vez muchos obstáculos injustificados al desarrollo de nuevos servicios tecnológicos.