Tras el tiroteo que tuvo lugar hace dos semanas a la salida de una iglesia baptista en Texas, Estados Unidos, los investigadores se encuentran ahora con la necesidad de recabar los máximos datos posibles acerca del atacante, dueño de un iPhone. Esto vuelve a reabrir la problemática existente entre las peticiones del Estado a Apple en materia de seguridad y lo que la compañía está dispuesta a ofrecer.

La relación entre Apple y las autoridades estadounidenses comienza a ser, por desgracia, recurrente. Los últimos acontecimientos acaecidos en suelo norteamericano han puesto a las fuerzas de seguridad del país y a la compañía de Cupertino en una complicada tesitura que no cuenta con una solución del todo sencilla al no poder existir un procedimiento único para obrar de igual manera en todos los casos.

Después de la masacre de San Bernardino, las críticas cruzadas entre Apple y el FBI fueron muchas y un rango de tonos de lo más diverso, llegando a adquirir trascendencia internacional. Finalmente, el FBI logró desbloquear el iPhone del atacante –no sin pocos esfuerzos– haciendo uso de un servicio de terceros, que luego también fue utilizado para extraer información de la española desaparecida Diana Quer.

Protegiendo a los usuarios, no a los delincuentes

Desde el FBI, después del ataque de San Bernardino y las tensas conversaciones con Apple, se vertieron graves acusaciones contra la compañía dirigida por Tim Cook en unas afirmaciones que acusaban a esta de ser la marca que los delincuentes elegirían para planificar sus ataques debido a la inaccesibilidad de los datos. La respuesta de Apple fue la de asumir la responsabilidad de denegar la creación de cualquier vía para penetrar en el software, alegando que no se podía prever un correcto uso en el futuro.

Sin embargo, los casi dos años que han pasado desde la tragedia de San Bernardino podrían haber cambiado algunas cosas. Por lo pronto, Apple habría comunicado su predisposición para ayudar en el acceso al terminal, lo cual podría indicar la existencia una manera de hacerlo sin que esto implique crear una "puerta trasera" que derivase en comprometer los datos de los usuarios de iOS a largo plazo.

En este punto radica la política de la compañía, donde el objetivo de preservar la seguridad de sus millones de clientes a lo largo y ancho del mundo prevalece por encima de órganos estatales como el FBI. Con un tinte inevitablemente polémico, la colaboración entre Apple y las autoridades de Estados Unidos en este nuevo caso podría ser el primer paso de una nueva etapa en la relación entre ambas partes ante unas situaciones que ojalá no tuvieran que darse.