El veto de Trump a refugiados e inmigrantes de varios países musulmanes, como Siria, Irán, Sudán, Libia, Yemen, Irak y Somalia, limita "temporalmente" su entrada a Estados Unidos. Justo después de la firma del decreto con el que van a comenzar las obras de construcción del nuevo muro que separe la frontera entre el país norteamericano y México. Este bloqueo, desoído por la ya ex-fiscal general, Sally Yates, le valió el despido, ya que pidió al Departamento de Justicia que no defendiera este decreto al considerlo ilegal.
Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR) es una organización musulmana que ha denunciado al gobierno de Trump, argumentando que es inconstitucional. Esta demanda se suma a la presentada por ACLU, una organización de derechos civiles. Las deportaciones fueron suspendidas temporalmente desde el sábado gracias a su demanda, así como a la presentada por el Estado de Washington. Paralelamente, varias organizaciones en defensa de inmigrantes latinos, sindicatos y rabinos judíos salieron de sus casas para posicionarse contra una medida que consideran xenófoba e injusta, junto a otros protestantes espontáneos.
