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Fuente: Pixabay

En apenas una semana, Donald Trump ha superado todas las expectativas. Los primeros días de su mandato se han caracterizado por el anuncio de las primeras medidas que desmantelan el legado de Obama, como la lucha contra el cambio climático o la asistencia sanitaria, y por sus continuos ataques a la prensa. Durante la tarde del pasado viernes, el presidente de Estados Unidos firmó un decreto que suponía de facto un veto a los musulmanes de siete países diferentes, incluyendo aquellos que contaran con un permiso de residencia. El republicano cruzaba así una línea roja que muchos no creyeron que fuera capaz de sobrepasar.

Horas después, una jueza federal suspendía temporalmente la aplicación de la orden ejecutiva de Trump. La decisión permitía el paso de las personas con visa detenidas en los aeropuertos de EEUU, más de un centenar, según las estimaciones. La anulación del veto musulmán, pese a no ser definitiva, suponía una victoria para la organización que llevaba horas peleando contra la política antirrefugiados e inmigrantes impulsada por Donald Trump. Y no hay duda de que deja un gran sabor de boca en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), y en las decenas de abogados que, voluntariamente, trabajaron sin descanso desde las terminales a favor de los retenidos.

Una histórica lucha por los derechos civiles

El trabajo de la ACLU, sin embargo, viene de lejos. Tras el final de la I Guerra Mundial, y ante el temor de que la Revolución rusa se extendiera al otro lado del Atlántico, el fiscal general A. Mitchell Palmer comenzó a perseguir, detener y deportar de forma sistemática a sospechosos vinculados con los movimientos de izquierda y anarquistas del país entre 1919 y 1920. Miles de personas fueron arrestadas y quinientas fueron expulsadas de Estados Unidos, sin ningún tipo de garantía ni protección de sus derechos fundamentales y libertades públicas. En ese contexto de histeria colectiva nació precisamente la ACLU.

La evolución de la organización, que está a punto de cumplir un siglo, es meteórica. Desde aquellos idealistas que se agruparon para proteger los valores promulgados en la Constitución de Estados Unidos, la ACLU ha llegado a contar en la actualidad con más de 750.000 miembros y doscientos abogados empleados, a los que se unen los letrados que colaboran con la entidad de forma voluntaria y altruista.

Muchos de ellos estaban precisamente trabajando en los aeropuertos durante el fin de semana, pagándose incluso pasajes de avión para acceder a las zonas de las terminales donde permanecían los detenidos por culpa del decreto de Trump.

No es la primera vez que la ACLU se erige en defensa de los derechos civiles. Después de los ataques del fiscal Palmer, la organización saltó a la fama en 1925 por contratar a un profesor de Biología, John T. Scopes, para que enseñara la teoría de la evolución en los colegios de Tennessee, el estado que previamente había prohibido divulgar las ideas de Charles Darwin. El maestro fue llevado a juicio y declarado culpable, aunque la sentencia se revocó tiempo después por defectos formales. El caso Scopes fue recogido por la prensa a nivel nacional y sirvió para que la ACLU fuera reconocida como una organización que defendía los derechos fundamentales, incluida la libertad de cátedra.

La entidad también peleó contra la decisión del presidente Franklin Roosevelt de encerrar a miles de personas de origen japonés, incluidos cientos de ciudadanos norteamericanos, en campos de concentración internos tras el ataque a la base de Pearl Harbor. La lucha contra la discriminación por cuestión de raza, orientación sexual o de género ha sido una constante en la actividad de la ACLU. Aunque su trabajo no ha estado exento de polémica: en 1978, la entidad defendió el derecho de manifestación de un grupo de nazis por un barrio de Chicago en el que vivían numerosos supervivientes del Holocausto. Pese a las críticas, la ACLU defendió que el gesto fue "una demostración de su compromiso con los derechos constitucionales, que deben aplicarse a todos, incluso a los grupos más impopulares".

Millones de dólares en donaciones

Además de su defensa de la libertad académica para enseñar la evolución, la ACLU también ha saltado a la palestra en algunos de los casos más polémicos del sector de la biotecnología. En particular, la asociación llevó a los tribunales a la empresa Myriad Genetics, una compañía famosa por patentar genes relacionados con el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero. Los abogados de la ACLU apoyaron en esta ocasión a la Asociación de Patología Molecular de Estados Unidos, que defendía la invalidez de las patentes de ADN según el ordenamiento jurídico norteamericano. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que tumbó las patentes de Myriad alegando que no era posible proteger secuencias genéticas aisladas de la naturaleza. El planteamiento es similar a lo dispuesto por la Unión Europea, que no permite patentar genes a no ser que las secuencias de ADN hayan sido aisladas "de su entorno natural" y cumplan los requisitos generales de patentabilidad.

Por otro lado, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, la ACLU se ha caracterizado por una defensa aún más marcada de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de EEUU. La Patriot Act fue promulgada durante la administración de George W. Bush con el objetivo de mejorar la lucha contra el terrorismo y aumentar la seguridad, pero su puesta en marcha también ha restringido las libertades civiles y las garantías constitucionales, según organizaciones como la propia ACLU. El decreto firmado por Trump el pasado viernes fue defendido con la misma idea de proteger al país frente a supuestos ataques terroristas. Sin embargo, como ha hecho a lo largo de toda su historia, la ACLU y otras entidades llevaron a los tribunales la polémica decisión que bloqueaba la entrada de individuos procedentes de Iraq, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

Las protestas civiles organizadas ante el veto musulmán, apoyadas incluso por Barack Obama, fueron el prolegómeno de una larga batalla judicial. La victoria temporal, pero no definitiva, de la ACLU ha disparado las donaciones para sufragar el trabajo de la organización. Según informa Univisión, la entidad recaudó más de 24 millones de dólares durante el fin de semana, gracias al apoyo de cantantes como Sia, el director de cine Judd Apatow, el músico Jack Antonoff y el actor Zach Braff, entre otros personajes públicos.

También la compañía Lyft, que se ha marcado un tanto frente a Uber, anunció la donación de un millón de dólares para la ACLU. Según The Washington Post, la suma multiplica por seis la financiación anual con la que cuenta la entidad. Las donaciones permitirán a la ACLU continuar su trabajo, que se prevé largo e intenso tras los primeros y frenéticos días de Trump en la Casa Blanca.