Las criptomonedas son el sostén financiero de organizaciones ilícitas en todo el mundo. Solo el año pasado, se enviaron al menos 24.200 millones de dólares a direcciones de wallets o carteras cripto vinculadas a estas. Son fondos relacionados con estafadores, terroristas y grupos que comercializan material sobre abuso infantil, señala el último reporte de la firma de investigación Chainalysis.
Las criptomonedas les permiten a los delincuentes saltarse casi todos los controles del sistema financiero convencional. La tecnología blockchain todavía ofrece cierto anonimato a quienes envían y reciben dinero por esta vía, identificados únicamente por las direcciones de sus billeteras.
Chainalysis dijo que los 24.200 millones de dólares reportados son una subestimación, y que es probable que el monto aumente a medida que identifiquen más direcciones ilícitas. Ya sucedió en su informe de 2022. Habían estimado un volumen de transacciones de 20.600 millones de dólares, pero esa cifra finalmente alcanzó los $39.600 millones.
La mayoría de estas direcciones están asociadas a entidades o países sancionados por Estados Unidos por delitos vinculados con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Por ejemplo, fondos relacionados con Irán y Rusia. Combinadas, estas direcciones sumaron un estimado de 14.900 millones de dólares en 2023, el 61,5 % de todo lo reportado por los expertos.
Las criptomonedas, el ransomware y la Darknet
El reporte destaca que el dinero gestionado por estafas y piratería de criptomonedas cayó en 2023. Caso contrario al de los ataques de ransomware —secuestro de datos— y las actividades ilegales en la Darknet, que han incrementado su caudal económico. «Son dos de las formas más destacadas de criptodelito que registraron un aumento de los ingresos en 2023», dice el informe. Chainalysis explica que es probable que los atacantes se estén adaptando poco a poco a las mejoras en ciberseguridad de las organizaciones.
En los mercados de la Darknet destacan quienes comercializan contenido de abuso sexual infantil. Los investigadores revisaron unas 400 carteras de criptomonedas de vendedores de este tipo de material que estuvieron activas en los últimos cuatro años. De esta forma, identificaron que más de 10.000 compradores les enviaron fondos en 2023. Para este apartado de la pesquisa, la firma se asoció con otras organizaciones como la Internet Watch Foundation (IWF).
El análisis destaca que los vendedores de pornografía infantil usan cada vez más herramientas confidenciales que dificultan el rastreo del dinero en la blockchain. Por ejemplo, los mixers o mezcladores, como en su momento sucedía con Tornado Cash, o las criptomonedas privadas como Monero.
Surgieron relativamente pocos proveedores nuevos de estos contenidos ilegales en 2023: solo 43, en comparación con 112 en 2022. Pero el reporte advierte que estos comerciantes parecen durar más que nunca en línea. En promedio, los vendedores permanecieron online 884 días, frente a los 560 días de 2022 y los 112 días de 2020.
«¿Cómo es posible que tantos proveedores de contenido de abuso sexual infantil puedan persistir durante tanto tiempo?», señala Chainalysis. El dato sugiere que estos actores están accionando con relativa impunidad. «Las criptomonedas son la opción dominante para los compradores y vendedores de contenido comercial de abuso sexual infantil», comentó Tamsin McNally, directora de la línea directa de IWF. Por eso, apuntó, han creado una unidad especial para continuar la investigación en este sentido.
Las monedas estables en apogeo
Los datos de Chainalysis no incluyen delitos «no nativos criptográficos». Por ejemplo, los pagos con criptomonedas relacionados con el tráfico de drogas. Tampoco aquellos fondos asociados con plataformas cripto acusadas de fraude que todavía no tengan condenas judiciales firmes.
Un dato clave: las criptomonedas estables o stablecoins se han vuelto más dominantes en los últimos dos años. Ahora representan la mayor parte de todo el volumen de transacciones ilícitas, dijo Chainalysis. Incluso, por encima del Bitcoin. Algunas actividades ilícitas, como las ventas en los mercados de la Darknet y la extorsión con ransomware, todavía se llevan a cabo predominantemente con BTC. Otros, como las estafas y las transacciones asociadas con entidades sancionadas, han pasado a las monedas estables.
Incluso las entidades en jurisdicciones sancionadas o involucradas con el financiamiento del terrorismo prefieren las criptomonedas estables. Estas organizaciones «pueden enfrentar más desafíos para acceder al dólar estadounidense a través de medios tradicionales, pero aún quieren beneficiarse de la estabilidad que proporciona esta divisa», indican los especialistas. Las prefieren incluso a pesar del riesgo de que los emisores de stablecoins congelen los fondos cuando se den cuenta de su uso ilícito. Así lo hizo recientemente Tether, la firma detrás de USDT, con direcciones vinculadas al terrorismo y las guerras en Israel y Ucrania.
Un informe de las Naciones Unidas advirtió esta semana, precisamente, que los intercambios de criptomonedas no regulados se han convertido en «piezas fundamentales» del financiamiento del crimen organizado. Específicamente, en el sudeste asiático.
«La expansión de la economía ilícita ha requerido una revolución tecnológica en la banca clandestina para permitir transacciones anónimas más rápidas, la combinación de fondos y nuevas oportunidades comerciales para el crimen organizado», dice la ONU en el reporte. Si no se actúa ahora, alerta, «las consecuencias se verán en el Sudeste Asiático y más allá».