Las grandes operadoras del viejo continente se han comprometido a poner en marcha redes de alta velocidad 5G en al menos una ciudad en todos y cada uno de los países de la Unión Europea para el año 2020. Es una de las partes del manifiesto firmado por los máximos responsables de Vodafone, Deutsche Telekom, BT Group, etc. Pero las operadoras, velando por sus intereses, ven crucial como contrapartida de una mayor inversión una mayor flexibilidad en la nueva normativa impulsada por la Unión Europea sobre la neutralidad de la red.
Y es que la nueva regulación ha reavivado una guerra de trincheras entre los tres bandos involucrados: operadoras, activistas y servicios como Netflix o Amazon. El acceso a redes de alta velocidad y una latencia mínima son clave para el despliegue de importantes avances tecnológicos como la conducción autónoma, tal y como detallan las operadoras, pero su avance y desarrollo será lento si la normativa no se adapta, detalla el manifiesto de la alianza al que accedió Financial Times.
La nueva y restrictiva normativa, según las operadoras, de neutralidad de la red, principio por el cual las redes deben tratar todos los datos por igual, choca frontalmente con una mayor inversión debido al dudoso retorno de la misma que supondría al limitar sus acuerdos con determinados servicios y favorecerlos.
"Las inversiones serán seguramente retrasadas hasta que los agentes reguladores no tomen una actitud en pos de la innovación y la mantengan", amenaza en el manifiesto el elenco de operadoras.
Al otro lado del cuadrilátero, los activistas creen que un internet gobernado por las operadoras mataría al propio internet, que ya no sería abierto y estaría a juicio de que el que controle la red de prioridad, censure o modere un determinado tipo de contenido.
La historia se repite. Las operadoras buscan una supuesta igualdad que fomente la competitividad. quieren que las reglas del juego sean las mismas para ellos que para WhatsApp o Netflix, pero en verdad todo es más sencillo: quieren seguir teniendo el control que tenían antes y el poder de las redes para generar ingresos con los servicios. El problema es que ese trozo del pastel ya lo tienen otros, y será difícil que la normativa lo cambie.
Por otro lado, las operadoras quieren defender sus intereses y no ven con buenos ojos que empresas de servicios facturen miles de millones de dólares empleando sus costosas redes sin pagar ni un euro.