Las ayudas articuladas a partir del plan Next Generation de la Unión Europea poco a poco se van desbloqueando. Junto al Kit Digital, planteado por el Gobierno para renovación de las PYMES en el entorno digital, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC) acaba de ser aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El plan, que como su propio nombre indica, estará destinado a desarrollar la industria de fabricación de vehículos eléctricos y sus componentes al sur de Europa. Con estas ayudas, el Gobierno tiene en agenda movilizar un total de 11.900 millones de euros de inversión entre los agentes privados y públicos. Y si bien por la primera parte aún están por ver la reacciones, ya conocemos la dotación pública. Next Generation EU destinará al coche eléctrico fabricado en España un total de 2.975 millones de euros. De estos, 1.425 serán en forma de préstamo y 1.550 como subvención.

Junto con el plan MOVES para incentivar la compra de coches eléctricos en el país, el objetivo es movilizar 24.000 millones de euros antes de que termine 2023. Los solicitantes de las ayudas del PERTE para coches eléctricos tendrán, además, hasta ese mismo año para solicitar las cuantías y hasta el 30 de septiembre de 2025 para poner en marcha sus proyectos.

La letra pequeña para la concesión de las ayudas del PERTE a los vehículos eléctricos

PERTE al vehículo eléctrico
Foto por CHUTTERSNAP en Unsplash

Como cualquier otra ayuda vinculada a los planes Next Generation EU, la letra pequeña para acceder a las ayudas es importante. El objetivo del Gobierno para estas ayudas es el de fomentar la creación de empleo y la diversificación de los fondos entre el grupo empresarial más numeroso de este país: las PYMES. Sin embargo, entre los grandes fabricantes de coches –eléctricos o no– las figuras tienen un perfil internacional.

Para solventar esta cuestión, el PERTE para coches eléctricos apunta a que las ayudas solo estarán destinadas a grupos empresariales concebidos expresamente para el acceso a las ayudas. De estos, mínimo el 40% de los que formen parte deberán estar considerados como PYMES. El nuevo grupo empresarial, concebido como una suerte de consorcio, no tendrá personalidad jurídica y deberá formalizar un acuerdo antes de presentar la solicitud de ayudas.

No entran en este grupo la parte comercial de la cadena, que se queda fuera de la concesión de las ayudas europeas

Es importante matizar que ninguna de las empresas que forme parte de este nuevo "grupo" podrá formar parte del mismo conglomerado. Es el requisito que, a ojos del Gobierno, garantiza que las ayudas lleguen a todas las capas del tejido industrial. Mínimo, además, tendrán que aglutinar empresas de dos Comunidades Autónomas a fin de distribuir los fondos por todo el país.

Por otro lado, al menos una de las integrantes del consorcio deberá estar dedicada a la fabricación de vehículos de motor y otra a la fabricación de piezas, componentes y accesorios. Al menos uno de los que forman parte del grupo debe estar capacitado para la gestión de actividades I+D+i. No entran en este grupo la parte comercial de la cadena, que se queda fuera de la concesión de las ayudas europeas.

La lenta transición a la fabricación del coche eléctrico

PERTE al vehículo eléctrico

Uno de los primeros beneficiados del PERTE a los coches eléctricos en España ya tiene nombre y destino. La fábrica de SEAT, tanto en Martorell como en Pamplona, podrá fabricar un total de 900.000 coches eléctricos a partir de 2025. Es de esperar que Ford, con su planta en Valencia, también acuda a las ayudas del PERTE a los coches eléctricos.

Aunque la idea del Gobierno es también incentivar una industria que venía de una racha de cierres de persiana. Nissan, en Barcelona, fue la última en abandonar el mercado para optar por regiones más competitivas. Todo apunta a que el hueco será ocupado por Volkswagen que, sin una ubicación definitiva, tiene planteada una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos.

Con todo, la industria –con ayuda pública– está encaminada al objetivo planteado por el Gobierno y que está lejos de cumplirse. 2035 será el año en el que la venta de coches de combustión esté prohibida en el país. Una decisión acuñada bajo el ala de Naciones Unidas y seguida por los 6 grandes fabricantes de coches.

El caos de las cifras detrás de los millones de las ayudas

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Foto por Michael Marais en Unsplash

Que las ayudas a la promoción del coches eléctrico son una buena noticia no lo duda nadie. No solo para la transición de la flota de vehículos en España, también por la recuperación de un sector productivo y la promoción en innovación y empleo que las ayudas pueden reportar a medio plazo. Según la la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el PERTE al vehículo eléctrico podría generar un total de 140.000 empleos –directos e indirectos– y un impacto de entre el 1 % y el 1,7 % en el PIB. Buenas cifras como punto de parte.

Sin embargo, la alargada sombra de la duda se cierne sobre las bases que se han tomado para dotar de millones públicos a la industria del automóvil. Se repite hasta la saciedad la cifra que la patronal del automóvil, la Anfac, abandera para su negociado. Según sus cifras, el automóvil ocupa en España casi un 11% del PIB. Más que en Alemania, el primer productor de Europa, donde esta cifra se sitúa en el 3 %.

No es la primera vez que esta cifra se encuentra contra las cuerdas, como explica el diario.es. Sin tener muy claro cómo hace la cuenta la Anfac para hablar de este dato tomado como base para cualquier pronunciamiento, la conclusión es que para obtener esa cifra se hace una cuenta acumulada de todos los factores de la producción. De esta manera, los beneficios e implicación en el PIB de cada una de las partes se tiene en cuenta por duplicado. Dando como resultado lo abultado de su impacto.

Como conclusión, los analistas apuntan a que la cifra estaría más en torno al 2,8% de impacto en el PIB. Y recordando que este dato incluye la división comercial de la industria. Una que ocupa casi la mitad de la actividad y empleos y que, recordemos, no se ha tenido en cuenta para la dotación de ayudas pero sí para su peso sectorial.