Luz verde a la Ley Rider en el Congreso de los Diputados. No era una sorpresa, en cualquier caso. La agenda de hoy jueves tenía como objetivo la aprobación del real decreto ley atascado desde hace meses en las propuestas de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El texto, que ha sido aprobado por mayoría con el voto en contra de todos los partidos de la oposición, será tramitado como proyecto de ley para que los partidos puedan interponer enmiendas al texto.
Unas enmiendas que llegarán sí o sí. Vox, en la cara opuesta a la bancada de Yolanda Díaz, ya ha anunciado que recurrirá el texto de la Ley Rider ante el Constitucional. Una decisión que no ha pasado desapercibida ante los miembros del congreso. Si bien el diputado de Vox, Juan José Aizcorbe Torra, ha comenzado argumentando que su recurso ante el Constitucional viene dado por la vía de urgencia por la que se ha encauzado la ley, la realidad es que la posición del partido viene dada por el apoyo a las plataformas afectadas por la regulación.
También apuntan a una falta de diálogo con las partes que ha dejado fuera a la mayor parte de los afectados. Si bien el colectivo rider ha estado representado por los grandes sindicatos, dejando a un lado a los pequeños colectivos, tanto unos como otros han tenido voz en la discusión de la Ley Rider. Fue, de hecho, la CEOE la que decidió bajo acuerdo las peticiones de Trabajo: riders contratados e información sobre el algoritmo que gestiona su trabajo.
Tras esta decisión, Glovo salía de la CEOE y anunciaba la creación de su propia sociedad para defender los derechos de las plataformas delivery.
Jueces sí, 'riders' no
Sea como fuere, y con un futuro recurso ante en Constitucional, Díaz tiene de su lado el posicionamiento del Supremo. Con dos sentencias en contra de Glovo y Deliveroo por falsos autónomos, la nueva ley de la Ministra de Trabajo entra a trámite más fuerte que nunca: con el apoyo de los jueces.
Los que seguro no apoyan a Díaz son los miembros del colectivo rider. Eso es un hecho. Ni los que rechazan la fórmula de autónomos, ni los que la apoyan.
Los primeros, liderados por Rider x Derechos, apuntan a que la Ley Rider se ha quedado corta y es ambigua. Solo afecta al sector de los repartidores, dejándose fuera a otros afectados por el modelo de plataformas. La inclusión de la opción de la subcontratación sin determinar unos límites claros apuntan a que podría suponer una precarización aún mayor de la figura del rider.
Los que nunca quisieron una fórmula de contratación directa por parte de las plataformas no han dudado en expresar su rechazo. Con una serie de manifestaciones frente al Congreso, la plataforma APRA junto con Repartidores Unidos ha vuelto hoy a congregarse ante las puertas de la Institución para pedir el "no" a la regulación.
“Estamos rodeados de compañeros y compañeras que dejarán de ser repartidores las próximas semanas. La Ley Rider nos está condenando a ser subcontratados, con trabajos temporales inestables y con periodos de prueba poco transparentes que no siempre se renuevan”.
Jordi Mateo, presidente de APRA.
Si bien han conseguido el apoyo de PP, Ciudadanos, Vox y PdCat con su negativa a la Ley Rider, el texto sigue su curso. Ahora, las plataformas cuentan con 90 días para poner sus organizaciones en orden y ajustarse a la nueva normativa. ¿Cómo? Todo apunta a un sistema que ya se ha explotado en el sector del transporte de pasajeros vía VTC: subcontratas que asumen los costes y riesgos y que operan para las grandes plataformas. El tiempo dirá si esta fórmula es válida o si hay una obligación de contar con un cierto número de riders en plantilla interna.