"Si las VTC son transporte urbano, deben regularse como transporte urbano". Con esta frase, el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos ha culminado la aprobación del texto más farragoso al que se ha tenido que enfrentar el Gobierno de Partido Socialista desde que comenzó su legislatura.

Una batalla que se daba por ganada desde el sector del taxi ha terminado siendo una de las mayores decepciones para un gremio que ya avisó hace tiempo: si no se cumplían las promesas desde Fomento, volverían a ocupar las calles de las principales capitales del país. La realidad es que el texto, publicado hoy mismo, no deja contento a nadie. Ni los taxis, ni las VTC, ven con buenos ojos las nuevas medidas aprobadas por Ábalos. Para los primeros son poco exigentes con la actividad de las nuevas tecnológicas a través de medidas que se han considerado poco ambiciosas, para los segundos genera un ecosistema de absoluta inseguridad que ha intentando jugar entre dos aguas que, a día de hoy, son irreconciliables.

Es un texto cuanto menos curioso. Fomento, verdaderamente ha cumplido con su promesa: ha plasmado la obligación de que las diferentes Comunidades Autónomas hereden, quieran o no, la responsabilidad de la gestión de las licencias VTC. Una medida que abre la puerta a la popular licencia urbana con la que Ada Colau abrió la veda de la actual guerra del taxi. La queja del sector radica en los tiempos que maneja Fomento para poner en práctica todo este entramado. A la espera de que se hagan todas las revisiones jurídicas pertinentes, que confirmen o no la validez del texto, se abre un plazo de 4 años para que los procesos de gestión se trasladen a las respectivas Comunidades. Casi media década en la que, explican desde el taxi, puede ocurrir de todo. Una suerte de trampa para la parte tradicional, pero que a los empresarios de las VTC tampoco convence. Por una parte, serían los más interesados en llegar a buen término con los diferentes Ayuntamientos con la idea de hacerse con alguna de las futuras licencias urbanas, por otra asumen que dada la creciente inseguridad jurídica que ha abierto Fomento, el futuro del sector pende de un hilo.

El taxi añade también un punto esencial. Si en un principio celebraba que Fomento asegurase que no ofrecería una indemnización por la cuestión de las licencias retiradas, este punto del texto podría haberse convertido en su peor pesadilla. Para ahorrarse el pago de millones de euros en indemnizaciones, el Ministro ha cambiado dinero por tiempo. Da de plazo, esos 4 años, a los propietarios VTC a que organicen sus carteras.

Elite Taxi y Caracol pierden, de esta manera, una de las batallas que les ha puesto en primera línea de las negociaciones del sector. Fedetaxi, gremial moderada por excelencia, sigue manteniendo el poder con su punto de vista más calmado.

En el tintero quedan, ahora, una serie de dudas. Una vez analizadas las diferentes partes del texto por parte de los juristas de Unauto, y sendas plataformas de transporte, habrá que ver cómo reaccionan ante este. No se descarta la posibilidad de que se abra una batalla, en este caso en los juzgados, con el objetivo de impugnar el texto. Por otro lado, la guerra política. Uno de los puntos que unían a Podemos y PSOE era, precisamente, la sintonía con la que contaban respecto a la cuestión del taxi. El partido dirigido por Pablo Iglesias, que no ha dudado en enfrentarse en los tribunales con Cabify, no verá con buenos ojos las tibias medidas de Ábalos. Por último, las reacciones del taxi. Tito Álvarez, una de las voces más radicales del taxi, ya lo avisaba: quemarían las calles de las ciudades si no había medidas drásticas. De momento, ninguna gremial se ha pronunciado, pero es probable que los sectores más exigentes del taxi comiencen su ronda de movilizaciones en breve. Habrá que esperar para comprobar si el seguimiento en las calles será similar al de julio de este mismo año.

La realidad de todo esto es que después de la renovación del Reglamento de Ordenación Terrestre, las diferentes disputas legales de unos y otros, la sentencia del Tribunal Supremo y, ahora, el decreto ley, que ha puesto en jaque a ambas partes, todo sigue exactamente igual que ayer. Y, en vista de la situación, seguirá así un tiempo más.