Ni Huawei ni ZTE habrían sido capaces de imaginarse a principios del presente año lo que los próximos meses iban a deparar a ambas compañías. Una cadena de infortunios que encuentra su último eslabón en Japón, donde el Gobierno pretende prohibir la participación de ambas tecnológicas en el desarrollo de las redes 5G nacionales.
Esta decisión haría a los nipones en los segundos en adoptar unas medidas que pueden afectar de manera significativa a estas empresas chinas, después de que la semana pasada hiciera lo propio Australia. Aunque los organismos gubernamentales no se prodigaron en explicaciones al respecto, se hizo patente que la preocupación principal por parte del Gobierno era el compromiso que podría suponer para la seguridad estatal el contar con compañías que podrían proporcionar datos privados y sensibles al Gobierno chino si este lo solicitase.
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La misma razón parece ser la que en estos momentos hace que los altos cargos de los organismos reguladores de Japón se encuentren debatiendo la aplicación de la mencionada prohibición. Esta decisión, que podría causar nuevos estragos para unas empresas que basan buena parte de su negocio en el desarrollo de este tipo de infraestructuras, podría afectar también al país nipón, que pretende tener lista su red de 5G para las Olimpiadas de Tokio 2020.
Otra más, y van...
De hacer finalmente efectiva la prohibición, Huawei y ZTE habrían conseguido ganarse otro enemigo en el panorama internacional, donde estos les crecen últimamente a un ritmo incesante. Por el momento, a la mencionada prohibición en Australia hay que sumar otra que impide usar dispositivos de ambas marcas en instituciones relacionadas de alguna manera con el Gobierno de Estados Unidos, donde las agencias de seguridad ya han declarado su nula confianza hacia estas empresas.
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Quedó demostrado a principios de año, cuando desde la administración de Trump se instó a las operadoras a volver la espalda a Huawei, y se hizo más patente aún cuando, meses después, ZTE se quedó sin poder realizar tratos comerciales con distribuidores de componentes en el país. Una situación que, tras muchos dices y diretes, ya está solventada en su mayor parte tras haber puesto en peligro la supervivencia de la compañía.