Algo ha ocurrido con la relación del mundo con Airbnb, de estos con el mundo y de todos con el sistema legal que rige la actividad de la compañía en las diferentes geografías en las que opera.

El viacrucis social que afectó a Uber hace unos meses y del que aún no se ha podido recuperar, en gran parte por la marcha de su CEO Travis Kalanick, está afectando de otra manera a Airbnb. Son malos tiempos para unas tecnológicas que, siempre polémicas por definición, han tenido que dar el salto definitivo: ser una pequeña startup a convertirse en una gran multinacional con responsabilidades, objetivos y ganas de crecer. La estrategia que había funcionado hasta la fecha, la que venía usando Uber desde hace tiempo de entrar sin llamar y luego preguntar, está empezando a dejar de funcionar. Los pocos pisos que se publicaban hasta hace unos años ya nada se parecen a las cifras que se manejan en la actualidad; contados por miles en cada ciudad, especialmente en las capitales. Los usuarios, más allá de los millennials, han conocido la actividad de las diferentes compañías dedicadas a la ancestral tarea del alquiler turístico, con HomeAway metida en el mismo saco que Airbnb. En un país en el que el más del 11% del PIB viene de la actividad turística entrar en este segmento es, cuanto menos, importante e interesante.

La cuestión es que de una actividad anteriormente masiva, pero sin repercusión en el mundo de la tecnología, el tema de los impuestos había pasado desapercibido para las arcas públicas. Ahora, con miles y miles de pisos publicados en este tipo de webs y haciendo una comparativa básica de lo que se recauda por parte de los ayuntamientos es muy más fácil ver una realidad que se ha mantenido constante durante años: el gran número de pisos turísticos que carecen de permisos y, por tanto, que no tributan por esa actividad. Los llamados pisos sin ley. Sería el caso de Barcelona, uno de los ayuntamientos que más ha batallado con las multinacionales. Según sus investigaciones, casi el 40% de los pisos que se posicionan como turísticos en la capital de la comunidad, son ilegales.

El problema de Barcelona se está empezando a estandarizar fuera de las fronteras de la ciudad. El Ayuntamiento, que culpa a la tecnológica de la ausencia de pisos dedicados a la vivienda regular y del aumento del precio medio de los mismos, sigue con su caza de brujas. A las multas anteriores, algunas resueltas de mejor o peor manera se le suma la amenaza de una nueva. La revancha de Colau se ha saldado con un ultimatum de multa de casi 600.000 euros tras descubrir que uno de los directivos realquilaba su vivienda a turistas. La última gota que ha colmado la paciencia del Ayuntamiento. A su vez, Facua persigue a la compañía por no verificar las viviendas que se publicitan.

Ahora también en Madrid se han encontrado con un problema que, de salir adelante supondría un antesy un después para la actividad de la empresa. Si el Ayuntamiento se había mostrado abierto al diálogo en la capital, no ha sido así el caso de la Comunidad de Madrid con Cifuentes a la cabeza. El objetivo de la presidenta de la comunidad es sacar adelante un decreto que, además de solicitar un certificado de vivienda adaptada a aquellas que se dediquen al turismo, quiere dar el poder a las comunidades de vecinos. Cifuentes sabe que "Madrid no tiene los mismos problemas que Barcelona", pero quiere evitar llegar a ese punto. Lo que proponen es que cada comunidad vecinos decida si alguno de sus pisos puede entrar como vivienda turística o no. Una idea que, de base puede ser acertada, la realidad es que muy seguramente no tenga en cuenta la lógica en su proceder. Si funciona, esta podría expandirse a otras ciudades terminar con el brillo que tiene Airbnb en España.