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La historia viene de lejos, de muy lejos. Al igual que le pasase a Uber, en su lucha sempiterna contra los taxis, de estos contra ellos, del Gobierno contra todos y de la CNMC metiendo baza por mitad, Airbnb ha encontrado la horma de su zapato en Barcelona. Las relaciones de la multinacional con los estamentos políticos en España nunca han sido sencillas. Madrid, con Carmena a la cabeza, ya intentó mediar con ellos vía prohibición – cuestión que el TSJ rechazó al 100% –. Valencia, por su parte, trata de gestionar lo mejor posible un futuro acuerdo favorable para ambas partes.

En la Ciudad Condal, a cargo del mandato de Ada Colau, las relaciones con Airbnb no tienen pinta de tornarse positivas se haga lo que se haga. Porque precisamente cualquier movimiento por una u otra parte lo único que hace es agravar la situación. Y la cosa ya se alarga desde 2014. Por parte de Ayuntamiento, las multas en contra de la actividad de la multinacional alcanzan cifras millonarias; metiendo en el mismo saco a HomeAway y sucedáneos. El tema de los permisos, que tanto ha traído de cabeza a todas las partes, no termina de cuajar; unos, en su página web advierten de las normativas de esta u otra región, pero su modelo de negocio les exime de tener que requerirlas; los ayuntamientos entienden que es competencia de la plataforma que publica las ofertas, los hoteleros claman al cielo por la, según ellos, desigualdad a la que se ven sometidos y los propietarios de viviendas miran a ambos lados y tiran por el camino fácil: prescindir del permiso hasta que no quede más remedio que solicitarlo, a riesgo de recibir una multa, y tirar del desconocimiento de la causa. Por su parte, el Ayuntamiento mantiene abiertos los expedientes de "búsqueda y captura" de los propietarios que no se acogen a esta medida.

Y mientras se suceden los encuentros entre unas y otras partes, sea como sea, lo cierto es que a nadie le gusta lo que opina y hace el de al lado.

La gota que ha colmado el vaso

En este ambiente de ánimos tensos y sudores fríos ha sido el último movimiento de Airbnb el que ha puesto en jaque a la concejalía de urbanismo de Barcelona. En una carta mandada por Airbnb con las propuestas que mantiene la compañía, para lograr el entente cordiale entre ambas partes, se ha dibujado un futuro que tampoco convence.

En este texto se explica que se limitará a una la vivienda que cada anfitrión puede publicar dentro del distrito de Ciutat Vella. Gestionar los pagos a través de la plataforma de manera que todo pase por caja y, por tanto, por el cobro de impuestos. Incentivar el pago de la famosa tasa turística, que se encuentra bajo mínimos en la actualidad. Así como herramientas para gestionar el problema de la mediación con los vecinos por ruidos y molestias.

Ya de paso, y a sabiendas de que se trata de un documento público, insta ha dado un repaso a la normativa vigente sobre el home sharing en Barcelona. En una sutil crítica, que no ha gustado en la casa de Colau, pide que se les diferencia de los servicios de hoteles tradicionales. De llevar a cabo esta más que improbable petición, la queja de los hoteleros carecería de sentido puesto que estarían regulados por diferentes normas.

Es, en términos generales una puerta abierta a una posible negociación en firme que se ha perdido en los consejos que ha dado la compañía sobre la regulación turística en la zona. Y si bien es cierto que Barcelona tiene una serie de retos y tareas pendientes en lo que ha turismo se refiere, quizá las posiciones actuales de ambas partes no sean lo más adecuadas como para recomendar. Lo dicho: imposible.

Barcelona responde

La respuesta por parte del Ayuntamiento de Barcelona no se ha hecho esperar, así como su obvia respuesta. El concejal de turismo, Agustí Colom, ha dejado clara su posición ante el comunicado de Airbnb.

O lo que es lo mismo: desde el ayuntamiento de Ada Colau, opinan que todo este movimiento ha sido "una tomadura de pelo"; cuestión que Agustí ha explicado a El Confidencial. Consideran que, en la cuestión de los pisos turísticos no se pueden andar con términos medios y, si Airbnb quiere operar en Barcelona, deben cumplir la norma de permisos al 100%. Sin excepciones.

¿Quién lleva razón?

Como todo en esta vida, depende de a quien se le pregunte.

Airbnb, multinacional del sector turístico con un éxito indiscutible, vela por su actividad y sobre todo por sus ingresos. Como en otros casos, la ausencia de regulación adaptada a ellos, causada por la novedad de su negocio ha servido de acicate hasta ahora. Economía colaborativa o no es cierto que lo que les ha venido funcionado quizá se les ha quedado pequeño y la creación de una regulación por y para ellos, y tantos otros que vienen detrás, vaya siendo necesaria. Ni van a desaparecer y muy probablemente no se vayan, por lo que un punto para la compañía.

El posicionamiento de los hoteles está claro: un rival de la competencia que hace mucho daño a sus cuentas con unos precios imbatibles y los usuarios se rigen por lo que más les conviene, y esto suele venir de la mano del precio.

Los Ayuntamientos, encargados de la competencia de regular este tema, saben que tienen un problema grande. Se mueven entre todas estas aguas a la vez que analizan cifras bastante sorprendentes. Independientemente del efecto que tiene en el turismo de una ciudad la actividad de Airbnb, existe un dato interesante. Las asociaciones de vecinos en conjunto con otras organizaciones, mantienen que este tipo de compañías no sólo aumentan el precio medio de los alquileres en la zona centro de las ciudades y circundantes por el efecto de la gentrificación; también por el concepto de la escasez. Es decir, ya no sólo importa la zona, también el número; una regla económica que siempre tiene el mismo efecto: aumento del precio. Porque entendamos algo: poner en Airbnb un piso en alquiler supone un ingreso mucho más cuantioso que ponerlo en cualquier página inmobiliaria. De esta forma, en Ciutat Vella tenemos unas 1.500 viviendas de alquiler en una conocida página dedicada al tema y casi 400 en Airbnb (más si vamos cambiando las fechas) que se quedan fuera del mercado.

El problema de fondo de todo esto es que el resto de lugares que se estén planteando tomar acciones legales contra Airbnb tomen como referencia el caso de Barcelona. Uno que, aunque no nos guste, no está exento de razón.