La cosa ya viene de largo, de 2014 concretamente, cuando la Generalitat impuso una multa de 30.000 euros contra la actividad de Airbnb en Cataluña. Al igual que el ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, el Govern determinó que la actividad de la compañía estadounidense se fundamentaba en un ejercicio ilegal del alquiler de pisos turísticos, careciendo estos de los permisos requeridos por las instituciones pertinentes y no tributando por su actividad. En esta lucha sempiterna de las instituciones contra Airbnb se llegó a avisar a los usuarios de que si no retiraban o registraban sus viviendas ellos también sufrirían multas.
Ahora, y según datos a los que ha podido acceder El Confidencial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha determinado que la multa de 30.000 euros exigida a Airbnb no tiene ninguna validez considerándola nula. Tras el recurso de la plataforma, el juez no ha encontrado ningún recurso para considerar ilegal la actividad de la californiana. En cualquier caso, y tras hablar con los portavoces de Airbnb, su objetivo es llegar a un acuerdo con todas las instituciones:
"Airbnb es parte de la solución en Barcelona y desea colaborar en la elaboración de una normativa clara que permita compartir el propio hogar. Esperamos que esta decisión inicie una nueva conversación sobre cómo poder trabajar de manera conjunta con las diferentes administraciones."
Según las declaraciones del juez, se ha determinado que efectivamente Airbnb no se limita a anunciar pisos en alquiler ya que recibe una comisión por su gestión e intermediación. Pero los precios y condiciones de las viviendas son competencia de los usuarios. Considera, por tanto, que no es un servicio turístico propiamente dicho. El mismo debate en el que se encuentra BlaBlaCar o Uber, los cuales están a la espera de que les consideren empresas de transporte o no.
La Generalitat no se rinde en su batalla contra Airbnb y ha decidido recurrir la sentencia, pero está claro que marca un precedente respecto a la actividad de la compañía. Esto, incluso, podría influir a la multa que tiene impuesta el Ayuntamiento de Barcelona a la misma entidad de 600.000 euros, de la cual la californiana no ha querido emitir ninguna valoración ante los últimos acontecimientos. A la espera que desde la Unión Europea se determine cuál es el papel de Uber en España y tras el apoyo de la institución internacional a la actividad de la economía colaborativa, sólo resta esperar cómo evolucionarán las leyes tanto de España, como las de medio mundo.
