La Ley de Seguridad Interior en México pretende velar por la protección y la estabilidad del país. Sin embargo, esta reforma ha sido una de las más criticadas y temidas por los mexicanos.

En diciembre de 2016, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo, propusieron dos iniciativas de ley para darle facultades extraordinarias al ejército en materia de Seguridad Pública.

José Antonio Guevara, director de la organización Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, afirmó para Hipertextual que en México "estamos copados en un régimen donde los militares ganan espacio y no hay regulación que los controle".

Problemáticas como la expuesta por Guevara ponen de relieve la fragilidad de la Ley de Seguridad Interior y el peligro de que la reforma pueda acabar con la seguridad de los mexicanos en lugar de protegerla.

En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha enviado algunas recomendaciones al Senado de la República para que se tomen en cuenta en la aprobación de la ley.

El objetivo del documento enviado por la CNDH es velar por los derechos humanos de los mexicanos. Amnistía Internacional arrojó en su informe anual que México está pasando por una grave crisis en este sentido. Los derechos de los mexicanos están minados a causa de la militarización del país, las torturas, desapariciones forzadas, violencia generalizada y las amenazas a periodistas y activistas.

Por otro lado, un informe de la Auditoría Superior de la Federación afirmó que el país gobernado por Enrique Peña Nieto podría no cumplir con los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos porque no cuenta con los mecanismos suficientes para garantizar su efectividad.

La principal recomendación y preocupación de la CNDH son los derechos humanos y, para la aprobación de la ley, recomiendo al Senado que "en cualquier marco jurídico, la detención arbitraria, la tortura, los datos crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones arbitrarias y las escuchas ilegales constituirán violaciones a derechos humanos y en su caso delitos".

Por otro lado, las autoridades mexicanas son también responsables de evitar abusos a personas que puedan ser molestadas en bienes, posesiones, familias, integridad o derechos, además de evitar la discrecionalidad que pueda vulnerar derechos humanos, informó Animal Político.

No al Ejército en las calles

La CNDH ha compartido la preocupación de José Antonio Guevara por la implicación de las Fuerzas Armadas en la Ley de Seguridad Pública. Por ello, ha pedido al Senado que se distinga con claridad cuáles son las diferencias entre la seguridad pública y la interior.

En este sentido, el documento subraya que la seguridad interior no debe rebasar los límites de la seguridad pública y que las autoridades deben cumplir las funciones que les fueron otorgadas en la Constitución. “No es función originaria de las Fuerzas Armadas cumplir con labores de Seguridad Pública”, remarca el escrito.

La preocupación se repite en varias recomendaciones de la CNDH al Senado mexicano, y destacan que la persecución del delito y su investigación deben ser llevadas a cabo por el Ministerio Público y no por las Fuerzas Armadas.

La guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex presidente mexicano Felipe Calderón provocó que el Ejército saliera a las calles. Diez años después de la guerra, las Fuerzas Armadas siguen en muchos estados de la República.

La CNDH instó a que las tareas del Ejército en seguridad pública debe ser algo excepcional y pidió un regreso gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a sus funciones constitucionales primarias.

El documento también recomendó la capacitación de policías para su especialización, la renovación del sistema penitenciario teniendo en cuenta los derechos humanos, así como la definición de las acciones que van a realizarse en materia de seguridad y las autoridades que van a intervenir.