Imagina un país donde los políticos no respetan la Constitución. Donde interpretan los artículos para tener un beneficio propio y legalizan las iniciativas que van acordes con su ideología. Donde el estado de derecho está ligado a los nombramientos de la Corte Superior de Justicia, designados por el Presidente de la República y, por ende, a sus intereses.
En México, dos partidos políticos han propuestos iniciativas de ley para darle facultades extraordinarias al ejército en materia de Seguridad Pública. Las funciones que, según la Constitución mexicana, corresponden a las autoridades civiles como la policía, podrían pasar a manos de las Fuerzas Armadas sin que se tenga ningún control ni regulación sobre ellos.
La Ley de Seguridad Interior, presentada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo, reclama que las Fuerzas Armadas lleven a cabo funciones de la policía como patrullajes, establecimientos de puestos de seguridad, reconocimientos o "demás cosas que se consideren necesarias", según establece el artículo 3. No se especifican las demás cosas que son necesarias para garantizar la seguridad del Estado.
El artículo 28 de dicha propuesta de ley podría dar pie a espionaje o registros domiciliarios sin necesidad de una orden judicial en aras de la recolección de información:
Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información
José Antonio Guevara, director de la organización Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de Derechos Humanos explicó en entrevista con Hipertextual que esta ley permitirá además la intervención de las telecomunicaciones. "Podrán estar escuchando desde nuestros celulares como probablemente lo están haciendo ahora pero, en lugar de ser ilegal, lo podrán hacer con un manto jurídico de protección".
En contra de la Constitución
El proyecto de ley del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, establece que le corresponde al Ejecutivo Federal "la conducción y ejecución de la política de seguridad interior, así como la disposición de la Fuerza Armada Permanente y de la Fuerza Especial de Apoyo Federal para preservarla".
El escrito también declara que los militares serán los responsables de velar por la seguridad del país cuando el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto considere que las instituciones y autoridades civiles están siendo amenazadas. Sin embargo, el proyecto no detalla qué tipo de casos podrían hacen peligrar la seguridad del país.
Los proyectos de ley presentados por los políticos atentan directamente contra varios artículos de la Constitución mexicana. El artículo 21 explica establece cuales son los principios que rigen la Seguridad Pública, la cual será siempre responsabilidad de las autoridades civiles y no establece ninguna condición para delegar estas funciones en las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, el artículo 129 de la Constitución declara que, en tiempos de paz, los militares no podrán desempeñar otras funciones que no sean las suyas. La ambigüedad de los proyectos de ley presentados es que no establecen cuáles son los requisitos para determinar un estado de guerra o paz.
Guevara afirma que en México se está viviendo una erosión del sistema de derecho, que se explica principalmente por los nombramientos de la Corte Superior de Justicia. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, es el encargado de nombrar a los ministros de la Corte y, según afirma el defensor de derechos humanos, escoge a los que son afines a su visión de estado.
La Constitución es interpretada al gusto de los ministros de turno y los casos que intentan reclamar derechos constituciones son frenados por formalismos jurídicos.
"Lo que busca la iniciativa es un balance entre poder militar y poder civil cuando en cualquier democracia se supedita el poder militar al civil. Estamos copados en un régimen donde los militares ganan espacio y no hay regulación que los controle".
Mismo poder, pero con base jurídica
A pesar de la novedad de las iniciativas, el poder de los militares en México no es ninguna novedad. Desde el año 2006, el Gobierno ha desplegado más de 90.000 militares y le ha dado atribuciones de Seguridad Pública como patrullaje, detención de personas, allanamientos sin orden judicial o interrogatorios con tortura, según un documento de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos al que ha tenido acceso Hipertextual.
El mismo informe arroja que se presentaron 4.000 casos de tortura entre 2007 y 2014, de las cuales 1.200 se atribuyen a personal militar. Hasta la fecha no existe sentencia ni denunciados por estas causas.
El caso se repite con la desaparición forzada. El registro oficial afirma que aproximadamente 28.171 personas fueron desaparecidas. "Esto no significa que todas sean responsabilidad de funcionarios del estado pero ante la ausencia de investigación no descartamos que haya complicidad como ocurrió con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa", sostiene Guevara.
Los proyectos de ley, lejos de incentivar una mejora de la situación, pretenden legalizar el poder total de los militares en las calles sin necesidad de rendición de cuentas. Una de las reformas presentadas en el documento del senador Roberto Gil Zuarth es establecer reglas de uso de la fuerza letal.
La iniciativa propone que se les den licencia a los militares y que, en el caso de que sientan que cualquier persona puede poner en riesgo la seguridad del lugar o que está intentando huir de la escena de un crimen, pueden utilizar el uso de la fuerza sin reparos. En este caso, si un posible sospechoso fuera disparado por un militar de manera injusta, jurídicamente no habría manera de denunciarlo y aplicar justicia.
Promesas incumplidas
El Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a México la retirada de los militares del ámbito de la Seguridad Pública. En el año 2009, instó al por aquel entonces presidente de la República Felipe Calderón que retirara paulatinamente a los militares del poder para que el impacto fuera menor.
Calderón prometió que el aumento de responsabilidad de los militares sería temporal. Igualmente, Enrique Peña Nieto afirmó que alejaría al Ejército definitivamente de la Seguridad Pública. Sin embargo, en 2016 aparecen dos iniciativas de ley para darle todo el poder a las Fuerzas Armadas que están avanzando en el Congreso.
El director de la organización por los derechos humanos en México informa que en este momentos los partidos políticos están "coqueteando" con el Ejército y le están dando más responsabilidades para tener su apoyo de cara a las elecciones presidenciales del 2018.
La retirada de las Fuerzas Armadas del poder no será tarea fácil, ya que los militares han encontrado en su situación actual un negocio redondo. En primer lugar, se han multiplicado los fondos para el Ejército y pueden beneficiares de múltiples recursos. Por otro lado, los militares tienen el poder en muchas partes de México, y tienen ningún inventivo para retirarse y perder relevancia.
Los proyectos de ley fueron aprobados por el Senado de la República y necesitan ser discutidos por el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. En el caso de que las reformas se lleven a cabo, José Antonio Guevara afirma que no se quedará quieto: la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de Derechos Humanos utilizará su capacidad de movilización e intentarían acciones legales nacionales en contra de ley y, si no prosperan, acudirían a instancias internacionales.
Creen [el poder político y militares] que viven en un mundo ajeno a la comunidad internacional y a la fiscalización internacional, creen que nadie se da cuenta. Pero no debe de ser así
