La diabetes es una epidemia que se cobra más vidas que la violencia en México, y gran parte del problema son los hábitos alimenticios de la mayoría de los mexicanos que incluyen sin falta al refresco. La bebida azucarada es uno de los principales agentes en la emergencia sanitaria que vive el país con 21.000 muertes, 4.500 amputaciones y 2.000 incapacitaciones anuales a causa de la diabetes.
Desde 2014 el Poder del Consumidor, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Mídete han sido algunas de las principales promotoras para añadir impuestos al refresco que detengan el consumo de la bebida azucarada. Entre otras cosas, buscando respaldar una alimentación más sana entre los mexicanos.
El polémico impuesto fue implementado en 2014 y afectó principalmente a los bolsillos más pobres del país, de acuerdo con estudios de diferentes universidades mexicanas (ITAM, UANL, Colegio de México) citados en la página web de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC). Sin embargo, las organizaciones contra el refresco acusan a esas investigaciones de parcialidad por ser financiadas por la industria refresquera.
A finales del año pasado se buscaba incrementar aún más el impuesto, pero las discusiones quedaron paralizadas por motivos políticos.
Mientras tanto, Citizen Lab y el New York Times, acusaron el sábado 11 de febrero que los móviles de los tres directores de las organizaciones contra el refresco fueron intervenidos con un software espía fabricado por NSO Group, una empresa que presume vender software de este tipo exclusivamente a agencias policiales y de la cual el Gobierno mexicano es cliente.
En agosto del 2016 Citizen Lab detectó el uso de software espía contra Alejandro Calvillo (director del Poder al Consumidor), Luis Manuel Encarnación (director de la Fundación Mídete) y Simón Banquera (director del Instituto Nacional de la Salud Pública). Todos ellos habían recibido mensajes de números desconocidos que incluían hipervínculos supuestamente infectados con Pegasus.
Pegasus es un exploit que toma el control de un dispositivo y permite acceder a todas las fotos, capturas de pantalla, mensajería, contactos, redes sociales, correo electrónico, calendario, geolocalización, detalles de la red, micrófono y más. En México, Pegasus se ha usado anteriormente para espiar a periodistas y su uso parece estar aún más extendido, pues Citizen Lab ha detectado una serie de hipervínculos infectados con el exploit.
La legislación mexicana actual establece que toda intervención a las comunicaciones debe estar avalada por un juez y sólo puede hacerse en la persecución de un delito, en la prevención del crimen o en caso de amenaza a la seguridad nacional, sin embargo, en ningún momento contempla el espionaje a grupos de activistas por la salud como medio para salvaguardar la seguridad de la nación.