Desde que en 2013 saliera a la luz los programas de espionaje gubernamental de los Estados Unidos, el tema ha llevado a todos los países a preguntarse qué es los que sus Gobiernos están haciendo en materia de intervención de comunicaciones. En México, leyes omnipotentes como los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones otorgaban poderes extraordinarios a las "autoridades" (así de ambiguo) sobre la información de las personas.
Mucho se ha avanzado en acotar el poder de esta y otras leyes, sin embargo, el panorama está lejos de ser ideal. En el informe anual de la Red por los Derechos Digitales llamado El estado de la vigilancia: fuera de control, la intervención de las comunicaciones pocas veces tiene oposición por parte de los jueces (cuando se les notifica) o por las empresas de telecomunicaciones, permitiendo el espionaje por autoridades incógnitas con fines opacos.
Medidas desproporcionadas como el espionaje masivo, la recopilación y almacenamiento de datos por parte del Gobierno han hecho que la Red por los Derechos Digitales esté a punto de demandar al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Sacrificar la privacidad de las personas significa más seguridad? De acuerdo con los datos recopilados por la Red, no. En México sólo en el 8.73% de los casos de espionaje se ha ejercido acción penal, pero en algunos lugares como Veracruz parece ser lo menos importante pues de 2.339 casos de intervenciones sólo 9 han sido llevadas a juicio.
Las intervenciones requieren de la autorización de un juez, pero los datos no coinciden. El Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (Cisen) dice haber hecho 2002 intervenciones, aunque el Consejo de la Juricatura Federal sólo tiene constancia de 654 de ellas.
99% de las solicitudes de acceso a metadatos conservados se hicieron sin autorización judicial. #EstadoDeLaVigilancia pic.twitter.com/lJfoJm7xbz
— R3D (@r3dmx) 28 de noviembre de 2016
Telcel, sin cuestionar
La Ley Federal de Telecomunicaciones establece que todas las operadoras de telecomunicaciones del país deben almacenar durante dos años todos los metadatos de sus clientes para la consulta de las autoridades. Las operadoras deben presentar semestralmente un informe al Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes y este informe debe ser publicado en la página del Internet del IFT.
De no cumplirse los requisitos, los operadores pueden rechazar otorgar información de sus usuarios. Telcel, el mayor operador móvil del país, no rechazó ninguna de las casi 26.000 solicitudes sobre metadatos que recibió este año, contrario a AT&T y Movistar que rechazaron 63.47% y 7.99% de las solicitudes respectivamente.
En total, se hicieron 35.778 solicitudes, de las cuales 6.819 fueron hechas por autoridades no identificadas y 2.959 por alguna fiscalía o procuraduría no identificada. De las instituciones que sí se identificaron, la PGR hizo 5.418 intervenciones, seguida de la Fiscalía de Veracruz con 2.460, el Poder Judicial Federal (2.044) y la PGJ Ciudad de México (1.999).
Igualmente, Telcel no rechazó ninguna de las 1.929 solicitudes de geolocalización de sus clientes en tiempo real, incluso cuando para algunos estados el plazo máximo de geolocalización puede extenderse hasta seis meses como en Veracruz, tres meses en Baja California y Querétaro y un mes para la PGR. Por su parte, AT&T rechazó 17 de 170 solicitudes y Movistar 15 de 225.
¿Quién puede espiarte?
Las autoridades que por ley pueden intervenir las comunicaciones de los mexicanos son la PGR, la Policía Federal, las procuradurías y fiscalías generales de los estados y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen). Nadie más.
Cada una, además, tiene acotadas las justificaciones bajo las que puede hacerlo, por ejemplo, por parte de la PGR, las procuradurías y las fiscalías generales de cada estado, pueden y deben hacerlo para la investigación de delitos.
Para la prevención de delitos con indicios suficientes la Policía Federal puede intervenir las comunicaciones y para asuntos de seguridad nacional el Cisen también tiene estas facultades.
Sin embargo, correos filtrados del 2015 de la empresa de software espía Hacking Team, revelaron que dependencias estatales mexicanas sin las facultades de intervenir comunicaciones adquirieron programas de espionaje por altos precios, tal como la Secretaria de la Defensa Nacional (cuyo gasto ascendió a 3 millones de euros) e incluso la paraestatal Pemex (321.120 euros gastados).
