En México existe un antecedente de espionaje a las comunicaciones personales por parte del gobierno del que sabemos muy poco. Las herramientas y los métodos que emplea el gobierno mexicano son tan secretos como sus fines y las personas que están en la mira. El uso libre y discrecional de los recursos para vigilar las comunicaciones permite que miles de mexicanos sean espiados por su gobierno y la mayoría de ellos, posiblemente, nunca lo sepa.
Esta historia de intervención informática incluye la compra de software espía. Gracias a la filtración de documentos de la empresa italiana Hacking Team supimos que México es el principal cliente en la adquisición del programa Da Vinci (Remote Control System), el cual permite conocer todas las teclas que han sido presionadas en un dispositivo.
Mientras tanto, por la vía legal, los artículos 189 y 190 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obligan a los operadores móviles a guardar los metadatos de sus clientes durante dos años para la consulta de las autoridades. Sin embargo, la ley permite el uso discrecional de este recurso al no detallar qué autoridades y en qué circunstancias puede ser consultada dicha información.
Así como el viejo método de espionaje telefónico, donde cada 50 horas una llamada es intervenida por la Procuraduría General de la República, según Vice News.
No es extraño que las conversaciones telefónicas privadas aparezcan con frecuencia en los medios de comunicación. Las polémicas pláticas de funcionarios públicos, activistas u opositores políticos y en alguna ocasión, incluso el presidente, han sido tema de discusión pública.
Los mexicanos vemos la intervención de las comunicaciones como una parte “común” del juego político.
Tampoco es raro que la gente no se tome en serio el tema, de acuerdo con una encuesta, los mexicanos vemos la intervención de las comunicaciones como una parte “común” del juego político.
Excepto cuando el asunto trasciende a los medios de comunicación. Lo más grave del espionaje gubernamental -en cualquiera de los métodos mencionados- es que no avisa, es decir, los espiados nunca sabrán que hubo una intromisión en su privacidad aun cuando terminen las persquisas, lo que permite que quien posea el acceso a las herramientas de espionaje las use para favorecer sus intereses personales.
Derecho a la notificación
La asociación Red por los Derechos Digitales aboga por la creación del derecho a la notificación que obligaría a las autoridades a notificar cuando una persona fue objeto de espionaje durante una investigación de manera ex post, es decir, después de la investigación.
El mecanismo de la notificación deberá darse cada vez que una autoridad invada la privacidad de manera electrónica y de esta manera las personas puedan impugnar en las instancias correspondientes si la intromisión fue legítima o no.
De acuerdo con Carlos De la Rosa, abogado del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), este método ayudará a establecer una temporalidad a las investigaciones para evitar que “queden abiertas infinitamente” y que la investigación tenga los controles judiciales requeridos (cuándo, a quién y por qué fueron investigadas esas personas). “El punto fino es que [las autoridades] esclarezcan la necesidad de estas investigaciones.”
Aunque suena como una idea justa y necesaria, no es sencillo que se convierta en una realidad. Luis Fernando García, director de la Red por los Derechos Digitales dijo a Hipertextual que “hoy en día no existen los mecanismos claros por medio de los cuales se puede implementar el derecho a la notificación”, pero "creemos que es posible exigir por otras vías."
