La industria del refresco podría estar perdiendo la batalla. Un nuevo estudio confirma que el impuesto de un peso mexicano por litro de bebida ha resultado un posible factor para la disminución del consumo de refrescos, tés endulzados y jugos en México.
Un estudio publicado en la revista Health Affairs, resultado de una investigación que dio seguimiento al consumo de estas bebidas en 6.645 hogares mexicanos, concluyó que la venta de bebidas azucaradas cayó sustancialmente durante el 2014 un 5.5% y el hecho se repitió en 2015 cuando disminuyó un 9.7%. "Los hogares del nivel socioeconómico más bajo fueron quienes disminuyeron más la compra de bebidas gravadas en ambos años", dice el estudio conducido por Arantxa Cochero.
El llamado "impuesto al refresco" es una medida fiscal y sanitaria que comenzó a implementarse en enero del 2014. El legislativo mexicano acordó gravar las bebidas azucaradas con un impuesto del 10% con el fin de reducir su consumo y prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes en el país.
Sin embargo, a dos años de su implementación no hay evidencias de que el impuesto haya influido en una mejora de los índices de obesidad y diabetes que sufre México.
El Consejo Internacional de Bebidas respondió al estudio publicado en Health Affairs:
Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México en el 2016 sugieren que los índices de obesidad en adultos han aumentado en los últimos años. Se concluye que no se ha demostrado ningún beneficio a la salud para los mexicanos a raíz de los impuestos [a las bebidas azucaradas]. Estudios previos demuestran que en 2014 el impuesto sirvió pare reducir menos de 6 calorías de la dieta diaria de más de 3.000 calorías [que consumen los mexicanos], sin embargo la medida tuvo un impacto económico en las familias con menor poder adquisitivo.
Desde octubre del año pasado, diversas organizaciones de la sociedad han buscado aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas hasta el 20% de su valor, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud.
Entre las organizaciones interesadas en la medida se encuentra Poder del Consumidor, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Mídete, cuyos directores fueron espiados por medio del software Pegasus.
Pegasus es un exploit desarrollado por NSO Group, una empresa que solamente vende sus productos a agencias policiales y de la cual el Gobierno mexicano es cliente.
