Hwang Woo-suk publicó en la revista Science una investigación asombrosa, en la que había conseguido clonar células madre embrionarias de origen humano por primera vez. Sus resultados abrían la puerta a hipotéticos tratamientos contra el alzhéimer, la diabetes o el párkinson. Pero todo era mentira. Sus conclusiones, en realidad, habían sido manipuladas. El investigador coreano, que recibió millones de dólares para continuar sus estudios, había engañado a todo el mundo. El caso de Woo-suk fue uno de los más sonados de fraude científico. Por desgracia, no ha sido el único.
A diario, miles de investigadores en todo el mundo trabajan para generar conocimiento y desarrollar invenciones con múltiples aplicaciones en medicina, computación, energía, alimentación o agricultura, entre otros campos. Una minoría, sin embargo, optan por manipular sus datos, plagiar otros trabajos o recibir presiones externas que no garantizan su independencia. Según datos recogidos por la Fundación Rafael del Pino y el CSIC, el fraude científico se ha incrementado diez veces desde 1975, poniendo en riesgo el progreso de la investigación.
Fraude, minoritario pero dañino
Pero, ¿cómo se puede definir el fraude? Según Lluís Montoliu, del Centro Nacional de Biotecnología, "los científicos, como otros colectivos, solo tenemos, de verdad, nuestra integridad profesional y credibilidad. Si engañamos ya no hay vuelta atrás. No existe remedio. Podrás ser lo que quieras el resto de tu vida, pero ya nunca más científico. Los atajos se pagan muy caros en esta profesión". Las sospechas sobre posibles casos de fraude o conductas poco éticas han saltado en casos como el de Susana González, despedida del CNIO, o Manel Esteller, que supuestamente hizo la vista gorda con una posible manipulación de resultados por parte una doctoranda suya.
La mala praxis científica no sólo afecta a la comunidad investigadora, sino que también puede perjudicar directamente a la sociedad. La publicidad de productos como Reticare, que usa el reclamo de la Universidad Complutense de Madrid para valorar un filtro que no cuenta con evidencia suficiente para proteger de una hipotética luz dañina de las pantallas, o las intervenciones del cirujano Paolo Macchiarini ponen en tela de juicio la integridad de los científicos. ¿Hay alguna forma de poner fin a estos escándalos, que sacuden el desarrollo normal de la actividad investigadora?
Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona ha publicado la Declaración sobre integridad científica en investigación e innovación responsable. En el informe, se plantea que, en el ámbito concreto de la investigación científica, la integridad se relaciona con los principios de honestidad (en el compromiso con la verdad), de independencia (en la preservación de la libertad de acción en relación con presiones exteriores a la profesión) y de imparcialidad (en la neutralidad de la práctica profesional en relación con intereses particulares, ajenos a la investigación).
Desde el año 2010, numerosas instituciones han elaborado propuestas específicas para promover y garantizar la integridad científica. Así, la Declaración de Singapur sobre Integridad en Investigación (2010), el Código de Conducta para la Integridad en Investigación de la Fundación para la Ciencia Europea / Academias Europeas ALLEA (2010) o la Declaración de Montreal sobre Integridad en Investigación (2013) han sentado las bases para combatir el fraude científico y las conductas poco éticas en I+D. Según el informe presentado por la Universidad de Barcelona, el fraude se relacionaría únicamente con la fabricación de datos a través de resultados inventados, la falsificación mediante la manipulación de los estudios o de las conclusiones y el plagio a partir de la apropiación del trabajo intelectual de terceras personas a las que no se reconoce su autoría original.
Las prácticas cuestionables, por el contrario, abarcarían la práctica de investigación censurable, la conducta censurable relativa a datos, a publicaciones y de tipo personal o la conducta financiera, entre otras. El Observatorio de Bioética y Derecho sostiene que es difícil distinguir un fraude de una praxis poco ética, aunque estos fenómenos no sean tan novedosos como podrían parecer. Dentro de los factores que propician estas conductas, el documento recoge que hay parámetros de carácter individual (como la tendencia a la vanidad o el ansia de lograr reputación), factores organizativos (como inadecuada comunicación, falta de formación o carencia de políticas sólidas y equitativas) o razones estructurales (la presión por publicar, la lógica empresarial o los índices de citación pueden afectar negativamente a la I+D).
El gran problema del fraude y de las prácticas cuestionables es que no sólo dañan la imagen de la comunidad científica, frenan posibles avances y causan una pérdida de tiempo y dinero importante. Según el Observatorio de Bioética y Derecho, "las malas prácticas científicas no son un crimen sin víctimas e impactan negativamente en investigadores, participantes en investigación, instituciones, áreas de investigación, en la financiación disponible y, consecuentemente, en el conjunto de la sociedad". Uno de los casos más claros de estas malas conductas fue reflejado en el proyecto Hearing Voices, donde el periodista Michele Catanzaro impulsó una investigación para denunciar el uso de prácticas pseudocientíficas en la resolución de diversos casos judiciales. La declaración publicada ahora reclama la puesta en marcha de medidas para combatir el fraude y las prácticas éticamente cuestionables, especialmente por el daño que provocan en la sociedad:
Las malas prácticas científicas provocan unos efectos muy negativos en la ciudadanía: desconfianza, falta de interés por los procesos de creación del conocimiento y su transferencia a la sociedad. La excesiva normalidad con la que se asumen los desajustes entre teoría y práctica en integridad científica perjudica seriamente la imagen de la ciencia, debilitando la credibilidad y el rigor que la deben caracterizar.
