Nuevo episodio en torno a la polémica de Uber (y ya van...), pero esta vez va directamente a instancia superior visto que la legislación y los jueces españoles han dejado a la compañía sin espacio de maniobra, a menos en el corto plazo. En este sentido, la compañía californiana ha presentando una queja formal contra España ante la Unión Europea por limitarle (y quien dice limitar dice prohibir) sus operaciones generando, según la compañía, una trato de favor al taxi.

Parece que lo que pretende la compañía con este movimiento es demostrar, ante los ojos de la Comisión Europea, que limitar su actividad y prohibir sus operaciones limita directamente el derecho europeo, según un documento al que ha tenido acceso el diario El País. Recordemos que hace pocos meses un juzgado español de lo mercantil sancionaba un auto por el que se prohibía a Uber operar en España y por el que se daba orden a los proveedores de internet de limitar e impedir el acceso de sus servicios y aplicaciones a la redes españolas, dando por cerrado el asunto sobre la polémica de Uber y estimando las pretensiones de la Asociación Madrileña del Taxi.

La compañía, pese a no haber agotado la vía judicial interna, se ha ido directamente a la Comisión Europea para buscar una legislación más favorable con su tipo de actividad y menos rígida respecto al sector del taxi a través del mecanismo de queja que tiene habilitada la Comisión para este cometido, dando por sentado que la regulación española es demasiado conservadora respecto al transporte privado de pasajeros y del taxi, intentado convencer a la Comisión del peligro de la regulación tan estricta en España por ser, según Uber, contraría a varias normas comunitarias:

“Operamos en 20 de los 28 Estados de la UE y España representa un extremo en la regulación. Es uno de los países más conservadores, el único donde realmente se ha prohibido el servicio” - Mark MacGann, director del departamento legal de Uber.

De momento, solo queda esperar la decisión de la Comisión, que en último caso puede solicitar al estado español flexibilizar su legislación para adaptarla más a las normas europeas si estiman la queja de Uber, pues la regulación entorno a este tipo de empresas y servicios es competencia interna de los estados que pueden determinar que tipo de normas imponer o no. No obstante, en caso de que la CE estime la demanda de Uber e inste el gobierno español a relajar sus normas, el caso de Uber podría terminar en el Tribunal Europeo de Justicia si da la negación del gobierno español. Parece, en todo caso, que lo de Uber va a llevar un rato.