La Ley de Chips europea está un paso más cerca de convertirse en realidad. Ayer, el Parlamento Europeo y los países miembro de la UE lograron un acuerdo sobre la legislación que la Comisión Europea propuso en 2022. La misma consiste de una inyección de 43.000 millones de euros en incentivos para los fabricantes de semiconductores, con el fin de cortar la dependencia de Asia y Estados Unidos. No obstante, el plan sigue sin estar del todo claro.
El acuerdo por la Ley de Chips europea, formalmente conocida como European Chips Act, no sorprende. En especial, considerando que Estados Unidos ya ha puesto en vigor su propia legislación destinada a fines similares. La intención de las autoridades europeas es cerrar la brecha con los países que hoy son líderes en diseño, desarrollo y fabricación de semiconductores. Algo crucial pensando a futuro, especialmente tras la escasez de componentes que azotó al sector tecnológico en los últimos años.
La ley propuesta por la Comisión Europea no solo busca atraer a los fabricantes de chips para que se instalen en la Unión Europea. También pretende "estimular un ecosistema de diseño europeo" y brindar soporte para que toda la cadena de valor innove y escale. Todo esto, con el objetivo final de duplicar su actual cuota de mercado global en el sector y llevarla a un 20 % para 2030.
En los papeles, la idea suena formidable. De hecho, la Comisión Europea asegura que la Ley de Chips está sustentada en tres pilares:
- Reforzar las labores de investigación y desarrollo.
- Incentivar las inversiones públicas y privadas para que los fabricantes y sus proveedores se instalen en la UE.
- Establecer un mecanismo que asegure la provisión de semiconductores y permita controlar la oferta existente, estimar la demanda y prevenir futuros escenarios de escasez.
Pero en la práctica, la historia parece ser bastante más compleja. Y el éxito de su implementación está muy lejos de depender de la buena voluntad de los países de la UE, los fabricantes de chips y sus proveedores.
La Ley de Chips europea está más cerca de ser realidad, pero el plan no convence
Existe un viejísimo refrán que dice: "Quien mucho abarca, poco aprieta". En cierto modo, hoy es imposible no pensarlo aplicado a lo que se pretende lograr con la Ley de Chips europea. Una inyección pública de 43.000 millones de euros para la industria de los semiconductores no es algo menor. Pero no todos creen que ese dinero sea suficiente para lograr todo lo que lo que la Comisión pretende concretar en menos de 7 años.
Por supuesto que ninguna empresa del sector se negará a la posibilidad de acceder a subsidios millonarios. Pero de allí a que la inversión se capitalice del modo en que la Unión Europea pretende, es otro cantar. Y a esto se le suma que Estados Unidos, China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y otros grandes actores de la industria de los semiconductores también tienen planes para lograr lo mismo. Es decir: atraer a los fabricantes y su línea de proveedores para que se instalen o amplíen su presencia en sus territorios. Y todos están dispuestos a arrojar dinero en todas las direcciones posibles para lograrlo.
Si vemos lo que sucede en Norteamérica con la CHIPS and Science Act, la imagen es bastante clara. Dicha ley se promulgó en agosto de 2022 y consiste de un paquete de 280.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo y la fabricación de semiconductores en tierras estadounidenses. De dicho monto, unos 39.000 millones de dólares están destinados a incentivos para producir chips a nivel local, pero no llegan solos. Otros $13.000 millones están específicamente destinados a investigaciones vinculadas a este tipo de componentes, así como a la capacitación de trabajadores. En tanto que las compañías también tendrán acceso a créditos fiscales del 25 % para afrontar los costes del equipamiento destinado a la producción de chips.
Esto significa que ni Estados Unidos ni ningún otro país con grandes intereses en el sector se quedará quieto viendo cómo Europa intenta obtener una tajada más grande del pastel. No importa qué tan bien intencionada esté la Ley de Chips europea, su alcance es tan amplio que es inevitable que genere algún tipo de conflicto. Ya sea entre países —tanto dentro como fuera de la Unión Europea— como con las empresas del sector.
Si hasta la propia Margrethe Vestager, comisaria de competencia europea, advirtió de los peligros de una hipotética carrera de subsidios con Estados Unidos. "Realmente debemos evitar una carrera de subsidios, una carrera que dejará a todos empobrecidos. En las circunstancias actuales, puede ser una tentación demasiado difícil de resistir para que las empresas intenten enfrentar a los gobiernos entre sí, escudriñando el panorama para ver quién pagará más. El riesgo, por supuesto, es permitir que los contribuyentes, ya sean europeos o estadounidenses, paguen la cuenta y obtengan quizás muy poco de esa inversión", dijo en noviembre de 2021.
Una carrera que no es solo económica, sino también política
Pero la carrera de incentivos puede que no se defina únicamente por el monto de los mismos. La rapidez política es un factor crucial y que puede jugarle en contra a la Ley de Chips europea. Christopher Cytera, del Centre for European Policy Analysis (CEPA), le manifestó a Reuters que uno de los puntos a favor de Estados Unidos es que únicamente necesita la aprobación del Congreso para obtener el dinero destinado a propuestas como la CHIPS and Science Act. Mientras que en la Unión Europea se necesita la aprobación de los 27 países miembro, lo cual puede ser problemático si alguno está en desacuerdo.
De hecho, en un artículo publicado por CEPA, Cytera calificó el plan detrás de la Ley de Chips europea como "una fantasía":
"Lo que Europa NO debería hacer es invertir miles de millones en la construcción de fundiciones gigantes para fabricar los chips más miniaturizados del mundo, actualmente de cuatro nanómetros y cada vez más pequeños. Sus subsidios son insuficientes. La competencia es feroz. La mayor parte de la industria europea, encabezada por la industria automotriz, consume chips básicos y de "potencia inteligente" con tamaños más grandes, por lo que hay pocas ventajas aseguradas que se puedan obtener al tratar de meterse en [los chips] tope de línea. En mi opinión, es una fantasía perseguir el sueño de duplicar la cuota de mercado de Europa al 20 % con solo una inversión de 43.000 millones de euros".
En tanto que la investigadora Anielle Guedes aseguró que el enfoque de los legisladores debería estar en preparar mano de obra calificada. "Una de las cosas que más necesita la industria hoy en día es elevar el perfil de las personas que se desempeñarán en ella en los próximos años. De lo contrario, puedes arrojar dinero a algo como la instalación de fábricas, pero este no es el tipo de cosas en la que puedes ingresar capital por un extremo y solo esperar a que la tecnología que deseas salga desde el otro", aseveró.
Los puntos de vista de Cytera y Guedes exponen el gran dilema de lo que propone la Comisión Europea con su Ley de Chips. La legislación nació con el fin de "independizar" a Europa de Estados Unidos y Asia a la hora de diseñar y producir semiconductores, respectivamente. Y cortar la dependencia implica estar preparado para eso, justamente. Por ende, el día de mañana la Unión Europea debería ser capaz de producir tanto los chips de punta como aquellos que son menos avanzados. Algo que no logrará con una inversión de 43.000 millones de euros.
Europa hoy no es referente ni de diseño ni de manufactura de semiconductores. Sí supo ser un jugador importante del sector hasta bien entrados los años noventa, pero terminó perdiendo protagonismo con la relocalización de los recursos en Asia. Y hoy nada hace pensar que pueda recuperarlo en lo inmediato. La inversión que se propone es menor a la de Estados Unidos, y es minúscula en comparación con la de otros países. Pero lo peor de todo es que llega tarde.
Según recoge Politico, China se comprometió en 2015 a invertir 150.000 millones de dólares en el sector hasta 2025. Corea del Sur, en tanto, se alió con sus principales corporaciones para comprometer una inversión privada de 450.000 millones de dólares para 2030. Esto último, sumado a los esfuerzos individuales de cada empresa. Samsung, por ejemplo, anunció el año pasado que destinaría 356.000 millones de dólares a un ambicioso plan de inversión hasta 2026 para reforzar sectores estratégicos. Entre ellos, la investigación y el desarrollo de semiconductores.
Las comparaciones son siempre odiosas, es cierto. Pero los 43.000 millones de dólares de inyección pública de la Ley de Chips europea hoy están lejísimos de las cifras que se manejan en otras partes del mundo para el mismo fin. A lo que se le suma lo dicho anteriormente: los tiempos políticos y legislativos de la Unión Europea son muy diferentes a los de otras partes del mundo, y no para bien.
¿Está la Ley de Chips europea destinada al fracaso, entonces? Tal vez partes de ella funcionen. Aunque, como mínimo, podemos esperar que su implementación deba hacerle frente a desafíos internos y externos muy complejos. La legislación todavía está sujeta a su aprobación formal, pero la Comisión Europea es optimista. De hecho, aseguran que desde que se la propuso las promesas de inversión industrial ya se ubican entre los 90.000 y 100.000 millones de euros. Y creen que pueden materializarse rápidamente cuando la ley entre en vigencia.
Pero si la idea verdaderamente es cortar la dependencia de Estados Unidos y Asia para el diseño y desarrollo de chips, ofrecer subsidios por 43.000 millones de dólares no será aliciente suficiente para que las chiperas y sus proveedores instalen sus líneas de producción y suministros más avanzadas en Europa. Y si ello no sucede, a lo máximo que puede aspirar la UE es a estancarse produciendo semiconductores de segunda línea y a tratar de sufrir lo menos posible ante alguna futura nueva escasez de componentes. Lo cual no necesariamente es algo malo, pero que sí está lejos de la idea que se intenta imponer a través de la Ley de Chips europea.
