La cuestión de la uberización del empleo y la economía ha vuelto a ocupar la atención en el Parlamento Europeo. Al menos de los parlamentarios que se han mostrado históricamente contrarios a la actividad de las plataformas internacionales y, explican, la intensa actividad de lobby que ejercen sobre las instituciones públicas comunitarias y nacionales. "Ellos están siempre en Bruselas, actuando como lobby", han declarado. Como no podía ser de otra manera, los famosos Papeles de Uber han salido de nuevo a la luz y la vinculación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la tecnológica y su defensa en el país galo.
El grupo de parlamentarios, compuesto principalmente por líderes de Podemos en Bruselas, y partidario de la actividad del taxi –también presente en el encuentro–, ha celebrado las últimas victorias en materia de laboralidad dentro de las plataformas en Europa y contra la uberización. Un sector que, según datos comunitarios, pasará de ocupar a 28 millones de habitantes europeos en la actualidad a 43 millones en 2025. Y si bien defienden la creación de nuevos puestos de trabajo, apuntan a que con las condiciones actuales, se corre el riesgo de caer en la precariedad de las plataformas.
Leïla Chaibi, eurodiputada francesa, apuntaba al cambio de paradigma respecto a la uberización europea. "Allí donde las plataformas pensaban que sus trabajadores no podían organizarse, hemos llegado y lo hemos conseguido", apuntaba. Seguía a esto, la participación de Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y ahora en camino a la formación de su propio partido.
Como creadora de la Ley Rider y muy en contra de la uberización, primera en su estilo en Europa, la ministra ha intervenido vía vídeo. "La innovación está al servicio de bien común, tiene que hablar de un nuevo contrato con la sociedad digital", apunta. En el caso de la Ley Rider, apunta a que "supone una adaptación del derecho del trabajo al siglo XXI". Y, añade, "la ley ampara los derechos de los trabajadores, aunque si jefe sea un algoritmo".
Ahora acotada al sector rider, vinculado al mundo delivery y su plena uberización, Díaz ha confirmado algo que ya anunció en la presentación de la Ley hace casi un año. La intención es ampliar esta normativa al resto de colectivos vinculados a las plataformas. Con textos con especificaciones propias –motivo por el que no se añadieron perfiles a la presente normativa–.
El problema de Europa con las plataformas y la llamada uberización
Aunque la teoría esté bastante clara, la práctica vive a años luz de las decisiones políticas para luchar contra la uberización. La propia Yolanda Díaz tiene el problema en las puertas de su propia Ley. A un año de entrar en vigor, las dos mayores plataformas del sector ya han anunciado que seguirán su propio camino. Glovo, a días después de conocer el texto legal, decidía que seguiría con su modelo de autónomos. Uber Eats pasó al modelo de subcontratas. Un año le duró la propuesta. Ahora, con el fin del verano, la estadounidense anunció que mezclaría el modelo de subcontratas con el de los autónomos. El resto de compañías también han priorizado la subcontratación.
¿El problema más allá de la uberización? La Ley Rider buscaba la contratación directa por parte de las tecnológicas del mundo delivery. Es que eso no ha pasado. Ni tiene los tintes de pasar en un futuro cercano. Sí bien es cierto que la Cartera de Trabajo adelantó que si Uber o Glovo decidían saltarse la normativa, tomarían medidas. La enseña española nunca llegó a cambiar su modelo y Trabajo nunca tomó medidas. Ahora habrá que esperar a ver si con Uber Eats hay un cambio.
Pero Trabajo, y también a instancias de Europa, tiene un problema mayor con la uberización. Del que son plenamente conscientes. Las inspecciones no son suficientes para controlar lo que, también en las subcontratas, llevan de forma irregular. Ahora, y con el sector en auge, Europa se enfrenta a un problema mucho mayor.